Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 44/2019
Tema
Determinar la validez del estándar de prueba previsto en el artículo 31 de la Ley Número 236 para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada el veinte de marzo de dos mil diecinueve, en la Gaceta Oficial local.
Fecha de resolución
29 de Junio de 2020
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno declaró la invalidez de la porción normativa “existir indicios de” del artículo 31 impugnado.

Ello ya que de su redacción se advierte que la frase “…de existir indicios de que la persona hizo creer su desaparición deliberada para evadir responsabilidades…” supone que al momento de llevarse una controversia judicial sobre la titularidad de los frutos y rentas de los bienes de una persona que había sido declarada judicialmente como ausente, la facultad de los juzgadores para valorar las pruebas vertidas en este conflicto de naturaleza civil queda circunscrita a verificar si existen “indicios” de ese proceder para condenar, en su caso, a la pérdida de dichos rendimientos patrimoniales.

El pleno declaró fundados los conceptos de invalidez, ya que la expresión “de existir indicios” anula la obligación de la autoridad de fundar y motivar su sentencia en la valoración de otro tipo de pruebas conforme a las reglas del procedimiento civil, pues la misma otorga preponderancia a la prueba indiciaria, sin considerar que la codificación de esa materia ofrece al juzgador una diversidad de reglas para que los tribunales adquieran convicción respecto de los hechos afirmados o negados en el litigio.

Se tomó en cuenta que la disposición combatida regula el caso de las personas respecto de las cuales ya se emitió una “Declaración Especial de Ausencia”, la cual se presume que esta se relaciona con la comisión de un delito.

De prosperar la decisión, en el sentido de que sí hubo una simulación, apoyada en la sola existencia de “indicios”, también podría sujetársele al declarado la vía civil como un simulador, a tener que enfrentar a la par una responsabilidad penal, ya que la norma combatida prevé que la desaparición falsa será declarada “sin perjuicio de las acciones legales conducentes”.

También se consideró que el artículo en cuestión revictimiza a las personas desaparecidas, lo que transgrede su integridad personal y su dignidad humana, pues las somete a un procedimiento que las expone a sufrir nuevos daños y violaciones a sus derechos.

Por ello, se determinó que la porción normativa “existir indicios de” del artículo 31 referido, transgrede las garantías de audiencia, seguridad jurídica, debido proceso y legalidad, por lo que se declaró su invalidez.

En consecuencia, se sostuvo que la norma tendrá que leerse de la forma siguiente.

Artículo 31. Recuperación de bienes en casos de desapariciones simuladas

Si la persona desaparecida de la cual se emitió una Declaración Especial de Ausencia fuera localizada con vida o se prueba que sigue con vida, en caso de que la persona hizo creer su desaparición deliberada para evadir responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales conducentes, recobrará sus bienes en el estado en el que se hallen y no podrá reclamar de estos frutos ni rentas y, en su caso, también recobrará los derechos y obligaciones que tenía al momento de su desaparición.
Sentido del voto del Ministro
Si bien comparto las consideraciones generales de la sentencia, respecto de la insuficiencia del estándar probatorio elegido en la ley y en relación con el efecto revictimizante de la norma, lo cierto es que me aparto de los alcances que se le dio a la declaratoria de invalidez, pues considero que debió abarcar a la totalidad del artículo.

Lo anterior ya que el vicio de inconstitucionalidad que fue analizado no se supera con la eliminación de la porción normativa referida, pues ello no evita la vulneración al debido proceso y tampoco lo hace coherente con la protección que debe otorgarse en favor de las personas desaparecidas.

Al contrario, se deja un margen amplio para que el juez del orden civil decida si existe simulación de una persona desaparecida, cuya vida ha sido probada, pero que todavía no es localizada y si está en condiciones físicas y psicológicas de acudir y enfrentar un juicio.

Esta medida coloca a la víctima –incluso cuando aún está ausente– en la situación de enfrentar un juicio, con el peligro de ver sus rendimientos o frutos confiscados, sin perjuicio de las acciones legales conducentes, como pudiera ser la vista correspondiente al Ministerio Público.

La ley penal e incluso la civil en esta materia tienen que ser congruentes no solo con las formalidades esenciales del proceso, sino también con los derechos de las personas desaparecidas, como medida de protección y presunción bajo el principio de buena fe.

La invalidez parcial no soluciona el problema, ya que además deja sin un estándar probatorio claro y específico para determinar la actualización de las consecuencias que prevé la disposición, en perjuicio de las personas que han sido declaradas como desparecidas. Dichas consecuencias solo podrían ocurrir cuando exista prueba fehaciente de que la desaparición se simuló de manera deliberada y así debería estar previsto en la norma.

Dada la amplitud del supuesto normativo es susceptible de aplicarse a auténticas víctimas de desaparición, respecto de las cuales pudiera surgir un indicio de esa naturaleza. Ante esa posibilidad, era necesario invalidar toda la norma.

La determinación del Tribunal Pleno suprime la frase que hace alusión a los indicios, pero no elimina la posibilidad de que un juez del orden civil, sin base en prueba suficiente, imponga a las víctimas de desaparición una carga probatoria desproporcionada, para gozar de los frutos producidos por sus bienes, sin que exista un sustento sólido y claro que demuestre que efectivamente carece del carácter de víctima porque deliberadamente simuló su desaparición.

Aunado a lo anterior, la necesidad de otorgar esos alcances a la invalidez fue planteada en la propia demanda por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Se abrirá en otra página