Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 134/2020
Tema
Se analizó la constitucionalidad del artículo 150, primer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, cuyo texto reformado modificó el plazo para la presentación de solicitudes de registro de coaliciones, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, el veintinueve de mayo de dos mil veinte.
Fecha de resolución
07 de Diciembre de 2020
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
En la sentencia de la acción de inconstitucionalidad mencionada al rubro, en la parte que interesa a este voto, al no haberse obtenido una votación mayoritaria de ocho votos para declarar la invalidez de la norma impugnada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo último de la Constitución General y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 constitucional, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento que hizo el Ministro Ponente en su proyecto, consistente en declarar la validez del artículo 150, primer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, cuyo texto reformado modificó el plazo para la presentación de solicitudes de registro de coaliciones, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, el veintinueve de mayo de dos mil veinte.
Sentido del voto del Ministro
A través de este voto formulo las razones por las que compartí la validez propuesta respecto del artículo 150, primer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.

Por una parte, en relación con lo sostenido por la mayoría de los Ministros integrantes del Pleno, en cuanto a que las entidades federativas no cuentan con competencia para legislar en materia de coaliciones, considero importante destacar que el artículo Segundo Transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Federal de diez de febrero de dos mil catorce, señala que será la legislación general a cargo del Congreso de la Unión la que regule a los partidos políticos nacionales y locales, en donde se preverá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos federales y locales; sin embargo considero que una legislación uniforme no es sinónimo de único, atendiendo al sentido gramatical de ambos vocablos.

De esta manera, en primer lugar, debemos desentrañar el sentido que gramaticalmente se le otorga al término uniforme, para determinar cuál es su alcance en cuanto al sistema de coaliciones para los procesos federales y locales que utiliza la Constitución, y determinar con ello si el vocablo uniforme equivale como única posibilidad a único.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define, en la segunda de sus acepciones, el vocablo uniforme, como: “Igual, conforme, semejante”. Igual en una las definiciones que le otorga ese Diccionario es lo que es “Muy parecido o semejante”; y ese mismo Diccionario señala que el vocablo semejante significa: “Que semeja o se parece a alguien o algo”.

En función de lo anterior, en el contexto del artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional a que se ha hecho referencia, un sistema uniforme de coaliciones para los procesos federales y locales, puede válidamente entenderse como uno que permite, por una parte, que el Congreso de la Unión al expedir la Ley General pueda interpretar las bases constitucionales para darle operatividad y funcionalidad, de manera general, al sistema electoral en su conjunto; y, por otra, que las entidades federativas puedan regular los aspectos en que la Ley General es omisa o insuficiente. Esto, siempre y cuando ello no resulte, en los dos ámbitos competenciales referidos, claramente contrario a la Constitución.

Lo anterior se confirma si se toma en cuenta que único se define por el mismo Diccionario como “Solo y sin otro de su especie”, por lo que, como se ha acreditado con las diferentes acepciones reconocidas para el significado de uniforme por el Diccionario de la Lengua Española, a este último vocablo no puede atribuírsele de manera absoluta la connotación gramatical de único.

Por tanto, bajo esta óptica, he sostenido, lo señalo con todo respeto a quienes han formado mayoría en sentido contrario, que las bases generales establecidas en las normas constitucionales pueden entenderse como un sistema que no necesariamente se debe considerar que el vocablo uniforme debe tener el alcance del vocablo único. Por lo contrario, las definiciones antes señaladas que explican lo que quiere decir uniforme, parecerían suficientes para considerar lo contrario.

Atendiendo a ello, se puede considerar que el uso de la palabra “uniforme”, permite considerar que para el orden local, precisamente al establecer la Constitución que la regulación de las coaliciones sea uniforme, las legislaturas locales están en aptitud de establecer sistemas con modalidades razonables para que su orden jurídico electoral sea coherente y funcional, aunque presente diferencias, siempre que sean semejantes a lo prescrito en la Ley General de Partidos Políticos, y ésta y aquéllas se puedan considerar, con estos márgenes de interpretación, conformes con la Constitución Federal.

De esta manera, el sistema podrá considerarse uniforme, en tanto la Ley General o las normas de las entidades federativas no sean evidentemente inconstitucionales, o en el caso de las segundas, reglamenten a las coaliciones de manera claramente diferenciada de como lo hace la legislación general sin que exista una razón suficiente para ello, en especial, si generan normas que contradigan las reglas previstas en los artículos 87 a 92 de la Ley General de Partidos Políticos.

Existe una omisión cuando el legislador deja de legislar frente a un mandato constitucional o de ley general; y se presenta una laguna normativa cuando el legislador no regula un supuesto de hecho específico, de tal forma que un caso concreto comprendido en esa hipótesis no puede ser resuelto con base en una norma prexistente del sistema jurídico. En este caso, considero que ante esa falta de regulación, las legislaturas locales se encuentran en aptitud de cubrir ese vacío normativo, a través de la regulación en su normatividad local con objeto de hacer coherente o funcional su sistema jurídico.

