Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 10/2014 y su Acumulada 11/2014
Tema
Constitucionalidad de los artículos 132, fracción VII, 147, tercer párrafo, 148, 153, primer párrafo, 155, fracción XIII, 242, 249, 251, fracciones III y V, 266, 268, 303, 355, último párrafo y 434, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce.
Fecha de resolución
22 de Marzo de 2018
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
I. Artículos 251, fracción V, 266 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Inspección de Personas y de Vehículos

En el primer tema abordado en la sentencia, se reconoció la validez de diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que regulan la inspección de personas y de vehículos.

El Pleno, por mayoría de votos, reconoció la validez de las normas impugnadas, con base en un estudio que parte de la afirmación de que este tipo de inspecciones son afectaciones momentáneas a la libertad que no se ubican dentro de la categoría conceptual del acto de molestia, pero que deben cumplir con otros parámetros para validar su constitucionalidad, atendiendo a las facultades del agente estatal de que se trate, a las circunstancias en que debe o pueda ejercerlas, así como a los fines y objetivos que con ellas persigue en el contexto constitucional, cumpliendo al efecto con el principio de legalidad atendiendo a sus características particulares.

En la sentencia se citan precedentes de la Primera Sala, referentes al sistema procesal penal anterior a la reforma constitucional de dos mil ocho, y se estructura un estudio integral de las inspecciones de personas y de vehículos, en el que se analizan de manera conjunta los principios fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, así como los derechos humanos de propiedad, libre circulación y libertad personal, entre otros.

Para ese estudio, resultó relevante el concepto de controles preventivos provisionales y la decisión mayoritaria afirma que éste no tiene un sustento expreso en el texto constitucional, sino que deriva de las facultades que tienen los elementos de seguridad pública en la prevención, investigación y persecución de posibles conductas que afecten los derechos de los demás, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal.

Asimismo, se sostiene que para su validez constitucional los controles preventivos provisionales deben ser realizados por la autoridad competente, como son los agentes de Policía, y su ejecución debe estar precedida invariablemente por la existencia de una sospecha razonable.

En tal contexto sostiene la mayoría que la inspección de personas y sus posesiones (incluyendo vehículos) constituye un control preventivo provisional autorizado constitucionalmente no sólo en la prevención y persecución de los delitos, sino también en su investigación.

También se exponen los matices de las consideraciones en que se sustenta la constitucionalidad de la inspección de vehículos (artículo 251, fracción V) y de la inspección forzosa de personas (artículo 266).

Por último, se sostiene que si bien la regulación de los actos de inspección contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales pudiera parecer escueta, no por ello es inconstitucional, sino que debe atenderse a los estándares de regularidad constitucional que se desarrollan en la sentencia de la mayoría, sobre la forma en que los derechos humanos en juego deben valorarse y ponderarse frente a las necesidades estatales en la investigación y persecución de los delitos.

II. Artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Geolocalización en Tiempo Real

La decisión de la mayoría establece que el primer párrafo del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales (publicado el cinco de marzo de dos mil catorce) es inconstitucional, al no estar limitada o acotada su utilización para la investigación de delitos específicos o supuestos de urgencia, sino que se trata de una facultad completamente abierta.

III. Artículo 155, fracción XIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Resguardo Domiciliario

La decisión de la mayoría reconoció la validez del artículo 155, fracción XIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado el resguardo en su propio domicilio como medida cautelar.

Las consideraciones se basan sustancialmente en lo resuelto en la Acción de Inconstitucionalidad 60/2016. Se reafirma el criterio establecido en ese precedente y se sostiene que el hecho de que una ley —el Código Nacional de Procedimientos Penales— prevea al resguardo como una medida cautelar no es, por sí mismo, inconstitucional, a pesar de que no se encuentre expresamente previsto en la Constitución Federal.
Sentido del voto del Ministro
No comparto las consideraciones en que se basa la decisión de la mayoría.

Parto de que las inspecciones de personas y de vehículos son figuras excepcionales, y el problema radica en determinar en qué casos esas técnicas de investigación requieren o no de autorización judicial para poder ser llevadas a cabo. A mi juicio, la cuestión a dilucidar en este asunto implica un tema de seguridad jurídica para las personas que pueden verse sujetas a esos actos de molestia.

Desde esa perspectiva, el problema fundamental, en función de la garantía de la seguridad jurídica, es que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece ni siquiera lineamientos básicos que regulen el accionar de las autoridades en relación con esas inspecciones.

Tomando en consideración que las inspecciones de personas y de vehículos son susceptibles de constituir una injerencia a la vida privada de las personas, o a bienes también protegidos por el artículo 16 constitucional, estimo que no basta con que la medida de inspección esté autorizada de manera genérica en la ley, para que la autoridad policial pueda practicarla sin mayor previsión legislativa ni sin previa autorización judicial, cuando se actualice la condición de sospecha razonable en los términos expuestos por la mayoría.

