Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 101/2019
Tema
Se analizó la constitucionalidad de los artículos 10, numeral 2, 23, 65, 68, numeral 6, 72, fracciones III a IX y XI a XVII, 73, 80, 81, 84, numeral 3, 93 y 101, todos de la Ley de Archivos del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el catorce de agosto de dos mil diecinueve.
Fecha de resolución
03 de Mayo de 2021
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
En lo que a este voto interesa, el Pleno declaró la invalidez del artículo 101 de la Ley de Archivos local, al considerar que el sistema previsto en la ley impugnada no otorgaba certeza sobre quiénes serían las autoridades competentes para conocer de las infracciones del artículo 105 de la propia ley, pues si bien se hacía una remisión normativa a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cierto era que la Ley de Archivos del Estado de Colima debió determinar, en todo caso, si las faltas ahí previstas eran graves o no graves para poder hacer una correcta remisión.

Al respecto, se precisó que ello no solamente repercutía en una posible contradicción con los artículos 49 a 73 de la referida Ley General de Responsabilidades Administrativas, sino que, además, trascendía a los aspectos competenciales, en tanto la calificación de la falta determinaba el órgano competente para investigar, substanciar y resolver.

En este sentido, el Pleno resolvió que el numeral 1 del artículo 101 de la LAEC, resultaba inconstitucional por prever que las personas que no sean servidores públicos serán sancionadas por la autoridad competente conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; sin embargo, para determinar dicha autoridad competente era necesario contar con la calificación de la infracción, lo cual no estaba previsto en la Ley de Archivos impugnada.

Para efecto de la determinación anterior, la mayoría de los integrantes de Pleno consideró aplicable el precedente contenido en la acción de inconstitucionalidad 115/2017, en el que, entre otras determinaciones, declaró la inconstitucionalidad de las fracciones X a XXIII y XXVI del artículo 36 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, porque ampliaba de manera indebida el catálogo de faltas no graves previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cual trascendía a los aspectos competenciales en cuanto a la sustanciación y resolución de los procedimientos respectivos.

Por lo demás, el Pleno resolvió que los numerales 2 a 4 del propio artículo impugnado, que prevén las sanciones y los criterios para individualizarlas, también resultaban inconstitucionales pues, en congruencia con el sistema, si no podía determinarse la autoridad competente para imponer sanciones, tampoco serían válidas las que al efecto se previeran, además, en todo caso, se estarían aplicando estándares punitivos similares a las faltas graves y a las no graves.
Sentido del voto del Ministro
Si bien me pronuncié a favor de la invalidez del precepto impugnado, me separé de las consideraciones que la sustentan, por las razones que expongo a través de este voto concurrente.

En primer lugar, no comparto el parámetro de constitucionalidad que precisa la sentencia, en aplicación de lo fallado en la acción de inconstitucionalidad 115/2017, conforme al que se cita el contenido del artículo 109 de la Constitución Federal que prevé las sanciones para los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado; así como lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de lo que se concluye que la calificación de “gravedad” o “no gravedad” es un aspecto que trasciende directamente en la determinación de la autoridad competente para investigar, sustanciar y resolver el procedimiento de responsabilidades administrativas respectivo.

En mi opinión, contrario a lo que resolvió la mayoría, el parámetro de regularidad constitucional se obtiene del artículo 73, fracción XXIX-T, de la Constitución General, en el que el Constituyente Permanente otorgó la atribución al Congreso de la Unión para expedir la ley general que estableciera la organización y administración homogénea de los archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y que, asimismo, determinara las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. Dicha disposición en relación con la Ley General de Archivos emitida en ejercicio de esa atribución.

Con base en ese parámetro, considero que la invalidez del artículo 101 de la Ley de Archivos del Estado de Colima deriva de que el legislador de Colima no estableció si las faltas ahí previstas son graves o no graves, a lo que estaba obligado de acuerdo con la finalidad de la reforma constitucional, conforme a la que el Congreso del Estado, en el ámbito de su competencia, debía adecuar su legislación a las disposiciones de la ley general y prever expresamente dichas infracciones.

En efecto, la reforma constitucional en materia de transparencia y en materia de archivos publicada en el Diario Oficial de la Federación en dos mil catorce, tuvo como objetivo la unificación de las normas aplicables en todo el país, considerándose necesaria la existencia de una homogeneidad normativa para su eficaz operatividad, derivado de las profundas diferencias entre las entidades federativas en cuanto a su interpretación e implementación; de tal manera que el legislador local estaba obligado a homologar las infracciones en la Ley de Archivos del Estado de Colima.

Estas razones constituyen las aclaraciones que justifican el presente voto concurrente.
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