Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 151/2017
Tema
Se analizó la constitucionalidad del Decreto 534/2017 por el que se modifica la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán y la Ley del Sistema de Justicia Maya del Estado de Yucatán, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en relación con el derecho s la consulta a los pueblos indígenas.
Fecha de resolución
28 de Junio de 2018
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
En la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó declarar la invalidez del Decreto 534/2017 por el que se modifica la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán y la Ley del Sistema de Justicia Maya del Estado de Yucatán, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.

Lo anterior al considerar que de un análisis del procedimiento legislativo que dio pie al referido decreto, no se advierte la celebración de una consulta indígena, a la cual estaba obligado el Congreso Estatal, al tratarse de una modificación legislativa que incide de manera directa en los derechos y prerrogativas de los pueblos y comunidades indígenas de esa entidad.
Sentido del voto del Ministro
Si bien comparto la decisión de fondo, considero importante destacar que respecto del derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas previamente, este Tribunal Pleno se pronunció al resolver la controversia constitucional 32/2012 en sesión pública celebrada el veintinueve de mayo de dos mil catorce, así como la acción de inconstitucionalidad 83/2015 en sesión de diecinueve de octubre de dos mil quince.

En esos asuntos se sostuvo que el derecho a la consulta a los pueblos indígenas puede deducirse a partir del reconocimiento de sus derechos a la autodeterminación, la preservación de su cultura e identidad, acceso a la justicia e igualdad y no discriminación realizado en el artículo 2º de la Constitución Federal; específicamente en el primer párrafo del apartado B, donde se impuso como obligación a la Federación, a los Estados y a los Municipios eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecer las instituciones y las políticas necesarias a fin de garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

También se señaló que dicho derecho se encuentra establecido en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes , pues se dispuso que los pueblos indígenas tienen el derecho humano a la consulta previa mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados, de buena fe y a través de sus representantes con la finalidad de llegar a un acuerdo cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente .

De igual forma, en los precedentes de este Pleno se señaló que si bien la Constitución Federal no contempla la necesidad de que los órganos legislativos locales abran periodos de consulta dentro de sus procesos legislativos, las disposiciones normativas señaladas sí establecen en favor de las comunidades indígenas tal prerrogativa.

Por tanto, en respeto a ello y a lo dispuesto en el artículo 1° constitucional, las legislaturas locales tienen el deber de prever una fase adicional en el proceso de creación de las leyes para consultar a los representantes de ese sector de la población cuando se trate de medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.

Lo anterior sin dejar de reconocer que la decisión del Constituyente Permanente de incorporar la consulta a los pueblos y comunidades indígenas ha sido materializada en distintas leyes secundarias ; sin embargo, el ejercicio del derecho de consulta no debe limitarse a esos ordenamientos, pues dichas comunidades deben contar con tal prerrogativa también cuando se trate de procedimientos legislativos que pueden afectarles.

En el caso, los cambios legislativos introducidos por el Congreso de Yucatán, afectan de manera directa los derechos de las comunidades indígenas de esa entidad.

Es así, porque las reformas a la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán están relacionadas con las obligaciones de los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia en el Estado, en cuanto a contar con personal que conozca la lengua maya e intérpretes certificados; los principios rectores para la protección de los derechos de las personas que integran las comunidades mayas y su finalidad; la atribución del Ejecutivo estatal de promover el rescate y conservación de la lengua maya, sus tradiciones y costumbres, así como su medicina tradicional; y la obligación de los Ayuntamientos de promover el respeto de los derechos de la diversidad sexual en dichas comunidades.

Asimismo, la reforma a esta ley está relacionada con las obligaciones del Instituto del Desarrollo de la Cultura Maya de la entidad, de contar con personal certificado para su función, de coadyuvar con la Secretaría de Educación del Estado para la enseñanza de la lengua maya y de suscribir convenios con Institutos de Educación Superior para apoyar en el Registro Estatal de Comunidades Mayas.

Por su parte, las reformas a la Ley del Sistema de Justica Maya del Estado de Yucatán consistieron en otorgar al Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, la atribución de difundir esta ley en todas las comunidades mayas, dar a conocer los derechos con los que cuentan e incentivar el uso del sistema; asimismo, se agregan como requisitos para ser juez maya, tener la calidad de ciudadano yucateco y saber leer y escribir.

Además, la reforma establece que para la elección de los jueces, las comunidades mayas podrán solicitar el apoyo técnico del ayuntamiento respectivo o del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán y que una vez entregada la constancia que así lo acredite, el juez entrará en funciones de manera inmediata, al que el Instituto podrá otorgar los apoyos materiales para el desarrollo de su actividad.

Aunado a lo anterior, el legislador local estableció que el Instituto deberá contar una bitácora de actividades y capacitaciones del juez maya, así como los demás datos que considere necesarios para el desempeño de sus atribuciones; le otorga la atribución al juez de declararse incompetente en los asuntos que son sometidos a su conocimiento y establece que, además de los integrantes de la comunidad, podrán acceder al procedimiento de justicia maya, otras personas que no pertenezcan a la comunidad, pero que decidan someterse a esa competencia.

Por último, la reforma introdujo la atribución del juez maya de expedir una constancia de las resoluciones que emita, cuando así le sea solicitado; además de que, para someterse al procedimiento arbitral, se requiere la aceptación de ambas partes.

De esta manera, las reformas materia de estudio están relacionadas con el sistema de impartición de justicia en las comunidades mayas, por lo que afectan de manera directa los derechos de las comunidades indígenas de esa entidad.

Este análisis de afectación, en mi opinión, no debe realizarse necesariamente de manera sistemática, sino precepto por precepto, de tal manera que se tenga claro que puedan llegar a dañarse los derechos e intereses de una comunidad indígena.

Consecuentemente, como se arriba en la ejecutoria, de cada uno de los preceptos legales reformados, se advierte que efectivamente pueden verse perjudicados los derechos de la comunidad, en tanto están relacionados con el sistema de procuración e impartición de justicia y, en ese sentido, debió realizarse la consulta a las comunidades mayas del Estado de Yucatán.
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