Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 61/2019
Tema
Constitucionalidad de la Ley número 248 de Comunicación Social Para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, por violaciones al procedimiento legislativo.
Fecha de resolución
02 de Marzo de 2020
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
En la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad, el Pleno de este Tribunal Constitucional, declaró la invalidez de la Ley número 248 de Comunicación Social Para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve.

El proyecto original presentado al Pleno propuso la invalidez sustentada en la falta de consulta previa a las comunidades indígenas, así como a personas con discapacidad, como una formalidad esencial del procedimiento legislativo.

Sin embargo, una mayoría de seis Ministros se pronunciaron en contra de la propuesta, al considerar que en el asunto no resultaba necesaria la consulta, por tratarse de una ley que no es específica para estos grupos vulnerables; así, al no prosperar la invalidez con base en la falta de consulta a comunidades indígenas y personas con discapacidad, se procedió al estudio de violaciones al procedimiento legislativo que dio origen a la norma impugnada.

Al respecto, una mayoría de diez Ministros consideraron que la ley impugnada es inconstitucional por violaciones al procedimiento legislativo, ya que el legislador no ofreció una motivación suficiente para sustentar la dispensa del trámite legislativo, que ordinariamente hubiera permitido a los legisladores contar con una copia del dictamen legislativo con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación para familiarizarse con la propuesta y reflexionar sobre su contenido para hacerse de una posición propia. Adicionalmente, los diputados sólo tuvieron acceso al contenido del dictamen mediante la publicación en la Gaceta Parlamentaria, publicación que se realizó en un plazo menor a veinticuatro horas. Finalmente, porque no se constató que la dispensa se hubiera decretado por la mayoría calificada requerida reglamentariamente.
Sentido del voto del Ministro
A través de este voto, por una parte, se destacan las razones por las que, en el caso, se considera innecesaria la consulta a las comunidades y personas con discapacidad; y, en un segundo apartado, el criterio en relación con el estudio de violaciones en el proceso legislativo.

El Ministro José Fernando Franco Gonzáles Salas forma parte de mayoría de los integrantes del Pleno que considera que el requisito de las consultas en materia indígena, así como de personas con discapacidad debe evaluarse como una formalidad esencial del procedimiento legislativo. En su opinión, las consultas se erigen como parámetro de control constitucional en dos vertientes, como derecho sustantivo, cuya violación puede ser reclamada respecto de un contenido normativo, o bien, como requisito constitucional del procedimiento legislativo, en cuyo caso puede analizarse en acción de inconstitucionalidad, como cualquier violación aducida al procedimiento legislativo.

Al respecto, considera que no cualquier medida legislativa que tenga vinculación con los pueblos y comunidades indígenas así como con las personas con discapacidad, exige la consulta previa, sino sólo aquellas que sean susceptibles de afectación directa de sus intereses y/o derechos.

Así, la condición de aplicación relevante es que en el procedimiento legislativo se discuta y eventualmente se apruebe una medida que reglamente una actividad relacionada con dichos intereses y/o derechos de estos grupos colectivos.

En ese sentido, cuando se trate de medidas legislativas susceptibles de afectación directa a estos grupos vulnerables, el legislador debe respetar no sólo las reglas que regulan el proceso legislativo, establecidas en la Constitución General y en las leyes aplicables, sino que también debe considerar como un requisito procesal de validez la de insertar las consultas, en tanto no le son disponibles sino que indefectiblemente deben escucharse a las comunidades indígenas y a las personas con discapacidad.

En el asunto que se analiza, la ausencia de consulta no tiene el potencial de invalidar el decreto impugnado, en tanto no tiene un impacto en el ordenamiento en su integridad, que permita considerar que la ley tiene como objeto específico la regulación de cuestiones que afecten directamente a las comunidades indígenas o a las personas con discapacidad, puesto que se trata de la Ley Número 248 de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que reglamenta el párrafo segundo del artículo 79 de la Constitución de esa entidad, relativo a la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social y que tiene por objeto establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a la vez que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

De esta manera, derivado de que la ley Número 248 de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no afecta directamente los intereses y/o derechos de estos grupos vulnerables, en su opinión, no resultaba necesaria la consulta previa.

Por otra parte, en relación con el estudio de las violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento legislativo he sostenido que dentro de dicho procedimiento pueden suceder violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la disposición normativa, de manera tal que provocan su invalidez o inconstitucionalidad; así como que pueden suscitarse irregularidades de esa misma naturaleza que por su entidad no afectan su validez.

Al respecto, no debe perderse de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a los sucesos presentados en el desarrollo de los trabajos parlamentarios, como, por ejemplo, la entrada en receso de los órganos legislativos o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia, circunstancias que suceden habitualmente.

En lo personal sigue considerando que el Juez Constitucional debe ser deferente con el legislador democrático, por lo que solo en los casos de violaciones verdaderamente graves, debe invalidar un proceso legislativo en su integridad.

En este contexto, la evaluación del cumplimiento de los estándares enunciados debe hacerse cargo de las particularidades de cada caso concreto, sin que ello pueda llevar, por supuesto, a la desatención por completo de aquéllos.

En ese sentido, considera que el análisis que el órgano jurisdiccional debe realizar cuando revisa el procedimiento legislativo por el que fue emitida una disposición normativa es el que se dirige a determinar si la existencia de una violación o irregularidad trasciende o no de modo fundamental en su validez constitucional, sobre la base de los principios de economía procesal y equidad en la deliberación parlamentaria y en atención a las particularidades del caso.
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