Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 26/2006
Tema
Artículo 9-D de la Ley Federal de Telecomunicaciones (Facultad del Congreso para establecer plazo y objetar el nombramiento efectuado por el Presidente de la República del Comisionado de la Cofetel).
Fecha de resolución
07 de Junio de 2007
Tipo de voto
Voto Concurrente
Sentido de la resolución
En relación con el artículo 9-D de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la mayoría consideró que no violenta el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 ni la facultad de libre nombramiento prevista en el diverso artículo 89, fracción II, ambos de la CPEUM, en la medida en que el Legislador cuenta con atribuciones para establecer el modo y las consideraciones bajo las cuales los funcionarios podrán ser removidos de su cargo. Pues no existe limitación alguna a la facultad de remoción de éstos por el Titular del Ejecutivo, si el legislador previó causas graves para su remoción.
En relación con el artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, la mayoría sólo se manifestó por la invalidez imparcial de dicho precepto, en cuanto al plazo de la concesión por veinte años y respecto de la frase final del artículo “El refrendo de las concesiones, salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta Ley.
Sentido del voto del Ministro
Respecto al artículo 9-D de la Ley Federal de Telecomunicaciones, Usted considera que sí se violentan las reglas que sustentan nuestro régimen de gobierno previsto en los artículos 39, 40 y 41, párrafo primero y, en particular, el principio de división de poderes previsto en el artículo 49, todos de la Constitución, y los diversos que en forma integral rigen la Administración Pública Federal, derivados de los dispuesto en los artículo 89, fracción II y 90, ambos de la Ley Fundamental y, por ende, el sistema de competencias inherente a un régimen federal y a una forma de gobierno presidencial como el que adopta la CPEUM.
En este punto, estima que salvo en los casos expresamente señalados en la Constitución, un poder no puede intervenir en la vida interna de otro poder.

De igual manera, estimó que debió declararse inválido el artículo antes referido, en virtud de que en el caso del término de ocho años para el ejercicio del cargo de los comisionados, se rompe con esos principios y reglas constitucionales que rigen para la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo, en especial en la órbita de la administración centralizada.

En relación con la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, Usted se pronunció por su inconstitucionalidad, en virtud de que dicho aspecto surge por el sistema normativo en el que se encuentra inmerso, no garantiza que se respete lo ordenado en nuestra CPEUM en varios de sus artículos y respecto de diversos bienes jurídicos tutelados por ese ordenamiento fundamental.

Lo anterior, porque no se asegura la rectoría del Estado sobre los bienes nacionales involucrados; no se garantiza la eficacia social de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, evitando fenómenos de concentración contrarios al interés público; y no se brinda un régimen suficiente de igualdad, legalidad y seguridad jurídica para los particulares concesionarios, permisionarios o para terceros interesados.
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