Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 68/2016
Tema
Validez del artículo 40, fracción LIV, de la Constitución de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el seis de julio de dos mil dieciséis.
Fecha de resolución
26 de Agosto de 2019
Tipo de voto
Voto Concurrente
Sentido de la resolución
La eliminación de la potestad previamente conferida al Consejo Estatal de Participación Ciudadana para solicitar la realización y desarrollo de mecanismos de participación ciudadana no es contraria a la Constitución Federal, pues ello obedeció a la homologación de la Constitución local con el texto de la Constitución Federal en el sentido de que al organismo público electoral local le corresponde la organización, desarrollo, vigilancia y ejecución de los mecanismos de participación ciudadana; sin embargo, durante la discusión del asunto expresé algunas dudas que ahora expongo en este voto concurrente.

Como es señalado en la sentencia de esta acción de inconstitucionalidad, el veintisiete de abril de dos mil diecisiete fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el decreto 1865, por medio del cual fueron reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, en específico su artículo 19-Bis, en el cual fue delegado a la ley secundaria la identificación concreta de los medios de participación ciudadana reconocidos en el Estado, a efecto de que en una ley emitida por el Congreso local sean precisados y desarrollada la normativa aplicable .
Sentido del voto del Ministro
Si bien en el artículo 41, fracción V, Apartado C, punto 9, de la Constitución General fue establecido que a los organismos públicos locales corresponde la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación local y, por ende, no hay una reserva expresa en ese cuerpo normativo a las constituciones locales, tengo dudas sobre la validez de que los Estados eliminen de su Constitución la enumeración de este tipo de mecanismos y lo dejen a una ley secundaria, como sucedió en este caso.

Los mecanismos de participación democrática directa protegen derechos humanos reconocidos en la Constitución General y en varios tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, por lo que al permitirse que el Constituyente local reforme su Constitución para que el legislador ordinario los regule, relega el reconocimiento de los mecanismos para el ejercicio de esos derechos a un segundo estadio de importancia y, consecuentemente, puede suprimirlos discrecionalmente en atención al momento y circunstancias concretas.

Este problema no fue planteado en la acción de inconstitucionalidad como tal –no podría estarlo porque la reforma en donde fue delegado a la legislación secundaria fue previa al decreto impugnado–; sin embargo, me parece un problema de la mayor envergadura que debió tomarse en cuenta para la resolución de este asunto y para casos futuros.
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