Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 41/2016
Tema
Determinar la validez constitucional de dos artículos de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos: el artículo 129 Ter, en la porción normativa que indica “de manera enunciativa y no limitativa, el cual señala los actos o conductas que se consideraran violentas o que incitan a la violencia en el deporte para efectos de la legislación mencionada; y el artículo 132, fracción I, incisos b), c) y d), fracción II, incisos b) y d), fracción III, incisos b) y d), y fracción IV, incisos b) y c), que señalan las sanciones que serán aplicadas a los infractores de dicha legislación.
Fecha de resolución
24 de Abril de 2018
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
En la resolución de la mayoría, se determinó declarar la invalidez de las porciones normativas impugnadas analizadas a la luz del principio de exacta aplicación de la ley, en su vertiente de taxatividad. De esta manera, se determinó que la expresión contenida en el artículo 129 ter, consistente en “de manera enunciativa y no limitativa”, es contraria al referido principio, aplicable al derecho administrativo sancionador, porque genera un catálogo abierto de conductas infractoras indeterminadas. Así mismo, se estableció que el artículo 132, en las distintas fracciones e incisos impugnados también resulta contrario a dicho principio, al establecer un grado de indeterminación que provoca –en los destinatarios de la norma– incertidumbre en cuanto al límite de la sanción, ya que no contempla elementos objetivos al momento de determinar las sanciones correspondientes.

La propuesta original fue aprobada y el que suscribe emitió voto a favor, reservándome el derecho para abundar en algunas consideraciones que en mi opinión, fortalecen el sentido del proyecto.
Sentido del voto del Ministro
Aunque coincido con el sentido de la resolución mayoritaria, considero que el análisis de constitucionalidad de los artículos 129 Ter, en la porción normativa que prevé: “de manera enunciativa y no limitativa” y 132, incisos b), c) y d) de la fracción I; incisos b) y d) de la fracción II; incisos b), c) y d) de la fracción III; e incisos c) y d) de la fracción IV, de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Morelos ; debió partir del marco constitucional que configura el alcance de las facultades concurrentes.

Lo anterior, para dilucidar en primer término, si las atribuciones desplegadas por el Legislador del Estado de Morelos, corresponden o no, a ese marco normativo, el cual debe ser apreciado, precisamente como un sistema de distribución de competencias, a partir de lo previsto en el artículo 73, Fracción XXIX-J, de la CPEUM .

Tratándose de regímenes de atribuciones, el Tribunal Pleno - atendiendo a las materias que han sido materia de deliberación y análisis-, ha ido delineando los matices propios del régimen Constitucional de distribución que emana de nuestro texto fundamental. Así, se ha reconocido por una parte, la división funcional de atribuciones entre poderes y órdenes de gobierno que se estructura con la finalidad de establecer un adecuado y eficaz funcionamiento de los órganos del poder público –del mismo o de distinto orden de gobierno-, mediante esquemas de coincidencia, cooperación, coordinación y concurrencia tendientes a garantizar la unidad y eficacia en el ejercicio de las funciones públicas.


A partir del desarrollo de la doctrina jurisdiccional constitucional se ha hecho énfasis en que la concurrencia de facultades implica en nuestro texto constitucional, distintas posibilidades bajo un denominador común que consiste en que ellas corresponden simultáneamente a los distintos niveles de gobierno, por lo que se requiere, para su ejercicio, de la intervención del Poder Legislativo a fin de que asigne las competencias de cada orden de gobierno, a través de una ley general.

Así mismo se ha sustentado que la concurrencia y la coordinación de facultades no deben considerarse, necesariamente, excluyentes entre sí . Esta afirmación no desconoce el hecho de que en nuestro régimen constitucional, aunque la concurrencia supone la coordinación, ésta no siempre trae consigo la necesidad de una concurrencia formal . De tal manera que la conclusión a la que se arriba debe entenderse referida al caso concreto que se analiza.

Conforme a ello, el postulado contenido en la fracción XXIX-J, del artículo 73 Constitucional, en cuanto se faculta al Congreso para expedir leyes en materia de deporte, debe entenderse como la atribución de dicho órgano legislativo para que a través de ellas se regule la materia de turismo, estableciendo bases generales de coordinación bajo un esquema de facultades concurrentes con la finalidad de que participen los diversos niveles de gobierno y al mismo tiempo para sentar las bases de coordinación de esas atribuciones para todos los niveles de gobierno.

Así se encuentra plasmado en la Ley General de la Materia en la que se prevé que la aplicación del derecho a la cultura física y el deporte corresponde en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, las Autoridades de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los sectores social y privado, en los términos de las leyes respectivas y de sus respectivos reglamentos.

