Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 3/2018 y su acumulada 5/2018
Tema
Determinar la validez del artículo 322 BIS, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de Hidalgo
Fecha de resolución
08 de Octubre de 2019
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno declaró la invalidez del artículo 322 BIS, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, al transgredir el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, el cual reserva a la Federación la competencia para legislar en materia de tortura y tratos crueles e inhumanos.

Se sostuvo que de la comparación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Inhumanos o Degradantes y la reforma al artículo 322 BIS, primer párrafo del Código Penal para el Estado de Hidalgo, se advertía que si bien no señala expresamente la palabra tortura, materialmente la ley local regula y sanciona una conducta que configura ese ilícito en los términos de la ley general aludida.
Sentido del voto del Ministro
Comparto la conclusión del Tribunal Pleno, pero me separo de algunas consideraciones en que se sustenta la invalidez de la norma.

El artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución, en su texto vigente desde la reforma de diez de julio de dos mil quince, prevé que el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva para emitir las leyes generales en las materias que se mencionan en esa porción normativa, entre ellas, la de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Esa facultad exclusiva para definir los tipos penales y las sanciones de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, está definida en la propia Constitución, y ya no depende del contenido que otorgue el Congreso de la Unión a la ley general.

Es cierto que he considerado que tratándose de leyes generales, existen supuestos en los que es válido que las leyes locales reproduzcan los contenidos de las leyes locales, especialmente en el ámbito de coordinación y concreción de la regulación de que se trate.

Sin embargo, ese pronunciamiento no desconoce que existen aspectos que están vedados a los congresos locales, incluso tratándose de competencias distribuidas en leyes generales, sobre todo cuando el propio texto constitucional refiere que cierto contenido corresponde al contenido mínimo de la ley general cuya expedición es facultad exclusiva de la Federación, como en el caso es la definición de los tipos penales y las sanciones de tortura y otros tratos o penas crueles.

Por tanto, estimo que el vicio de constitucionalidad de la norma local deriva de su invasión a una competencia asignada en la propia Constitución, de modo que me separo de las consideraciones que hacen depender ese vicio del contraste entre la ley general y la norma local impugnada, pues el contenido de la competencia no puede definirse a partir de la ley expedida por el poder legislativo de la Federación, que a su vez se encuentra sometido a la parámetro de control constitucional.
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