Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 35/2016
Tema
Constitucionalidad de los artículos 7, fracción XI, así como su párrafo penúltimo, 9, fracción VI y 12, en la porción normativa que dispone “órgano jurisdiccional”, todos de la Ley para la Protección de las Personas que intervienen en el Proceso Penal del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial de esa Entidad el veinte de abril de dos mil dieciséis, mediante Decreto 375/2016.
Fecha de resolución
21 de Junio de 2018
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno determinó declarar la invalidez de los artículos 7, fracción XI, así como su párrafo penúltimo, 9, fracción VI y 12, en la porción normativa que dispone “órgano jurisdiccional”, todos de la Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el Proceso Penal del Estado de Yucatán, por considerar que invaden la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión.
Se concluyó que los artículos 7, fracción XI, así como en su párrafo penúltimo, y 12 en la porción normativa que dispone “órgano jurisdiccional”, de la legislación referida, son inconstitucionales porque regulan cuestiones propias del procedimiento penal, las cuales se encuentran reservadas al Congreso de la Unión.
Lo anterior porque tales preceptos sí regulan cuestiones relativas tanto al procedimiento penal como a la ejecución de penas, pues se refieren a la separación del sentenciado o imputado del resto de los reclusos y a las facultades del órgano jurisdiccional para establecer medidas de protección, cuando el Código Nacional ya establece tales medidas tratándose de la víctima o el ofendido, precisando el procedimiento específico, al cual no se ajustan las normas impugnadas, en contravención de lo que establecen los artículos 73, fracción XXI, inciso c) y 21, tercer párrafo, de la Constitución Federal.
La sentencia precisa que al resolverse las acciones de inconstitucionalidad 52/2015 y 74/2015, el Tribunal Pleno determinó que en atención al artículo octavo transitorio del Decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cada caso sería necesario determinar si las normas impugnadas establecen reglas para la investigación, procesamiento y sanción de los delitos, o bien se trata de normas complementarias que resultan necesarias para la implementación del Código Nacional.
Por otra parte, la sentencia establece que la fracción VI del artículo 9 de la citada legislación, resulta inconstitucional porque el criterio orientador para determinar la adopción de una medida de protección, relativo a “la importancia del caso”, es de tal manera subjetivo que no permite a los posibles destinatarios de las medias de protección conocer con certeza los motivos por los que serán concedidas o negadas tales medidas.
Por otra parte, se dan efectos retroactivos a la invalidez a partir del uno de octubre de dos mil dieciséis, fecha en que entró en vigor le Ley que contiene los preceptos impugnados, correspondiendo a los operadores jurídicos competentes decidir y resolver, en cada caso concreto sujeto a su conocimiento, de acuerdo con los principios generales y disposiciones legales aplicadas en esta materia.
Sentido del voto del Ministro
En relación con la invalidez de los artículos 7, fracción XI, así como en su párrafo penúltimo, y 12 en la porción normativa que dispone “órgano jurisdiccional”, de la legislación referida, quiero precisar que la reserva que formulo en este tipo de asuntos es en el sentido de que no es absoluta la prohibición para que las entidades federativas puedan legislar en la materia, puesto que en el Código Nacional de Procedimientos Penales hay varias remisiones a la propia legislación local.
Ejemplo de lo anterior es el artículo octavo transitorio, establece que los estados deberán legislar para hacer su legislación concorde con la legislación nacional. Así como lo que dispone, en materia de protección de testigos, el artículo 367 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Comparto la declaratoria de inconstitucionalidad de la fracción VI del artículo 9 impugnado; sin embargo, formulo reservas en cuanto a los alcances del fallo, pues considero que ante este tipo de sistemas de medidas de protección a las personas que intervienen en el proceso penal, la invalidez de uno de los criterios para acceder a esas medidas, conlleva la irregularidad de todo el sistema. Sostengo que es preferible decretar la inconstitucionalidad de la norma en su totalidad, que eliminar solo una porción normativa que afecte el diseño original.
Finalmente, reitero mi oposición a que se impriman efectos retroactivos a la declaración de invalidez de normas generales en la acción de inconstitucionalidad, incluso de disposiciones relativas a la materia penal. Estimo que esos efectos no son propios de un medio de control constitucional abstracto que sólo puede expulsar las normas generales del ordenamiento, sin atender a circunstancias o hechos pasados.
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