Votos

Asunto
Acción de inconstitucionalidad 4/2016
Tema
Constitucionalidad de los artículos 45, 47, 69 fracción I y 78 de la Ley del Instituto Municipal de Pensiones del Estado de Chihuahua, publicado mediante Decreto número 1137/2015 IP.O en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 26 de diciembre de 2015.
Fecha de resolución
19 de Marzo de 2019
Tipo de voto
Voto Concurrente
Sentido de la resolución
En cuanto al estudio de fondo del asunto, en el considerando quinto se declaró la invalidez de los artículos 45, 47, y 69, fracción I, de la Ley del Instituto Municipal de Pensiones del Estado de Chihuahua y, en consecuencia, la invalidez del artículo 48 de la ley referida.

Mientras que en el considerando sexto, se reconoció la validez del artículo 78 de la Ley del Instituto Municipal de Pensiones del Estado de Chihuahua.
Sentido del voto del Ministro
Coincido sustancialmente con la decisión aprobada en el Tribunal Pleno; sin embargo, estimo pertinente formular una aclaración sobre el marco constitucional y convencional que rige las prestaciones de seguridad social que tienen obligación de otorgar los Estados de la República. Considero que el análisis de constitucionalidad de las normas impugnadas debió realizarse con base en los lineamientos mínimos que derivan del propio artículo 116, fracción VI, y 115, fracción VIII, constitucionales, así como en los instrumentos internacionales en los que se reconoce y regula el derecho a la seguridad social, como el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo.

En cuanto al estudio de constitucionalidad del artículo 78 de la Ley del Instituto Municipal de Pensiones del Estado de Chihuahua, el cual autoriza el descuento al salario de los derechohabientes, para el pago de aportaciones omitidas, coincido con la resolución de la mayoría, en el sentido de que la norma es constitucional. Sin embargo, debió precisarse que el descuento al salario de los derechohabientes está sujeto a normas específicas protectoras; de tal manera que el monto del adeudo no impida que se tenga un nivel digno de ingreso, siguiendo con su carácter de trabajador. Siempre he propuesto que se incluya esa previsión para protegerlo y que se cumplan los dos objetivos.

Lo anterior, aunado a que considero que no procede el descuento cuando, además, hay intereses o recargos. En la disposición local impugnada no se está cobrando más que la cantidad que debió haberse cubierto por el trabajador, lisa y llana; consecuentemente, creo que es una obligación que debe cumplirse en sus términos, –insisto– con la salvaguarda de la posibilidad de que el trabajador tenga una vida digna.
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