Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 53/2019
Tema
Analizar la regularidad constitucional de la porción “y multa”, contenida en los artículos 222, párrafos primero y segundo, 224, fracciones I y III, 225, párrafos primero y segundo, 226, primer párrafo, 227, párrafos primero y segundo, 229, fracciones I, II y III, 232, 233, 235, primer párrafo, y 236, fracciones I y II, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, reformados mediante el Decreto 242, publicado en el Periódico Oficial local el doce de abril de dos mil diecinueve.
Fecha de resolución
08 de Julio de 2020
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno reconoció la validez de la porción normativa “y multa” de los artículos 224, fracciones I y III, 225, párrafo primero, 226, párrafo primero, 227, párrafos primero y segundo, 229, fracciones I y III, párrafo primero, 232, 233, 235, párrafo primero, y 236, fracciones I, párrafo primero, y II, párrafo primero, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, reformados en el Decreto 242, publicado en el Periódico Oficial local el doce de abril de dos mil diecinueve. Ello ya que se consideró que dicha porción respeta el principio de taxatividad.

Ahora, en suplencia de la queja, se declaró la invalidez total del artículo 222 del ordenamiento citado, pues el Poder Legislativo local invadió la competencia del Congreso Federal para legislar en materia de secuestro y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), constitucional.

Asimismo, se declaró la invalidez de los artículos 225, párrafo segundo, y 229, fracción II, del código en comento, pues se consideró que la omisión de especificar la clase de pena referida en número de años para las conductas tipificadas en los artículos 225 y 229, fracción II, transgrede la garantía de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal, ya que la prisión no es la única pena prevista en dicho ordenamiento que puede ser impuesta por la comisión de tal ilícito, pues en términos del artículo 71 de esa misma legislación, existen sanciones distintas que pueden ser impuestas.

De ahí que la porción normativa “y se impondrá de siete a doce años”, prevista en ambas disposiciones, contraviene las garantías de seguridad jurídica y de exacta aplicación de la ley.

La porción “y multa” de esos artículos también fue invalidada, ya que al ser imprecisa la naturaleza de la pena que se expresó en número de años provocó que la sanción económica sea igualmente ambigua y su aplicación genere incertidumbre.
Sentido del voto del Ministro
Comparto el sentido y las consideraciones de la sentencia; sin embargo, formulo una aclaración.

La decisión mayoritaria del Tribunal Pleno fue clara en el sentido de que ninguna consideración de política criminal o de protección de ciertos bienes jurídicos, puede justificar que los juzgadores apliquen penas por analogía o mayoría de razón. De ahí que no podría justificarse la validez de una norma penal cuyo enunciado legal no cumple con el principio reconocido en el artículo 14 constitucional.

Ahora, como lo he sostenido reiteradamente, respecto del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ante la ambigüedad que deja un margen amplio de decisión a las autoridades ministeriales y judiciales, considero que ello es suficiente para estimar que se vulnera tal principio y por tal motivo de invalidez sería de estudio preferente cualquier otra cuestión de índole material o de política criminal.

No se trata de una cuestión de importancia o ponderación, sino de que toda ley penal debe cumplir con dicho principio, como condición necesaria para garantizar su aplicación objetiva, no arbitraria, por los juzgadores.

Considero que para resolver este asunto es relevante lo determinado por el Tribunal Pleno, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 137/2017, en la que se concluyó que el artículo 256 del Código Penal para el Distrito Federal vulnera los artículos 14 de la Constitución Federal y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los que se reconoce el derecho de legalidad en sus vertientes de taxatividad y exacta aplicación de la ley penal.

Por las razones sostenidas en esa ocasión, en la que, entre otras cosas, se dijo que el juez no puede completar la omisión del legislador en cuanto al tipo de pena a imponer, con base en la necesidad de establecer la sanción penal justificada en la ponderación de derechos o en el mandato de sancionar violaciones a la libertad o integridad de las personas, por lo que es necesario aclarar que lo aquí expresado respecto del principio de taxatividad no impide que los juzgadores atiendan a los métodos de interpretación legal, como el sistemático, para identificar la penalidad prevista en las distintas disposiciones legales.

De ahí que, atendiendo al sistema del Código Penal para el Estado de Coahuila, el Tribunal Pleno haya decidido que es válida la forma de determinar la sanción pecuniaria de la multa prevista en los artículos impugnados, ya que dicha determinación es congruente con el principio de legalidad establecido en la jurisprudencia del Tribunal Pleno.
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