Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 20/2019
Tema
Se analizó la constitucionalidad de los artículos 64 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, expedida mediante Decreto 59; 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, expedida mediante Decreto 62; 48 de la Ley de Ingresos del Municipio de Huamantla, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, expedida mediante Decreto 66; 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, expedida mediante Decreto 67; y artículo 63, fracción II, incisos a), b), c) y e) y 65 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chiautempan, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, expedida mediante Decreto 52.

Lo anterior, a fin de determinar si éstas resultan inconstitucionales al transgredir los principios de legalidad y seguridad jurídica, irretroactividad de la ley, equidad tributaria y proporcionalidad tributaria; así como el derecho de acceso a la información.
Fecha de resolución
26 de Septiembre de 2019
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
Declarar la invalidez de los artículos 64 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros; 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepetitla de Lardizábal; 48 de la Ley de Ingresos del Municipio de Huamantla; 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Quilehtla; 63, fracción II, incisos a), b), c) y e) y 65 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chiautempan; todos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve.
Sentido del voto del Ministro
Los artículos 64 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y 65 de la Ley de Ingresos del Municipios de Chiautempan, refieren que el objeto del derecho que regulan, es la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio; así como que la tarifa correspondiente, será la que resulte de dividir el costo originado al Municipio por la prestación de este servicio, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad; sin embargo, en un párrafo subsecuente disponen que el derecho se causará y deberá pagarse, aplicando el consumo de energía eléctrica de cada usuario, en base a los porcentajes que se establecen, dependiendo del tipo de tarifa que corresponda, ya sea doméstico, comercial, de baja-alta tensión o de servicios especiales.

Esto es, los numerales refieren que se trata de derechos, no obstante, en vez de atender –como debieran hacerlo, en congruencia con la naturaleza de este tipo de contribución–, al costo que para el Municipio representa la prestación del servicio de alumbrado público, prevén una estructura para el cobro, aplicando el consumo de energía eléctrica de cada usuario, con base en los porcentajes que a continuación se establecen respecto al tipo de consumo de energía eléctrica y señalan: doméstico, comercial y de baja tensión, que tendrán un 6.5%, el servicio general de alta tensión 2.0%, y servicios especiales, voltaje de más de 6 kilovatios 2.0%.

Lo anterior evidencia falta de claridad en la mecánica y pago por concepto de energía eléctrica, lo que se traduce en una violación al principio de legalidad en su vertiente de seguridad jurídica, en tanto que no queda del todo definido si se trata de un derecho o bien, si se está en presencia de una contribución denominada impuesto, porque el texto establece un sistema mixto en el que primero se calcula, por prorrateo, la cantidad que resulta de dividir el costo total que representa para el municipio la prestación del servicio público, entre los usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad; luego a la cantidad que resulte se les aplican individualmente los porcentajes a los que ya me he referido.

No obstante, esto constituye la incertidumbre que provoca el texto legal porque podría pensarse que habría elementos para considerar que los preceptos prevén un derecho, pero una lectura distinta, podría conducir a afirmar que si el porcentaje se aplica sobre un consumo individualizado, se estaría ante una contribución denominada impuesto.

Respetuosamente, estimo que, en ningún caso podría afirmarse categóricamente que el cobro es sobre el consumo real de energía de cada usuario.

Por estos motivos adicionales, coincido con la declaratoria de invalidez a la que se arribó en la sentencia del Tribunal Pleno.
Se abrirá en otra página