Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 12/2016
Tema
Constitucionalidad de los artículos 51, 52 y 53, párrafo segundo, de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y el diverso 4, fracciones II y II, de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, contenidos en los decretos 344 y 347, respectivamente publicados en el periódico oficial de esa entidad el ocho de enero de ese año.
Fecha de resolución
09 de Julio de 2018
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
En la resolución del Tribunal Pleno analizó el derecho a la seguridad social, con base en lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, constitucional, respecto del cual se afirmó que reconoce la seguridad social como derecho fundamental de los gobernados y establece que se organizará conforme a las bases mínimas que al efecto prevé, entre las que destacan: debe cubrir los accidentes, enfermedades profesionales y no profesionales, maternidad, jubilación, invalidez, vejez y muerte (inciso a); durante el embarazo, la lactancia y el período posterior las mujeres disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia, así como del servicio de guarderías infantiles (inciso c); los familiares de los trabajadores tienen derecho a la asistencia médica y medicinas en los casos y en la proporción que determine la ley (inciso d), entre otras.
Sentido del voto del Ministro
Estimo pertinente formular una aclaración sobre el marco constitucional y convencional que rige las prestaciones de seguridad social que tienen obligación de otorgar los estados de la República.
En el caso de los estados, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios que llevan a ponderar en cada caso si ese apartado rige las relaciones entre los poderes de los estados y sus trabajadores.
El artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal se faculta a las legislaturas de los estados a expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los estados y sus respectivos trabajadores, siguiendo las bases dispuestas en el artículo 123 de la Ley Fundamental; es decir, las leyes a que se refieren las normas constitucionales referidas, cuya facultad para expedirlas se confiere a las legislaturas estatales, siguiendo precisamente los principios constitucionales en la materia de trabajo.
La Segunda Sala estableció como criterio que esa facultad se relaciona con la expedición de normas de trabajo, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 68/2013, de rubro: TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA PARA REGULAR SUS RELACIONES LABORALES EN LO QUE NO CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES.
En ambos apartados del propio artículo 123 constitucional se reconoce el derecho a la seguridad social y se establecen las prestaciones mínimas que contiene. El apartado A, fracción XXIX, enuncia los seguros que deben organizarse en beneficio de los trabajadores a que se refiere ese apartado, así como de campesinos, no asalariados y otros sectores sociales, y sus familiares. El apartado B, en la fracción XI, se enuncian las bases mínimas de la seguridad social a favor de los trabajadores de los Poderes de la Unión.
El derecho en cita también está reconocido en los artículos XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Las bases mínimas de las prestaciones a que se refiere ese derecho humano se encuentran precisadas en el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. En relación con la validez de ese tratado internacional, el Tribunal Pleno emitió la jurisprudencia P./J. 22/2013 (10a.), de rubro: CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, RELATIVO A LA NORMA MÍNIMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE FORMA PARA INCORPORARSE AL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO, PARTICULARMENTE EN MATERIA DE JUBILACIONES, PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO.
Así, estimo que el análisis de constitucionalidad de las normas impugnadas debió realizarse con base en los lineamientos mínimos que derivan del propio artículo 116, fracción VI, constitucional, así como de los instrumentos internacionales citados.
Lo anterior resulta relevante, porque en reiterados criterios del Tribunal Pleno y de la Segunda Sala se ha reconocido que los estados tienen libertad de configuración para establecer en materia de trabajo, considerando que en esta facultad –por supuesto– está la de legislar en materia de seguridad social para los trabajadores que están formando parte de las estructuras del Estado, sea del federal o de las entidades, y que pueden hacerlo atendiendo a las bases que se establecen en esos dos apartados.
Sin embargo, las leyes en la materia también deben cumplir con las bases mínimas en materia de seguridad social previstas en el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo que está suscrito por México y que –precisamente– se llama “Relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social”, de manera que sí existe un referente vinculante para fijar las condiciones mínimas conforme a las cuales el legislador local, en el ámbito de su competencia, debe diseñar los planes de seguro social.
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