Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018
Tema
Violaciones al procedimiento legislativo respecto del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionó el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho.
Fecha de resolución
20 de Mayo de 2019
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
Se proponía declarar la invalidez del decreto mencionado, al considerar que este era producto de un procedimiento legislativo que no respetó lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Federal y diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados.

No obstante, dado que la propuesta sólo alcanzó seis votos y no la mayoría calificada que se requiere para la declaratoria de invalidez, el planteamiento fue desestimado en términos del artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sentido del voto del Ministro
A diferencia de lo que se reconocía en la propuesta, no existió una violación al proceso legislativo por incumplimiento a lo establecido en el artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Ello, en virtud de que el supuesto de desechamiento regulado en ese precepto, es aplicable únicamente para las “proposiciones”, las cuales se definen como “una petición para que la Cámara asuma una postura institucional respecto a un asunto no legislativo”. Lo que no considero que pueda hacerse extensivo para una figura legislativa distinta, como lo son las “minutas” que se definen como “el proyecto de ley o de decreto que se recibe de la Cámara de Senadores o que se envía a ella, en cualquiera de las etapas del proceso legislativo” y cuyo trámite obedece a un sistema diverso reconocido en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Conforme a la doctrina y a nuestro orden constitucional, los reglamentos del Congreso y de las Cámaras tienen un alcance jerárquico muy diferente al resto de los reglamentos en nuestro sistema jurídico, con características que se asemejan más a las de una ley especial.

Esta estructura y jerarquía normativa con la que cuentan los reglamentos de las Cámaras, se encuentra vinculada directamente con el resto de principios y mandatos que define el artículo 72 de la Constitución Federal en el actuar de los órganos legislativos. Entre ellos, destaca el señalado en el primer párrafo que establece que todo proyecto de ley debe discutirse “sucesivamente”.

Coincido, como se dijo en la sesión correspondiente, que esto debe entenderse como una situación de continuidad en la labor legislativa, la cual siempre puede estar sujeta por su propia naturaleza, a situaciones emergentes que ameritan cierta flexibilidad; pero ello no puede ser al margen de que el trabajo de las cámaras inobserve la ley o sus propios reglamentos que hoy en día son los encargados de regular “la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones” que el propio texto constitucional les delega.

Asimismo, aun cuando reconozca que el otorgamiento de una prórroga adicional para dictaminar una minuta, pudiera ser comprensible en un entorno específico, en el presente asunto considero que el otorgamiento de tres de ellas sin que se hubiera producido un dictamen por las comisiones responsables, detonó una violación clara a las reglas que rigen el procedimiento legislativo establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados, que fue agravada por el incumplimiento que se dio también al supuesto previsto en artículo 95, fracción II, numeral 2, incisos a) y b), del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Así, la regla ya referida del artículo 95 es parte de una lógica democrática que permite la participación efectiva de todos los actores en el proceso deliberativo en un determinado tiempo, y por ende, genera una limitación para el control irrestricto de la agenda legislativa, eliminando los incentivos para escoger el momento que pudiera resultar más favorable para su posible aprobación. Además, de que marca tiempos para dictaminar, o en su caso, discutir y votar la minuta presentada.

En el caso, esta omisión de publicación en el plazo previsto por el artículo 95, trascendió al debate final que se dio ante el Pleno de la Cámara de Diputados y en mi opinión, no garantizó los extremos mínimos que ha señalado este Alto Tribunal como garantía del debido proceso legislativo, entre las cuales se encuentra el respeto a los derechos de las minorías parlamentarias. Lo que no implica garantizarles una mera participación en el proceso, sino a ser verdaderamente escuchadas.

En adición a lo anterior, considero necesario puntualizar que las razones que justifican mi votación a favor de la declaratoria de invalidez propuesta, no se contraponen a los criterios que ha sostenido el Tribunal Pleno en diversos precedentes, ni mucho menos pretende incluir un supuesto adicional a la línea jurisprudencial que se ha construido al analizar violaciones al procedimiento legislativo; existen al menos cinco resoluciones que lo acreditan.

En esa tesitura, aun cuando señalé en mi participación que este asunto era inédito por las características y condiciones excepcionales en las que dio la aprobación del decreto legislativo, el estudio realizado ha partido en todo momento de un análisis específico de las violaciones advertidas y su trascendencia hacia las garantías de debido proceso legislativo y del principio de legalidad, consagrados en los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal.
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