Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 39/2015
Tema
Determinar la validez del el artículo 86, fracción XIV, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el tres de junio de dos mil quince, en la porción normativa que indica “sin que medie el consentimiento que establezca la ley correspondiente”. Concretamente se analizó si dicha disposición, al hacer posible que se exhibiera a menores de edad ante los medios de comunicación, era contraria al interés superior de la infancia, presunción de inocencia y a los esquemas de los procedimientos de justicia integral para menores.
Fecha de resolución
07 de Junio de 2018
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
En la sentencia, la mayoría de los Ministros integrantes del Tribunal Pleno consideró que no se actualizaba dicha causa de improcedencia, pues conforme a los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de la referida ley reglamentaria, este Tribunal puede dar efectos retroactivos a las normas generales de naturaleza penal; por lo que, al haber tenido aplicación durante su vigencia en los procedimientos en materia de justicia para menores y adolescentes, podían existir situaciones jurídicas regidas por la norma ya derogada, lo cual podría dar lugar a la aplicación de una norma inconstitucional.
Sentido del voto del Ministro
Estando de acuerdo con las razones de fondo por las cuales se decretó la invalidez de la porción normativa impugnada, respetuosamente considero que respecto de dicho precepto debió decretarse el sobreseimiento por cesación de efectos.

Al respecto debo señalar que en diversos precedentes, conforme al criterio de la mayoría de los Ministros del Tribunal Pleno, se ha determinado que dicha causa de improcedencia no se actualiza tratándose de normas de naturaleza penal cuando son derogadas con posterioridad; sin embargo, en reiteradas ocasiones me he manifestado en contra de dicho criterio.

En el caso concreto, siendo congruente con la posición que he adoptado en relación con la actualización de la causa de improcedencia por cesación de efectos de la norma, considero que debió sobreseerse en la acción, debido a que la derogación expresa de la porción normativa dejó sin efectos la norma impugnada, y en consecuencia, sin materia la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuradora General de la República.

En cuanto al argumento que sostiene la mayoría respecto a la posibilidad de que existan situaciones jurídicas que pudieran haberse regido por la norma penal ya derogada, respetuosamente considero que, de existir casos así, la vía para impugnar las consecuencias o efectos perjudiciales de la norma sería el juicio de amparo; es ahí donde sería procedente la impugnación de la aplicación de la norma que se estime inconstitucional y, en su caso, conseguir la aplicación de la norma más benéfica para el potencial quejoso.

Por todo lo anterior, me pronuncié por el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad 39/2015, pero al estar obligado por el criterio mayoritario en relación con la procedencia, voté a favor del fondo del estudio de constitucionalidad.
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