Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 62/2016
Tema
Se analizó la constitucionalidad del artículo 128, tercer párrafo, de la Ley de Amparo.
Fecha de resolución
06 de Julio de 2017
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
En la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad, la postura mayoritaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la validez de la porción normativa del artículo 128, tercer párrafo, de la Ley de Amparo.
Sentido del voto del Ministro
Quienes suscribimos este voto no compartimos el sentido de la sentencia, pues nos parece que el precepto impugnado resulta inconstitucional al transgredir el contenido del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como punto de partida debe reconocerse que el artículo referido establece que los actos reclamados pueden ser suspendidos, cuando la naturaleza del acto lo permita, a través de un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Por lo tanto, si bien la constitución remite a la ley reglamentaria, también ordena que se debe hacer un análisis ponderado en todos los casos que se decida sobre la suspensión.

Ahora bien, consideramos que el artículo impugnado dispone que es improcedente la suspensión del acto reclamado, cuando éste consista en la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.

Por tanto, la adición al artículo 128 de la Ley de Amparo se traduce en una prohibición tajante para poder suspender los actos antes referidos; la cual consideramos, no se supera o puede dejar de observarse a partir de la interpretación planteada por el criterio mayoritario del Tribunal Pleno en la sentencia, relativa a que debe efectuarse en función de las reglas generales para la concesión de la suspensión.

Lo anterior es así, pues no debe perderse de vista que por disposición constitucional, si la naturaleza del acto reclamado no permite su suspensión, menos aún debe sujetarse al escrutinio de los requisitos para determinar si procede o no otorgarse tal medida cautelar.

Por lo que, contrario al dicho de la mayoría, estimamos que ninguna interpretación del artículo 128 y demás disposiciones de la ley de la materia relacionados con la suspensión del acto reclamado permite aceptar que los actos referidos en la porción normativa impugnada se puedan suspender, por el hecho de que asista al solicitante la apariencia del buen derecho y se considere que el otorgamiento de tal medida no afecta al interés social y/o el orden público.

Tal afirmación obedece a que la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social involucran el juicio de probabilidad y verosimilitud que el Juez de amparo debe realizar en cada caso, es decir, es producto del arbitrio judicial con el que el juzgador resuelve sobre la suspensión. Aspecto que el legislador vedó al estimar que por la naturaleza de los actos (atinentes al nuevo proceso penal), la medida es improcedente.

En otras palabras, dada la prohibición, se impide al Juez realizar el análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y el interés social que constitucionalmente está ordenado realizar para la procedencia de la suspensión. En consecuencia, el único modo de permitir que los actos reclamados consistentes en “la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial” sean susceptibles de suspenderse, es invalidando la prohibición impugnada.

Por tales motivos, consideramos que debió invalidarse la porción normativa demandada para que las técnicas de investigación y medidas cautelares fueran tratadas como cualquier acto reclamado y la procedencia de la suspensión se pudiera analizar caso por caso en función de los requisitos que debe satisfacer esa medida. Es decir, permitir que el Juzgador de amparo ejerza el arbitrio judicial que le es concedido constitucionalmente y decida casuísticamente si procede la suspensión contra la técnica o medida sometida a su jurisdicción.

Por las razones expuestas, consideramos que lo correcto era invalidar el artículo 128, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en la parte que dice: “y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial”.
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