Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 45/2019
Tema
Analizar la constitucionalidad del Decreto 27255/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se reformaron los artículos 1º, último párrafo, 34, 39, párrafos segundo y tercero, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 57, 63, 64 y 65 de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso de esa entidad.
Fecha de resolución
02 de Julio de 2020
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno declaró la invalidez de varios artículos de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, reformados en el Decreto 27255/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, impugnados principalmente por transgredir la competencia exclusiva de la Federación.

Dichas disposiciones fueron las siguientes.

• Artículo 1o., primer párrafo , al considerar que no corresponde a las legislaturas locales indicar cuándo es aplicable, incluso supletoriamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el Código de Comercio, el Código Civil local y la demás normatividad aplicable.

• Artículo 1o, primer párrafo, en la porción “y de justicia para adolescentes”, por regular una materia exclusiva de la Federación.


• Artículo 34, fracciones I, III, V a IX y X, en la porción normativa “del imputado o”, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX y XXI, relativas a las facultades del área de supervisión de medidas cautelares y que se refieren a la forma en que se desahogan los procedimientos penales.

• Artículo 39, párrafos segundo y tercero, relativos a la garantía económica.

• Artículo 40, ya que regula los depósitos en efectivo como garantía económica para el otorgamiento de medidas cautelares.

• Artículo 41, pues en él se imponía la obligación al Juez de Control de recibir, inventariar y poner bajo custodia de la autoridad correspondiente todos los valores distintos al dinero, como garantía económica fijada para la obtención de una medida cautelar.

• Artículo 42, en el que se establecieron los requisitos para otorgar el beneficio de la fianza judicial.

• Artículo 43, ya que en él se estableció la aplicabilidad de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Ley de Instituciones de Crédito para regular la figura del fideicomiso.

• Artículo 44, porque regulaba la prenda como forma de garantizar las obligaciones procesales del imputado.

• Artículo 45, primer párrafo en la porción normativa “de conformidad con las disposiciones de la hipoteca voluntaria, previstas por el Código Civil del Estado de Jalisco, adquiriendo el carácter de acreedor la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado”; se invalidó por regular, en esos términos, la hipoteca como forma de garantizar las obligaciones procesales del imputado.

• Artículo 46, ya que regulaba el embargo como medida cautelar, así como la forma en la que deberá publicitarse la afectación de bienes inmuebles.

• Artículo 57, porque preveía la manera en la que debía operar la suspensión temporal en el ejercicio del cargo de los servidores públicos cuando se ordenara aplicar esa medida cautelar.

• Artículos 63, 64 y 65 de la misma legislación local, ya que regulaban aspectos atinentes a la prisión preventiva oficiosa.

El Pleno reiteró su criterio respecto de la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para legislar el proceso penal, lo que excluye de esa materia a las entidades federativas, con fundamento en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal y estableció que a partir de la entrada en vigor del Decreto de la reforma constitucional, en la que se facultó exclusivamente al Congreso de la Unión para emitir la legislación única en materia procesal penal, los estados no pueden legislar al respecto y tampoco pueden señalar cuándo será aplicable el Código Nacional de Procedimientos Penales ni aún como supletoriamente.
Sentido del voto del Ministro
Comparto el criterio mayoritario sobre la falta de competencia de las legislaturas locales para regular el proceso penal. No obstante, me separo de cualquier consideración que implique, en primer término, realizar el contraste entre la ley local y el Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de determinar su inconstitucionalidad, pues reiteradamente he sostenido que el estudio de validez de la ley local en esta sede debe realizarse, primero, frente a la norma de rango constitucional, y, después, acorde con lo que disponen las leyes generales o nacionales.

También he sostenido que es necesario determinar si se está en algún supuesto de los que, excepcionalmente, es posible que sean regulados por el legislador local, aun cuando se refieran a la materia procedimental penal o que tengan incidencia en ella, precisamente porque la ley general o nacional así lo permita.

Por ello, manifiesto mi reserva en relación con la afirmación absoluta de que las legislaturas locales carecen de facultades para legislar cualquier aspecto relacionado con la materia penal, pues en esa materia se les han reconocido ámbitos de competencia a las legislaturas locales, sea en el régimen transitorio para facilitar la implementación de la reforma penal, en el orgánico o como medidas complementarias de protección de los sujetos intervinientes.

Por otra parte, la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco incide en la materia penal, porque no se limita a integrar y organizar las facultades de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, sino que estableció distintas medidas que definen los requisitos, condiciones y alcances de esas instituciones procesales.

En la sentencia se invalidó el artículo 34, solo en sus fracciones I, III, V a IX y X, en la porción normativa “del imputado o”, y XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX y XXI, relativas a las facultades del área de supervisión de medidas cautelares y que se refieren a la forma en que se desahogan los procedimientos penales.

Al respecto, estimo que dicha disposición debió ser invalidada en su totalidad porque todo su contenido se refiere a la materia penal, pues asigna funciones y obligaciones con una incidencia en la regulación procesal e indiscutiblemente no tiene el carácter de complementaria u orgánica, ni existe duda sobre si se encuentra en los casos excepcionales en los que el propio Código Nacional remite a las leyes locales.

En los artículos 39, párrafos segundo y tercero, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la ley impugnada, se establecen requisitos y normas aplicables a las garantías económicas, dentro de las cuales se encuentran el depósito de valores, la fianza judicial, el fideicomiso, la prenda o la hipoteca.

Respecto a esas disposiciones, estuve de acuerdo con la posición mayoritaria que consideró que las entidades federativas carecen de facultades para regular ese tipo de medidas, y que tampoco se encuentra en su ámbito de competencia determinar cuál es la legislación aplicable para su otorgamiento o exhibición. Considero que se trata de cuestiones comprendidas en la materia procesal penal, cuya regulación está asignada en forma exclusiva a la Federación. En consecuencia, voté a favor de la invalidez total de esas disposiciones, con independencia de cualquier consideración que pudiera realizarse sobre su conformidad o no con el Código Nacional de Procedimientos Penal o sobre la pertinencia o corrección de los requisitos establecidos en esas normas generales.

Como última cuestión me referiré a la discusión que surgió en las dos sesiones en que se discutió este asunto, relativa a la invalidez por extensión de otras disposiciones de la ley impugnada.

En el presente asunto reitero el criterio que he expuesto en varias ocasiones, en el sentido de que sobre la procedencia del análisis de la extensión de los efectos de la declaración de invalidez de normas generales en acciones de inconstitucionalidad, he considerado que esta debe ser aplicable cuando las disposiciones en análisis pertenezcan a un mismo sistema normativo.

Se trata del caso en que en un sistema ya no tendrían razón de ser ciertas disposiciones porque precisamente en las consideraciones de la sentencia se estableció que es inválida cierta determinación del legislador de la que aquéllas también participan o son resultado. Por consiguiente, no deberían subsistir preceptos del mismo sistema normativo que adolecen del mismo vicio que fue evidenciado en la ejecutoria correspondiente.

En las sesiones correspondientes, propuse un conjunto de normas generales que debieron declararse inconstitucionales por extensión, con base en el criterio mayoritario que sirvió para determinar que las legislaturas locales carecen de competencia para legislar en materia de proceso penal. Considero que, al respecto, deben analizarse los casos en que se ha reconocido que las legislaturas locales tienen facultades para expedir normas complementarias que sean necesarias para implementar el procedimiento penal, como son las de tipo orgánico, o bien aquéllas a las que puntualmente remite el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, como son las de protección de testigos.
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