Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 66/2018
Tema
Se desestimó el planteamiento consistente en declarar la invalidez del artículo 36, fracción II, inciso h, en su porción normativa “Dichas grabaciones de audio o video se consideran como información reservada, y”, de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de Baja California, expedida mediante Decreto No. 235 publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el trece de julio de dos mil dieciocho.
Fecha de resolución
10 de Febrero de 2020
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
En la sentencia de la acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez del artículo 36, fracción II, inciso h, en su porción normativa “Dichas grabaciones de audio o video se consideran como información reservada, y”, de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de Baja California, expedida mediante Decreto No. 235 publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el trece de julio de dos mil dieciocho.

Lo anterior, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución General y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones, I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sentido del voto del Ministro
En el proyecto original que se presentó a consideración del Pleno de este Alto Tribunal, se propuso declarar la invalidez del precepto referido en el párrafo que antecede, por violación a los principios de máxima publicidad y disponibilidad de la información que reconoce el artículo 6° constitucional.

En relación con esta propuesta, emití voto en contra, y si bien la acción de inconstitucionalidad se desestimó al no alcanzarse la votación calificada, me parece importante señalar mi postura, conforme a la que, en mi opinión, debía declararse la validez de la norma.

En primer lugar, destaco que el precepto en la porción impugnada establece que las grabaciones de audio y video del desarrollo de los operativos que lleven a cabo las instituciones policiales en el Estado, serán consideradas información reservada; de esta manera, una interpretación aislada de la norma, llevaría a considerar que establece una reserva absoluta de información, contraria al principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6º de la Constitución General.

Sin embargo, en mi opinión, debió decretarse su validez, derivado de un estudio sistemático e integral y no aislado de la disposición normativa.

Lo anterior lo sustento en que la propia norma impugnada hace una remisión a la ley de transparencia del estado, a efecto de determinar el acceso a dicha información, puesto que la disposición establece textualmente “Dichas grabaciones de audio o video se considerarán como información reservada, y el derecho a su acceso se ejercitará de conformidad con lo establecido a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California”. En los supuestos en que una disposición legal forma parte o es complementaria de la norma remitente a otra, se entiende que la norma a la cual se remite forma parte integrante de la norma remitente.

En ese sentido, en virtud del reenvío que realiza el precepto señalado, a la ley en materia de transparencia y acceso a la información vigente en el Estado, en la que se establecen disposiciones de clasificación de la información bajo la aplicación de la prueba de daño , la interpretación sistemática que ha venido construyendo este Tribunal Pleno, conlleva considerar que la norma impugnada no establece una reserva absoluta de información.

De esta manera, en mi opinión, resultaban infundados los conceptos de invalidez planteados por la accionante, porque parten de la interpretación aislada de la norma impugnada, por parte de la mayoría del Pleno. Con ello, la mayoría pasó por alto la interpretación sistemática que ha venido construyendo, específicamente, para casos como el que es materia de este Voto Concurrente.

Con este criterio del Pleno, se salva la inconstitucionalidad alegada, cuando del articulado de la ley de la materia en su conjunto se puede deducir la existencia de un asidero jurídico suficiente para sostener lo contrario.

Ello, mediante la vinculación de distintos preceptos que forman parte del sistema o subsistema normativo del que forma parte la norma tachada de inconstitucional que, al interpretarse de manera conjunta, y con el sentido interpretativo que se asigna como producto de ese ejercicio, lleva a la convicción de que acorde con el principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución, el juez constitucional debe elegir la que preserve la constitucionalidad de la norma impugnada pues, además de la conveniente deferencia al legislador democrático que ello representa, con esta forma de actuar se garantiza la supremacía constitucional y, simultáneamente, se permite una adecuada y constante aplicación del orden jurídico .
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