En el caso, la Ley General de Partidos Políticos establece la posibilidad de que el legislador federal, en la propia ley, delegue a las entidades federativas ciertos aspectos para hacer eficaz el sistema; en este caso concreto, el sistema normativo que rige a las coaliciones.

Por lo anterior sostengo que en este contexto los Estados y la Ciudad de México no son absolutamente incompetentes para legislar en esa materia.

Aunado a lo anterior, en relación con las leyes generales, he considerado que existen supuestos en los que también es válido que las leyes locales reproduzcan los contenidos de las leyes generales, especialmente en el ámbito de coordinación y concreción de la regulación de que se trate.

Tal reiteración o repetición, por sí misma, no adolece de vicio constitucional alguno. Esas disposiciones simplemente reflejan o son una mera transcripción de la norma de la ley general, lo cual no se traduce en una invasión de la competencia del legislador federal; más bien, considero que se trata de un parafraseo que puede ser útil para que en la ley local se entienda todo el sistema o, incluso, el propio contenido de la ley en su integridad.

También considero que puede resultar conveniente para los operadores jurídicos de la entidad federativa que, de primera mano, consultan y aplican la ley local, para evitar que de manera constante consulten o cotejen la ley general respecto a contenidos normativos o definiciones que son necesarios para resolver los problemas prácticos que se les presentan a nivel local.

Contrario a lo sostenido por los Ministros Laynez Potisek y Esquivel Mossa, en mi opinión, el artículo 92, primer párrafo, de la Ley General de Partidos Políticos, no es contrario al diverso Segundo Transitorio de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de febrero de dos mil catorce.

Ese precepto establece que la solicitud de registro del convenio de coalición, según corresponda, deberá presentarse al Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral o del Organismo Público Local, según la elección que lo motive, a más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de precampaña de la elección de que se trate.

Por su parte, el artículo Segundo Transitorio del decreto de reformas a la Constitución Federal, de diez de febrero de dos mil catorce, en el que se señala que será en la legislación general a cargo del Congreso de la Unión la que regule a los partidos políticos nacionales y locales, en donde se preverá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos federales y locales, específicamente en el inciso f), numeral 2, establece que el registro de coaliciones para los procesos electorales y locales, se podrá solicitar hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas.

El legislador federal, por disposición expresa de la Constitución expidió el ordenamiento general que regula todo lo relativo a los Partidos Políticos, incluyendo el sistema de coaliciones. En el caso concreto, reguló la disposición general del artículo Segundo Transitorio antes citada, interpretando la norma constitucional de manera razonable para darle funcionalidad al sistema electoral en su conjunto, puesto que de no hacerlo así, los partidos políticos podrían presentar sus convenios de coalición el último día previo al inicio de las campañas generando un problema, según el caso, para el Consejo General del INE o para el Organismo Público Local Electoral, pues no podrían resolver sobre la pertinencia jurídica del registro de la coalición antes de que iniciaran las precampañas electorales, puesto que la Constitución no estableció reglas generales para el registro de coaliciones.

Por lo anterior considero que el precepto referido no resulta contrario a la Constitución. Para determinar lo anterior, debía realizarse una interpretación conforme del artículo 92, primer párrafo, de la Ley General de Partidos Políticos, y por ende, el artículo 150, primer párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales local, a efecto de determinar que ambos preceptos establecen que la solicitud de registro de coaliciones debe realizarse antes del inicio de la etapa de precampañas, pues aun cuando el referido artículo 92 establezca el plazo específico de treinta días antes de que inicien las precampañas, el legislador federal no contraviene la disposición contenida en la disposición transitoria, puesto que, finalmente, en ambos se determina que el registro deberá realizarse antes del inicio de la etapa de precampaña de la elección que corresponda y al señalar que ello debe hacerse treinta días antes de que ello ocurra, lo que hace es salvaguardar el orden y racionalidad de la secuencia que tienen los actos dentro del proceso electoral.

Así lo considero, porque acorde con el principio de interpretación de la ley conforme con la Constitución, el juez constitucional debe elegir la que preserve la constitucionalidad de la norma impugnada, lo cual garantiza la supremacía constitucional y, de forma simultánea, se permite una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, a la par que se respeta la validez de la norma.

Consecuentemente, contrario a lo que refirieron quienes formaron la mayoría en el presente caso, considero que el artículo 92, primer párrafo, de la Ley General de Partidos Políticos no contraviene a la Constitución General en su artículo segundo transitorio de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce y, por ende tampoco resulta contrario a Constitución el artículo 150, primer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.
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