Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 42/2016
Tema
Se analizó la constitucionalidad del artículo octavo transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, que establece que el Ejecutivo de esa entidad expedirá el Reglamento de la ley de la materia, dentro del año siguiente a su entrada en vigor.
Fecha de resolución
23 de Abril de 2019
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
El Tribunal pleno determinó declarar la invalidez del artículo octavo transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, al considerar que el Poder Ejecutivo del Estado no puede incidir de ninguna manera en las disposiciones internas, orgánicas o administrativas para el ejercicio de las funciones que el órgano garante tiene encomendadas desde la Constitución y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Sentido del voto del Ministro
Considero que el asunto presentaba la oportunidad para que este Tribunal Pleno se pronunciara en relación con la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo a nivel federal como local, frente a los órganos constitucionales autónomos que, entre sus atribuciones, cuentan con la de emitir disposiciones reglamentarias en la materia.

En mi opinión, debió establecerse la directriz que defina las cuestiones que pueden ser reguladas en los Reglamentos que se expidan tanto por el Poder Ejecutivo Federal como por los Poderes Ejecutivos locales, de tal manera que, al ejercer su facultad reglamentaria, no invadan la esfera de atribuciones de los organismos garantes locales.

Para ello, considero que era suficiente con precisar que la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo estatal para reglamentar la Ley de Transparencia del Estado de Hidalgo deriva de los artículos 71, fracciones I y II , de la Constitución Política de la entidad, en tanto establecen que son facultades del Gobernador promulgar y ejecutar las leyes y decretos y expedir los reglamentos necesarios para la mejor ejecución de las leyes.

Sin embargo, esa facultad debe ejercerse sin invadir las atribuciones otorgadas constitucionalmente a los organismos garantes del derecho de acceso a la información y protección de datos personales.

Efectivamente, derivado de la reforma constitucional en materia de transparencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, se estableció la creación de los Institutos locales como organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, con la atribución de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, conforme a los principios y bases previstos en el artículo 6º constitucional y la Ley General de la Materia.

En ese sentido, el artículo 37 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública reitera la autonomía otorgada constitucionalmente y establece que los organismos garantes cuentan, además, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.

Con base en lo anterior, puede considerarse que en términos de las atribuciones otorgadas al organismo garante local tanto en la Constitución como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Poder Ejecutivo estatal, al emitir el Reglamento, no puede regular cuestiones orgánicas, de estructura, ni de la materia sustantiva porque ello es competencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo.
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