Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 176/2020
Tema
Se analizó la constitucionalidad del Decreto Número 27815/LXII/20, por el que se reforman diversos artículos de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de febrero de dos mil veinte.
Fecha de resolución
17 de Mayo de 2021
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
En la sentencia de la acción de inconstitucionalidad mencionada al rubro, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del Decreto Número 27815/LXII/20, por el que se reforman diversos artículos de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de febrero de dos mil veinte, ante la falta de consulta previa a las personas con discapacidad.
Sentido del voto del Ministro
En la sentencia, se precisó que no era obstáculo a la decisión del Tribunal Constitucional, el argumento sostenido por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco al rendir su informe, en el sentido de que la reforma tuvo como finalidad la armonización de la ley de la materia, con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ordenamiento de orden público, interés social y de observancia general en toda la República.

Lo anterior, además de diversas consideraciones, porque aun considerando el supuesto de que la armonización de la legislación local con una ley general relevara al legislador de realizar las consultas respectivas, ello requeriría, en principio, demostrar que la ley preexistente fue consultada y, en segundo lugar, que el legislador local replicó el contenido de la Ley General.

Es en relación con este último tema que formulo el presente voto concurrente, a efecto de manifestar el criterio que sostengo en cuanto a la facultad de las legislaturas locales de replicar el contenido de una Ley General.

En cuanto a las leyes generales he considerado que existen supuestos en los que es válido que las leyes locales reproduzcan los contenidos de las leyes generales, especialmente en el ámbito de coordinación y concreción de la regulación de que se trate.

En mi opinión, tal reiteración o repetición, por sí misma, no adolece de vicio constitucional alguno. Esas disposiciones simplemente reflejan o son una mera transcripción de la norma de la ley general, lo cual no se traduce en una invasión de la competencia del legislador federal; más bien, considero que se trata de un parafraseo que puede ser útil para que en la ley local se entienda todo el sistema o incluso el propio contenido de la ley en su integridad.

Además, considero que puede resultar conveniente para los operadores jurídicos de la entidad federativa que, de primera mano, consultan y aplican la ley local, sin que sea necesario que de manera constante consulten o cotejen la ley general respecto a contenidos normativos o definiciones que son necesarios para resolver los problemas prácticos que se les presentan.

También he sostenido que las legislaturas locales pueden regular aspectos cuando en la propia ley general se establece expresamente o cuando han sido las leyes generales omisas en regular aspectos indispensables para hacer coherente, congruente o funcional el ordenamiento local. En estos casos, cuando la regulación se vuelve indispensable y no se legisló al respecto por el órgano federal, estimo que se puede considerar que las legislaturas locales lo pueden hacer en tanto no se hayan legislado esos aspectos por el Congreso de la Unión. Esto obedece a que debe dársele plena efectividad al sistema jurídico local, en la materia de que se trate. Ello, por supuesto, siempre y cuando no sea en contra de la Constitución Federal o de disposiciones de la ley general de la materia .

Sin embargo, ese pronunciamiento no desconoce que existen aspectos que están vedados a los congresos locales, tratándose de competencias distribuidas en leyes generales, sobre todo cuando el propio texto constitucional refiere que ciertos aspectos corresponden exclusivamente al contenido de la ley general y, por lo tanto, su regulación es facultad exclusiva de la Federación.

Estas razones constituyen las aclaraciones que justifican el presente voto concurrente.
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