Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 60/2018
Tema
Determinar si los artículos 149, segundo párrafo, y 151, primer párrafo, de la Ley para el Desarrollo Agrícola del Estado de Aguascalientes, en los que se estableció que “Los supuestos específicos de infracción a la presente Ley serán determinados en su Reglamento” y que “Las sanciones por las violaciones a esta Ley y a su Reglamento, serán determinadas con base en ellos, por la Secretaría”, respetan los principios de seguridad jurídica y reserva de ley.
Fecha de resolución
20 de Enero de 2020
Tipo de voto
Voto Particular
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno, por una parte, desestimó la acción respecto de la propuesta relativa al estudio sobre la invalidez del artículo 149, segundo párrafo, de la ley impugnada, al no haberse alcanzado la votación calificada prevista en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la ley reglamentaria de la materia para declarar la inconstitucionalidad con efectos generales del precepto cuestionado.

Por otra parte, una mayoría calificada de Ministras y Ministros votaron por declarar la invalidez del artículo 151, primer párrafo, de la Ley para el Desarrollo Agrícola del Estado de Aguascalientes.

Ello bajo la consideración toral consistente en que dicha porción normativa vulneraba los principios de seguridad jurídica y reserva de ley, pues el legislador no había precisado cuáles eran las infracciones a la ley que podían derivar en una sanción, ni había señalado las sanciones que podían llegar a imponerse, y si bien en el artículo 150 se había precisado que “Cualquier infracción que sea sancionada administrativa o pecuniariamente, deberá resarcir también los daños y perjuicios ocasionados a terceros, de acuerdo con la legislación correspondiente”, lo cierto es que de allí sólo se advertía que, además de las sanciones pecuniarias, podrían existir otras de naturaleza administrativa, sin que se hubiese establecido en ley a cuáles se refería concretamente.

En este sentido, la mayoría consideró que el legislador local había delegado al reglamento el establecimiento y regulación de las sanciones, sin que existiera justificación alguna para ello, además de que tal delegación o remisión se había realizado en términos absolutos y sin establecer alguna directriz o lineamiento, lo cual era inaceptable en el presente caso, pues no existía justificación alguna para ello.
Sentido del voto del Ministro
Tal como lo manifesté en la sesión respectiva, respetuosamente considero que en el presente caso debió sostenerse la validez de los preceptos impugnados, por las razones siguientes.

En principio hay que tomar en consideración que las normas que fueron materia de análisis, se encuentran dentro del título séptimo de la Ley para el Desarrollo Agrícola del Estado de Aguascalientes, que se refiere a infracciones, sanciones y medios de defensa; esto es, forman parte de un subsistema creado dentro de la propia ley que, cabe señalar, no es una ley específica en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos, sino que simplemente incorpora un apartado que busca atender al sistema anticorrupción que se ha constituido en México, y en específico, a lo que se dispone en la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis.

Lo anterior queda más claro si tomamos en cuenta que el artículo 149 de la ley local impugnada señala que las autoridades encargadas de aplicar esa legislación están sujetas a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, la cual, a su vez, debe ajustarse a lo que dispone la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en términos de lo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se expidió esta última.

Es importante también recordar que la mencionada Ley General fue expedida por el Congreso de la Unión en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:

“Art. 73.- El Congreso tiene facultad:
[…]
XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación”.

Esto me parece de crucial relevancia debido a que, como ya lo he mencionado en diversas discusiones, para analizar la constitucionalidad de leyes locales que derivan de leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión en uso de la facultad otorgada por la propia Constitución Federal, debe atenderse no solamente a lo que señala la Carta Magna, sino también a lo que se establece en la ley general respectiva.

En este contexto, debe destacarse que, en lo que aquí interesa, la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé una norma abierta, que permite que sean las propias autoridades aplicadoras de la ley quienes determinen qué conductas pueden ser o no susceptibles de sanción frente a una conducta “no grave”.

Ello se advierte de la lectura de su artículo 50, primer párrafo, que dispone:

“Artículo 50. También se considerará falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves señaladas en el Capítulo siguiente, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente público.
[…]”.

Esa disposición se recoge en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes , a la que hace remisión la Ley para el Desarrollo Agrícola del Estado de Aguascalientes que fue materia de análisis en este caso.

En este sentido, si la propia Ley General que rige en materia de responsabilidades administrativas para toda la República –y a la cual se deben ajustar las leyes locales que de alguna forma tengan vinculación con esta materia– prevé la posibilidad de establecer normas abiertas en tratándose de la determinación de supuestos de infracción, respetuosamente considero que en el presente caso resulta válido que, partiendo de una interpretación conforme, la Ley de Desarrollo Agrícola para el Estado de Aguascalientes prevea también normas abiertas en relación con las infracciones y sanciones, y remita al reglamento respectivo para que se precisen y pormenoricen.

Con base en lo anterior, y contrario a lo sostenido por la mayoría, desde mi perspectiva los preceptos que fueron materia de análisis en el presente asunto admitían una interpretación conforme y, en consecuencia, debieron considerarse constitucionales.

Ello no implica que la autoridad administrativa, al expedir el reglamento correspondiente, pueda establecer cualquier tipo de infracción o sanción para los sujetos obligados en términos de la ley general y local respectivas, pues en todo caso, la pormenorización de esas infracciones y sanciones deberá ajustarse a lo dispuesto en esas leyes, pues de no hacerse así, dicho reglamento sí podrá ser tachado de inconstitucional, al no someterse a los parámetros establecidos en esas normas.
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