Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 59/2016
Tema
El Congreso del Estado de México excede su competencia al legislar en materia de procedimiento penal acusatorio la cual le corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión.
Fecha de resolución
19 de Junio de 2018
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno declaró la invalidez de los artículos 106 quintus del Código Penal y 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos del Estado de México, por transgredir los artículos 14, 16, 19, párrafo primero y 73 fracción XIX, inciso C), de la Constitución Federal, porque el Congreso del Estado de México excedió su competencia al legislar en materia de procedimiento penal acusatorio la cual le corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión.

En el considerando quinto, el Tribunal Pleno estimó que no se actualiza el sobreseimiento solicitado previsto en el artículo 19, fracción V, con relación al diverso 65, ambos de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 105 constitucional, en relación con el artículo 4 de la Ley Reglamentaria de la materia, este Alto Tribunal puede dar efectos retroactivos a las sentencias de invalidez que dicte en relación con la impugnación de normas legales de naturaleza penal, los cuales tendrán eficacia desde la entrada en vigor de la legislación declarada inconstitucional y bajo la estricta condición de que la expulsión de la norma tienda a beneficiar ( y nunca a perjudicar) a todos y cada uno de los individuos directamente aplicados en los procesos penales respectivos.

En la sentencia se precisa que dado que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el artículo 65 de la ley reglamentaria de la materia y tomando en cuenta que no se hicieron valer otras causales de improcedencia ni este órgano jurisdiccional advierte que pueda actualizare alguna de oficio, lo procedente es analizar la constitucionalidad de las normas impugnadas.

En el considerando sexto, el Tribunal Pleno determinó la invalidez de los artículos 106 quintus del Código Penal y 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos del Estado de México. Por una parte el artículo 106 quintus establece que la determinación de no ejercicio de la acción penal extingue la acción penal e impide la persecución por los hechos determinados respecto del imputado, salvo que sea por diversos acontecimientos o en contra de diferente persona.

Por cuanto al diverso artículo 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala que el plazo de setenta y dos horas para resolver la situación jurídica de un imputado detenido, se computará a partir de que el Ministerio Publico lo deje a su disposición en el área de espera del establecimiento a cargo de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, la cual deberá notificarle dicho ingreso de manera inmediata y por cualquier medio oficial al administrador del Juzgado.

El Tribunal Pleno estableció que esas disposiciones invaden las facultades legislativas exclusivas del Congreso de la Unión, concretamente previstas en el artículo 73 fracción XXI, inciso C), párrafo primero, de la Constitución Federal, en virtud de que solamente a éste le corresponde legislar en materia procedimental penal para todo el país.

A mayor abundamiento, se señaló que el artículo 192 impugnado también se aparta de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 19 constitucional, porque este último precepto prevé expresamente la manera de como se ha de realizar el cómputo para resolver la situación jurídica del imputado en forma distinta a como lo hace la norma cuestionada.

En el considerando séptimo, el fallo imprime efectos retroactivos a la invalidez al diecisiete de junio de dos mil dieciséis, fecha en que entró en vigor el Decreto legislativo, correspondiendo a los operadores jurídicos competentes decidir y resolver, en cada caso concreto sujeto a su conocimiento, de acuerdo con los principios generales y disposiciones legales aplicadas en esta materia.
Sentido del voto del Ministro
Es un hecho notorio que mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de México el tres de febrero de dos mil dieciséis, se derogaron los artículos 106 quintus del Código Penal y 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los dos del Estado de México, en consecuencia han cesado los efectos de las normas impugnadas.

Por tanto, estimo que se actualiza el sobreseimiento solicitado en los artículos antes mencionados, ambos de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal.

Considero que la reforma a este artículo constituye un nuevo acto legislativo bajo el criterio del Tribunal Pleno, pues fue producto de un proceso legislativo (criterio formal) y generó un verdadero cambio normativo.

Aunado a ello, reitero que no comparto el criterio mayoritario que no ha lugar a sobreseer por cesación cuando se impugna normas generales en materia penal, expresado en la tesis aislada P. IV/2014 (10a.), de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA.