En el caso de la inconstitucionalidad que se plantea respecto de los artículos 129 TER y 132 de la ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Morelos, se observa que el Legislador local no hizo sino reproducir en dichos numerales, el contenido de lo previsto en la Ley General. Así se observa de la siguiente comparación:


LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE LEY CULTURA FÍSICA Y DEPORTE MORELOS
Artículo 138. Para efectos de esta Ley, de manera enunciativa y no limitativa, por actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte se entienden los siguientes:

[…] ARTÍCULO 129 TER.- Para efectos de esta Ley, de manera enunciativa y no limitativa, por actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte se entienden los siguientes:

Artículo 152. A las infracciones a esta Ley o demás disposiciones que de ella emanen, se les aplicarán las sanciones administrativas siguientes:

I. A las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Deportivas Nacionales, Recreativo-Deportivas, del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva, así como a los organizadores de eventos deportivos con fines de espectáculo:

a) Amonestación privada o pública;

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos;

c) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones oficiales de cultura física y deporte, y

d) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE;

II. A directivos del deporte:

a) Amonestación privada o pública;

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE, y

c) Desconocimiento de su representatividad;

III. A deportista:

a) Amonestación privada o pública;

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos, y
c) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE;

IV. A técnicos, árbitros y jueces:

a) Amonestación privada o pública, y

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE, y

V. A los aficionados, asistentes o
espectadores en general, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles o de cualquier naturaleza que pudieran generarse y considerando la gravedad de la conducta y en su caso, la reincidencia:

a) Expulsión inmediata de las instalaciones deportivas;

b) Amonestación privada o pública;

c) Multa de 10 a 90 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, y

d) Suspensión de uno a cinco años del acceso a eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo.
ARTÍCULO 132.- A los infractores a esta Ley o demás disposiciones que de ella emanen, se les aplicarán las sanciones siguientes:

I. A las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Deportivas Estatales, Recreativo-Deportivas, del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva, así como a los organizadores de eventos deportivos con fines de espectáculo:

a) Amonestación privada o pública;

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos;

c) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones públicas de cultura física y deporte, y

d) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sistema.

II. A directivos del deporte:

a) Amonestación privada o pública;

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sistema;

c) Desconocimiento de su representatividad, y

d) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones públicas de cultura física y deporte.

III. A deportistas:

a) Amonestación privada o pública;

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos;

c) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sistema, y

d) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones públicas de cultura física y deporte.

IV. A técnicos, árbitros y jueces:

a) Amonestación privada o pública;

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sistema, y

c) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones públicas de cultura física y deporte.

V. A los aficionados, asistentes o espectadores en general, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles o de cualquier naturaleza que pudieran generarse y considerando la gravedad de la conducta y, en su caso, la reincidencia:

a) Expulsión inmediata de las instalaciones deportivas;

b) Amonestación privada o pública;

c) Multa de diez a noventa días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y

d) Suspensión de uno a cinco años el acceso a eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo.

Como lo comenté previamente, el texto local reproduce casi en forma literal, lo previsto en la Ley General de la materia, lo que aunque en principio podría llevar a asumir que si el texto local se ajusta a la Ley que distribuye competencias entonces, en mi opinión, respeta el marco de concurrencia previsto en la CPEUM y, que por ende, es constitucional; sin embargo, no es así, en tanto que la invalidez decretada por el Tribunal Pleno deriva del hecho de que en los preceptos analizados, se deja margen a las autoridades administrativas en materia de infracciones y sanciones, lo que desde luego, implica una violación al principio de taxatividad, aplicado con sus propias características, al derecho administrativo sancionador.

No subsana esta irregularidad constitucional, el que la ley de Morelos remita a lo previsto en el reglamento respectivo , en virtud de que éste no contiene parámetros objetivos para establecer en forma expresa, las conductas que dan origen a la infracción ni los diversos para imponer límites temporales ni montos de las sanciones , lo que evidentemente constituye una transgresión a la exacta aplicación de la ley que exige el artículo 14 de la CPEUM.

Tampoco permite arribar a una conclusión distinta, la Ley de Procedimiento Administrativo de Morelos porque en ella, únicamente se sujeta a la autoridad que ejerza la potestad sancionadora, al deber de fundar y motivar sus determinaciones, considerando los daños que puedan causarse, el carácter culposo o doloso de la conducta desplegada; la gravedad de la infracción, la reincidencia del infractor y, en el caso de la multa, la naturaleza, modalidades y circunstancias de la infracción; las características del infractor y su posibilidad de cumplimiento con las obligaciones procesales a su cargo y sus condiciones socioeconómicas.

Como se observa, tales elementos a considerar no confieren exactitud ni certeza sobre el tipo de la conducta infractora ni tampoco sobre los elementos para configurar la duración de las suspensiones provisionales o el monto de las limitaciones, reducciones o cancelación de apoyos económicos a que se refiere el artículo 132 de la ley reclamada.

Estas son las consideraciones que estimo pertinentes para reforzar el sentido de la resolución.
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