Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 17/2017
Tema
Analizar la regularidad constitucional del artículo 4, fracción I, apartado B., de la Ley de Indulto del Estado de México.
Fecha de resolución
20 de Febrero de 2020
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno declaró la invalidez de las porciones normativas “mujeres” y “de doce años” contenidas en el artículo 4o, fracción I, apartado B, de la Ley de Indulto del Estado de México, reformado mediante Decreto 192, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el tres de febrero de dos mil diecisiete.

Ello, al considerar que el artículo impugnado hace una distinción entre padres y madres, lo cual no es apto para conseguir el fin de protección a favor de los menores, lo que transgrede los principios de igualdad y no discriminación, pues se excluye injustificadamente de un beneficio a los niños y niñas cuyos padres están privados de su libertad.

En consecuencia, se invalidó la disposición impugnada por contravenir lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o., párrafo noveno, de la Constitución Federal.

Aunado a ello, como la declaración de invalidez de la porción normativa “mujeres” no fue suficiente para que en la nueva lectura de la disposición queden incluidos tanto hombres como mujeres que estén privados de su libertad por sentencia irrevocable y, que sin ser los padres, ejerzan la patria potestad sobre menores que tengan a su cargo, el Tribunal Pleno determinó, con apoyo en el interés superior de las niñas y niños, que las autoridades encargadas de su aplicación observen lo siguiente.

1. Que la norma admite una interpretación interrelacionada con la legislación civil respectiva, para que en el mismo supuesto de las madres y padres se comprendan también a quienes ejercen la patria potestad de estos.

2. Ello opera a condición de que esas personas demuestren que legalmente tienen las obligaciones y derechos que les reporta la patria potestad, y

3. Que es aún de mayor gravedad que a las niñas y niños que ya no están al cuidado sus padres consanguíneos o adoptivos, también se les prive de la posibilidad de obtener la atención de quienes los sustituyeron en los derechos y obligaciones que derivan de la patria potestad.

Asimismo, se declaró la invalidez de la porción normativa menores “de doce años” contenida en el artículo combatido, por transgredir el derecho a la no discriminación, a la protección el interés superior del menor previstos en los artículos 1o. y 4o., párrafos noveno, décimo y décimo primero de la Constitución Federal, a lo dispuesto en el artículo 5o. de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y 1o. y 3o., de la Convención sobre los Derechos del Niños.

Finalmente, se otorgaron efectos retroactivos en beneficio de las personas a las que se les haya aplicado el artículo impugnado a partir del cuatro de febrero de dos mil diecisiete; esto, al tratarse de una disposición en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.
Sentido del voto del Ministro
Si bien coincido con el sentido de la decisión, formularé algunas precisiones respecto a las consideraciones.

En relación con el fondo, respecto del estudio del principio de igualdad y no discriminación, en cuanto a la exclusión de los hombres, padres de menores de edad, en relación con el derecho a obtener el indulto, en las condiciones en que se reconoció a las madres privadas de libertad, formulo mi voto en el sentido de que es necesario emplear un test de escrutinio estricto.

Comparto la necesidad metodológica de emplear el test de escrutinio estricto, porque se está en presencia de dos categorías sospechosas: la de género, correspondiente a la porción normativa que limita el beneficio a las mujeres, y la de estado civil, que limita a quien tenga hijos o hijas sin incluir a los tutores.

Una segunda precisión se relaciona con los efectos dados a la declaratoria de invalidez. Respetuosamente, disiento de la Mayoría del Pleno referente a determinar efectos retroactivos a la declaración de invalidez de normas generales en la acción de inconstitucionalidad, incluso de disposiciones relativas a la materia penal. Estimo que esos efectos no son propios de un medio de control constitucional abstracto que solo puede expulsar normas generales del ordenamiento, sin atender a circunstancias o hechos pasados.

Estimo que ordenar los efectos retroactivos de la declaración de invalidez es contrario a la característica fundamental del control abstracto que debe ejercerse con base en la disposición tal cual fue emitida por el legislador y con la ponderación que es exigible a ese poder y no a partir de su aplicación concreta que evidentemente escapa y está vedada al emisor de la norma.

Por otra parte, en la resolución se otorgaron efectos para que los operadores jurídicos competentes decidan sobre los efectos en cada caso concreto sujeto a su conocimiento, de acuerdo con los principios generales y disposiciones aplicables en la materia, porque la norma impugnada tiene un carácter análogo a las procesales penales.

No comparto esta última afirmación, porque la disposición impugnada, en mi opinión, incide directamente en el ejecución de la pena privativa de libertad, de modo que no era viable dejar un margen de apreciación a los operadores jurídico, sino que, aceptada su aplicación retroactiva, tendría que beneficiar a todos los que se ubiquen en las condiciones normativas derivadas de esta sentencia.
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