Adoptando el parámetro internacional, en la ley, en este caso en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se deben especificar con detalle las circunstancias precisas en que podrán autorizarse esas injerencias, y la decisión correspondiente competerá sólo a la autoridad designada por la ley a ese efecto (en el presente asunto: el juez), que dará la autorización necesaria tras examinar cada caso en particular.

Además, por lo que respecta al registro personal y corporal, deben tomarse medidas eficaces para garantizar que esos registros se lleven a cabo de manera compatible con la dignidad de la persona registrada.

Aclaro que esta posición no significa que en el Código deba detallarse un protocolo de actuación policial, pero sí debe contener lineamientos que establezcan límites, para evitar cualquier arbitrariedad, y también orientaciones fundamentales de cómo se debe actuar en estos casos. Especialmente, para salvaguardar la vida privada, posesiones y la dignidad de las personas.

De haberse adoptado ese criterio de solución, estimo que los artículos 132, fracción VII, y 147 del Código Nacional no adolecen de vicio de constitucionalidad alguno, especialmente para el caso de los registros de personas en los casos de detención en flagrancia, la cual está definida en el artículo 146 de dicho ordenamiento. En esos casos, no requiere mayor definición el supuesto en que los agentes de Policía, sin autorización judicial previa, pueden realizar la inspección de la persona detenida, sea por el propio descubrimiento del delito en flagrancia o para evitar un riesgo en las personas.

Sin embargo, no existe claridad ni certidumbre en las condiciones y los supuestos en que la autoridad policial practicará, sin autorización judicial previa, las inspecciones de personas durante la investigación de los delitos (fuera de los casos de flagrancias), y en general la inspección de vehículos, esa ausencia de precisión de la ley no puede subsanarse con el criterio de sospecha razonable.

Por esa razón, me pronuncié por la invalidez de las siguientes porciones normativas:

• Artículo 251 en la fracción V, del Código Nacional relativa a la inspección de vehículos;
• Artículo 266 en su porción normativa que señala: “se realizará un registro forzoso sólo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste”.
• Artículo 268, en su porción normativa: “o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga”.

II. Artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Geolocalización en Tiempo Real

Estimo que la acción debió sobreseerse respecto de ese artículo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional.

Lo anterior, ya que es un hecho notorio que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se modificó su último párrafo, lo que constituye un nuevo acto legislativo bajo el criterio mayoritario del Tribunal Pleno que y generó un verdadero cambio normativo que modificó el alcance y trascendencia de esa disposición.

Aunado a ello, no comparto la decisión de fondo en cuanto al artículo 303 del Código Nacional, en su texto publicado en dos mil catorce.

En diversos asuntos resueltos tanto por el Tribunal Pleno como la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, me he pronunciado de manera reiterada en el sentido de que la geolocalización de equipos de comunicación móvil en tiempo real no vulnera el derecho a la vida privada de las personas, en tanto que dicha medida se lleva a cabo mediante un dispositivo y no así respecto de una persona determinada.

Por lo anterior estimo que no es exigible al legislador acotar o condicionar los supuestos en que puede emitirse esa medida sin control judicial previo.

III. Artículo 155, fracción XIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Resguardo Domiciliario

No comparto el criterio de mayoría, que reconoce la validez de ese numeral. Así lo manifesté al resolverse la acción de inconstitucionalidad 60/2016.

Estimo que el resguardo domiciliario no es una restricción expresa y válida al derecho a la libertad personal, reconocido tanto en el artículo 16 de la Constitución Federal, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 3), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7, numeral 2).

En la acción de inconstitucionalidad 25/2013 y su acumulada 31/2013, resueltas en sesión veinte de abril de dos mil quince, por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno llegó a la conclusión de que todo tipo de afectación, restricción, privación o intromisión a la libertad personal deberá encontrarse prevista taxativa y directamente en la Constitución Federal, al determinar que el Constituyente consideró pertinente establecer la forma, términos y plazos en que podría llevarse a cabo la afectación de la libertad personal. Por lo tanto, cualquier otra modalidad o figura introducida que sea ajena a las restricciones a la libertad personal previstas por el Constituyente no puede tener cabida dentro del régimen constitucional de restricción y en consecuencia resulta inválida.

En este sentido, dado que en el artículo impugnado se contempla la figura del resguardo domiciliario como medida cautelar personal, cuya ejecución se traduce en una afectación a la libertad personal, considero que lo procedente era declarar inválida la norma general impugnada, pues autoriza como medida cautelar una afectación a la libertad personal que no se encuentra autorizada expresamente en la Constitución Federal.
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