Comparto la conclusión a la que arribó el Tribunal Pleno; sin embargo formulo reserva en el sentido de que no es suficiente que el Código Nacional de Procedimientos Penales regule determinada institución, para considerar automáticamente que los estados carecen de facultades para legislar sobre ellas. Esto es así, pues el propio Código Nacional contiene disposiciones que reconocen ámbitos de competencia a las legislaturas locales. En todo caso, tendría que precisarse si las normas impugnadas se encontraban o no en esos ámbitos.

Lo anterior deriva lo resuelto en las acciones de inconstitucionalidad 12/2014 ,106/2014 y 107/2014 , en las que este Tribunal Pleno interpretó el artículo 73, fracción XXI, inciso C), constitucional , y estableció que, de acuerdo con su contenido, el Congreso de la Unión es competente para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de procedimientos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República, excluyendo de esta forma la concurrencia de los Estados para legislar al respecto.
Se concluyó que a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto de la reforma constitucional en la que se facultó de manera exclusiva al Congreso de la Unión para emitir la legislación única en materia
procesal penal, los Estados no pueden legislar al respecto, pues habían dejado de tener competencia sobre la materia procedimental penal, mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas.

También se precisó que hasta en tanto entre en vigor la legislación única podían seguir aplicando la legislación local expedida con anterioridad a esa fecha, lo que se corrobora con el contenido del artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme al cual, los procedimientos penales que a la entrada en vigor se encuentren en trámite continuarán su sustanciación en términos de la legislación aplicable en el momento de su inicio.

Asimismo, se determinó que de acuerdo al artículo 2°, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el objeto del código es establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, por lo que todos los aspectos que dentro de esos rubros se encuentren ahí regulados, no pueden ser parte de las normas estatales, ni siquiera en forma de reiteración, en tanto que el Código Nacional es de observancia general en toda la República.

Por otro lado, se reconoció que en términos del octavo transitorio del Código Nacional, la competencia de las entidades federativas se limita
a la expedición de normas complementarias que resulten necesarias para su implementación, las cuales tienen un carácter instrumental.

En virtud de lo anterior, en reiteradas ocasiones he manifestado salvedad en el sentido de que la prohibición de que los Estados puedan legislar en algunas materias no es absoluta. Asimismo, en materia de protección de testigos, el artículo 367 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece:

Artículo 367. Protección a los testigos
El Órgano jurisdiccional, por un tiempo razonable, podrá ordenar medidas especiales destinadas a proteger la integridad física y psicológica del testigo y sus familiares, mismas que podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario, sin menoscabo de lo dispuesto en la legislación aplicable.

En relación con los efectos de la sentencia, reitero mi oposición a que se impriman efectos retroactivos a la declaración de invalidez de normas generales en la acción de inconstitucionalidad, incluso de disposiciones relativas a la materia penal. Estimo que esos efectos no son propios de un medio de control constitucional abstracto que sólo puede expulsar las normas generales del ordenamiento, sin atender a circunstancias o hechos pasados.

En esa tesitura, como lo he expresado en el Tribunal Pleno, en este tipo de determinaciones respaldadas por una posición mayoritaria respecto de la cual disiento, me inclino por formular mi voto con reservas, en lugar de votar en contra, como en el caso ocurre en relación con el sobreseimiento por cesación de efectos de la norma impugnada y los efectos retroactivos de la declaración de invalidez. Estoy convencido de que la seguridad jurídica y la certeza deben prevalecer sobre mi posicionamiento personal. Por tanto, cuando existe una consideración respaldada por un número suficiente de Ministros cercano a una mayoría, sea simple o calificada, me he inclinado por sumarme a esa posición para que se facilite el establecimiento del criterio como mayoritario, en el entendido de que mi respaldo se encuentra supeditado a que permanezca la integración que fijó el criterio y a que los Ministros que lo sostienen no cambien su posición.
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