Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 47/2016
Tema
Constitucionalidad de los artículos 108 y 122, fracción I, inciso b), c) y d); fracción II, inciso b); fracción III, incisos b) y c); y fracción IV, inciso b), de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa
Fecha de resolución
23 de Abril de 2018
Tipo de voto
Voto Concurrente
Sentido de la resolución
Los integrantes de la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvieron el presente asunto en el sentido de que declarar la invalidez de las porciones normativas impugnadas analizadas a la luz del principio de exacta aplicación de la ley, en su vertiente de taxatividad. De esta manera, se determinó que la expresión contenida en el artículo 108, consistente en “de manera enunciativa y no limitativa”, es contraria al referido principio, aplicable al derecho administrativo sancionador, porque genera un catálogo abierto de conductas infractoras indeterminadas.

Asimismo, se determinó que el artículo 122, en las distintas fracciones e incisos impugnados, transgrede los artículos 14, 16 y 22 constitucionales, porque genera inseguridad jurídica al sujeto infractor y permite a la autoridad actuar arbitrariamente, debido a que no prevé parámetros que permitan determinar los límites y los alcances de la sanción aplicable.
Sentido del voto del Ministro
En mi opinión, el análisis de los preceptos cuya invalidez se demandó, debió partir del marco constitucional que configura el alcance de las facultades concurrentes.

El postulado contenido en la fracción XXIX-J, del artículo 73 Constitucional, en cuanto se faculta al Congreso para expedir leyes en materia de deporte, debe entenderse como la atribución de dicho órgano legislativo para que a través de ellas se regule la materia deportiva, estableciendo bases generales de coordinación bajo un esquema de facultades concurrentes con la finalidad de que participen los diversos niveles de gobierno y al mismo tiempo para sentar las bases de coordinación de esas atribuciones para todos los niveles de gobierno.

En el caso, el texto local reproduce casi en forma literal, lo previsto en la Ley General de Cultura Física y Deporte, lo que aunque en principio podría llevar a asumir que si el texto local se ajusta a la Ley que distribuye competencias entonces, en mi opinión, respeta el marco de concurrencia previsto en la Constitución Federal y, que por ende, es constitucional; sin embargo, no es así, en tanto que la invalidez decretada por el Tribunal Pleno deriva del hecho de que en los preceptos analizados, se deja margen a las autoridades administrativas en materia de infracciones y sanciones, lo que desde luego, implica una violación al principio de taxatividad, aplicado con sus propias características, al derecho administrativo sancionador.
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