Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 119/2020 y su acumulada 120/2020
Tema
Se analizó la constitucionalidad del artículo 49, fracción V, último párrafo, de la Constitución de Baja California.
Fecha de resolución
06 de Octubre de 2020
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una parte, desestimó la causa de improcedencia planteada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Baja California, prevista en los artículos 19, fracción VIII , y 59 de la Ley Reglamentaria, en relación con el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal , pues en su concepto, la norma general impugnada no corresponde a la materia electoral y, en ese sentido, los promoventes carecían de legitimación para promover las respectivas acciones de inconstitucionalidad.

La causa de improcedencia se desestimó al considerarse que se encuentra estrechamente vinculada con la materia del fondo de las acciones de inconstitucionalidad.

Por su parte, en el estudio de fondo del asunto, se declaró la invalidez del artículo 49, fracción V, último párrafo, de la Constitución de Baja California, al calificarse sustancialmente fundado el concepto de violación del Partido de la Revolución Democrática, formulado en el sentido de que invade las facultades del Congreso de la Unión, en la medida en que, al disponer que el Gobernador de esa entidad federativa, puede realizar actividades para rendir informes parciales al Congreso local e informar sobre las acciones y logros del gobierno, el precepto regula cuestiones que, conforme al artículo 134 de la Constitución Federal y a su régimen transitorio, únicamente corresponde regular al Poder Legislativo Federal.
Sentido del voto del Ministro
Si bien comparto la decisión sostenida por el Pleno de este Tribunal Constitucional, a través de este voto señalo mi postura en relación con el estudio de la causa de improcedencia, así como el criterio que sostengo sobre las diferencias entre leyes generales y leyes nacionales.

1. Causa de improcedencia.

Como lo manifesté ante el Pleno de este Tribunal Constitucional, en mi opinión, el análisis de la naturaleza de la disposición impugnada sí puede realizarse de manera previa al estudio de fondo de los argumentos planteados por los partidos políticos accionantes, sin que ello involucre el estudio de fondo del asunto, en virtud de que su análisis es un presupuesto de procedencia cuando, quien promueve, es un partido político, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución General y 62, último párrafo, de su Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional.

De estas disposiciones legales se advierte que los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, podrán promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes electorales federales o locales, para lo cual deben satisfacerse los extremos siguientes.

a) Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente.

b) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia (nacional o local según sea el caso) y, que quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.

c) Que las disposiciones impugnadas sean de naturaleza electoral.

En ese sentido, atendiendo a la causa de improcedencia aducida por las autoridades demandadas en la que sostuvieron que la norma impugnada no corresponde a la materia electoral, considero que sí se estaba en aptitud de analizar si, en el caso, la norma cumple con el requisito previsto en el inciso c), en el entendido de que los diversos dos supuestos quedaron debidamente acreditados en el estudio de legitimación respectivo.

2. Diferencias entre leyes ordinarias federales, leyes orgánicas, leyes reglamentarias, leyes generales y leyes nacionales.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido un concepto dinámico del federalismo, en el que las líneas divisorias de las actividades de la Unión y de las entidades federativas se convierten en móviles y flexibles y que se presenta como una respuesta a la necesidad de entender que el federalismo, en ocasiones, requiere de la coordinación y cooperación entre los distintos órganos de gobierno, en determinadas materias.

En este modelo constitucional, el ejercicio de las competencias atribuidas al Congreso de la Unión puede tener como resultado distintos tipos de leyes, que tendrán diferentes funciones y ámbitos de aplicación:

a) leyes ordinarias federales, que son de aplicación exclusiva por las autoridades federales en el ámbito de su competencia, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública o el Código Fiscal de la Federación;

b) leyes orgánicas, que constituyen, organizan y asignan atribuciones a entidades públicas (poderes federales, órganos constitucionales autónomos, organismos descentralizados, entre otros);

c) leyes reglamentarias de preceptos constitucionales que tienen un ámbito de aplicación nacional, como la Ley de Amparo;

d) leyes generales, las cuales distribuyen en la inmensa mayoría de los casos las competencias entre la Federación y las entidades federativas (sea a nivel estatal o de la Ciudad de México y/o a nivel municipal o de las alcaldías de la Ciudad de México), y otorgan las bases para legislar en esa materia, como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y,

e) leyes nacionales, que corresponden a materias en las que la Constitución reserva a la Federación la facultad exclusiva para legislar y cuyo ámbito de aplicación comprende asuntos de la competencia de todos los niveles de gobierno, como el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Este listado diferencia las leyes que emite el Congreso de la Unión por su fundamento constitucional, su contenido y su función .

En relación con las leyes generales he considerado que existen supuestos en los que es válido que las leyes locales reproduzcan los contenidos de las leyes generales, especialmente en el ámbito de coordinación y concreción de la regulación de que se trate.

Además, en mi opinión, tal reiteración o repetición, por sí misma, no adolece de vicio constitucional alguno. Esas disposiciones simplemente reflejan o son una mera transcripción de la norma de la ley general, lo cual no se traduce en una invasión de la competencia del legislador federal; más bien, considero que se trata de un parafraseo que puede ser útil para que en la ley local se entienda todo el sistema o incluso el propio contenido de la ley en su integridad.

Además, considero que puede resultar conveniente para los operadores jurídicos de la entidad federativa que, de primera mano, consultan y aplican la ley local, sin que sea necesario que de manera constante consulten o cotejen la ley general respecto a contenidos normativos o definiciones que son necesarios para resolver los problemas prácticos que se les presentan.

Sin embargo, ese pronunciamiento no desconoce que existen aspectos que están vedados a los congresos locales, incluso tratándose de competencias distribuidas en leyes generales, sobre todo cuando el propio texto constitucional refiere que cierto contenido corresponde al contenido mínimo de la ley general, cuya expedición es facultad exclusiva de la Federación.

Por su parte, las leyes nacionales, a diferencia de las leyes marco, no distribuyen competencias entre la Federación y las entidades federativas; sin embargo, es posible que realicen remisiones a las leyes locales.

De esta manera, he formulado reservas en el sentido de que no es absoluta la prohibición para que las entidades federativas puedan legislar en materias reguladas en estas leyes, ante las remisiones a la propia legislación local, por ejemplo en materias ajenas que desborden a dichas leyes, como en el supuesto de cuestiones orgánicas.

En el asunto en concreto, considero que la regulación de la propaganda gubernamental está otorgada en exclusiva al Congreso de la Unión desde la Constitución, pues así se advierte del artículo tercero transitorio de la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, al señalar que el Congreso de la Unión debía expedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamentara el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, la que establecería las normas a que deberían sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

Ello se corrobora con la Ley General de Comunicación Social reglamentaria del párrafo octavo del artículo 34 constitucional, que establece que el Congreso de la Unión cuenta con atribuciones en materia de propaganda gubernamental, para emitir la legislación común para la Federación, las entidades federativas, así como para los municipios y alcaldías. De esta manera, considero que las cuestiones relacionadas con la propaganda gubernamental están vedadas a los congresos locales.

Estas razones constituyen las aclaraciones que justifican el presente voto concurrente.
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