Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 159/2017 y su acumulada 160/2017
Tema
Analizar la regularidad constitucional de los artículos 2, fracción XVIII, 4, quinto párrafo, 5, último párrafo, y 39, tercer párrafo, de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la entidad el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, ya que las accionantes los consideran transgresores de los derechos previstos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20, apartado C, fracción IV, 22 y 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Fecha de resolución
10 de Septiembre de 2020
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno declaró la invalidez de los artículos 2, fracción XVIII, y 5, párrafo segundo, de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial de dicha entidad el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

Respecto del primero de los artículos referidos, el Tribunal Pleno consideró lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), constitucional, esto es, a la facultad del Congreso de la Unión para expedir, en lo que interesa, una ley general en materia de trata de personas, en la que, como mínimo, debe establecerse lo siguiente.

a) Los tipos penales y sus sanciones,
b) La distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios y
c) Las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.

Por tanto, desde la reforma constitucional de catorce de julio de dos mil once se privó a los Estados de la atribución para legislar sobre la materia de trata de personas, sin embargo, mantuvieron las facultades concurrentes y de coordinación que les otorgara el Poder Legislativo Federal.

Así, se resolvió la inconstitucionalidad del artículo impugnado, en tanto que éste remite a una ley local para definir el delito de trata de personas, y con ello el legislador local reguló una materia que le está vedada.

Se declaró la inconstitucionalidad del artículo 5, segundo párrafo, de la ley impugnada. Se determinó que el supuesto previsto en esa disposición restringe la procedencia de la extinción de dominio de cinco a tres de los delitos establecidos en la Constitución Federal, lo cual transgrede lo dispuesto en el artículo 22 constitucional.

Por otra parte, se desestimó la acción de inconstitucionalidad respecto de la impugnación hecha a los artículos 4, párrafo quinto, y 39, párrafo tercero, de la ley local en cita, al no haber alcanzado la votación calificada prevista en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Federal y 72 de la ley reglamentaria de la materia, para declarar la inconstitucionalidad con efectos generales.
Sentido del voto del Ministro
Si bien voté a favor del sentido de la propuesta, lo cierto es que en relación con el artículo 39, párrafo tercero, impugnado, respetuosamente, no comparto las consideraciones que se sostuvieron, pues, en mi opinión, para analizar la constitucionalidad de esa porción normativa, debió atenderse a los estándares de protección de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la igualdad procesal, y aplicar la metodología que esta Suprema Corte estableció en la acción de inconstitucional 22/2009 para determinar si la exclusión de recursos ordinarios contra resoluciones judiciales distintas a la sentencia penal vulnera los derechos que fueron alegados.

De haberse aplicado dicha metodología, debió ser reconocida la constitucionalidad de dicho artículo, pues el hecho de prever que no procede algún recurso en contra del auto que admita la acción de extinción de dominio no deja indefensa a la persona afectada, pues en el procedimiento se prevé la posibilidad de presentar pruebas y alegatos, pronunciarse en audiencia y apelar la decisión final.

Referente a ello, en el ámbito internacional el derecho a un recurso se ha reconocido con claridad respecto de la sentencia condenatoria en materia penal. Sin embargo, ese derecho no se ha extendido a todas las materias y tampoco a todo tipo de resoluciones.

Al respecto, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1ª/J. 8/2020, de rubro “TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO A RECURRIR UN FALLO ANTE UNA INSTANCIA SUPERIOR Y EL DE ACCEDER A UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO.”, reconoció la distinción entre los recursos previstos en los procedimientos ordinarios que deben respetar el derecho al debido proceso de la protección judicial de los derechos humanos.

Desde esa perspectiva, el único supuesto en el que existe una exigencia constitucional para que el legislador establezca un recurso ordinario es el de la sentencia condenatoria en materia penal. En todos los demás casos, goza de libertad de configuración para establecer el sistema recursivo y de medios de defensa ordinarios.

En ese sentido, el Tribunal Pleno ya se ha pronunciado, pero sin que dicho criterio sea generalizable a toda resolución judicial. Me refiero a la jurisprudencia P./J. 1/2018, de rubro “APELACIÓN. EL ARTÍCULO 199, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS, VIGENTE HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2014, VIOLA EL DERECHO A RECURRIR SENTENCIAS CONDENATORIAS.”.

No soslayo que, como se expresó en la sesión pública respectiva, la admisión de la acción de extinción de dominio puede tener efectos sobre los bienes de las personas; sin embargo, ello no es un motivo suficiente para determinar que el legislador esté vinculado a hacer procedente el recurso de apelación en su contra.

Tampoco puede actualizarse una vulneración al principio de igualdad, por establecer la procedencia de ese recurso sólo contra el desechamiento de la demanda, pero no contra su admisión, pues se trata de dos supuestos distintos que no necesariamente requieren el mismo tratamiento.
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