Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 31/2018
Tema
Determinar la validez del artículo 23, apartado B, fracción II, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Baja California
Fecha de resolución
05 de Noviembre de 2019
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno reconoció la validez del artículo 23, apartado B, fracción II, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Baja California, y desestimó los conceptos de invalidez en los que se argumentó la vulneración de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.

Para arribar a la conclusión alcanzada, el Tribunal Pleno examinó, en primer lugar, los principios generales que atañen a la institución de la legítima defensa y con base en ellos estudió la regularidad constitucional de la norma combatida y los razonamientos que justificaron la validez de la norma.

En el primer apartado relativo a los principios generales sobre la legítima defensa se analizó su naturaleza legal, la cual se enmarca como una de las causas de exclusión del delito.

Se menciona que esta Suprema Corte ha realizado una interpretación de dicha institución como una norma del derecho penal positivo que integra tanto elementos subjetivos como objetivos.

De igual forma, se citaron diversos criterios doctrinales, tanto nacionales como internacionales, para analizar el concepto de legítima defensa.

Se concluye que la configuración de ésta se encuentra supeditada a tres principios básicos: inviolabilidad, autonomía y dignidad de la persona; por tanto resulta instrumental a tales valores en tanto impide que el individuo se sacrifique frente a derechos heterónomos o consideraciones de beneficio colectivo.

Por último, en el apartado dos relativo al análisis de la regularidad constitucional de la porción impugnada se reconoce la validez de la norma impugnada, al ser entendida únicamente como la expresión del legislador local tendiente a clarificar o brindar mayor certeza acerca del alcance del supuesto de la presunción jurídica de la existencia de tal institución y no como una autorización para el uso desmedido, innecesario o irracional de la fuerza defensiva.
Sentido del voto del Ministro
Comparto la conclusión a la que arribó el Tribunal Pleno. Sin embargo, no comparto lo expuesto en el apartado uno del considerando quinto, relativo a los principios generales de la legítima defensa.

En primer lugar, es innecesario dicho apartado para sostener la validez de la norma combatida, ya que como bien lo menciona la propia resolución, existen criterios consolidados de esta Suprema Corte de Justicia que serían suficientes para sostener las mismas conclusiones.

Por otra parte, considero que la cita de estudios de la dogmática jurídico penal, tanto nacional como internacional, para el análisis de la figura de la legítima defensa, puede generar confusión sobre el fundamento y alcance de esa institución.

No desconozco el valor de la doctrina jurídica como fuente y criterio que hace posible la interpretación y aplicación de las normas. Sin embargo, su cita innecesaria puede generar confusión en relación con la concepción de esta Suprema Corte de Justicia, en relación con la institución analizada en este fallo, como es la legítima defensa, sobre todo cuando ya existen criterios, que no fueron modificados ni abandonados, que pueden llevar a la misma conclusión, pero que no necesariamente comparten el fundamento de las fuentes doctrinales citadas.

Las consideraciones que tienen como base primordial un modelo teórico, pueden generar la impresión de que existen conceptos esenciales de las instituciones jurídicas, que tienen un contenido universal independiente de las normas de Derecho positivo, incluyendo las constitucionales y convencionales, a las cuales deben ajustarse todas las normas del ordenamiento, con independencia de su fuente o jerarquía.

Por otra parte, me separo también de la afirmación contenida en la foja 31, en el sentido de las normas penales que no consignan sanciones, sino causas de exclusión del delito, pueden sujetarse a una interpretación extensiva.

No comparto ese criterio, pues las normas de exclusión del delito inciden en la calificación propia de la existencia del delito, así sea como un elemento negativo, de modo que no pueden sustraerse del derecho a la exacta aplicación de la ley penal, previsto en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal.

Coincido en que es viable un entendimiento sistemático de la legítima defensa y que es posible hacer compatible el supuesto específico previsto en el último párrafo de la fracción II, del apartado B, del artículo 23 del Código Penal para el Estado de Baja California, con los criterios de actualización de la legítima defensa en general. Para ello, no es necesario realizar una interpretación extensiva de la norma.
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