Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 79/2019
Tema
Determinar la validez de los artículos 28, fracción IV, y 105, fracción I, de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas para el Estado de Tabasco
Fecha de resolución
23 de Abril de 2020
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno reconoció la validez de los artículos 28, fracción IV, y 105, fracción I, de Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas para el Estado de Tabasco, esencialmente por las consideraciones siguientes.

En la reforma del artículo 73, fracción XXI, inciso a), constitucional se facultó al Congreso de la Unión para expedir la ley general que estableciera, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de desaparición forzada de personas.

Así, el Congreso de la Unión expidió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en cuyo artículo 133 se previó el Registro Administrativo de Detenciones como una herramienta del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y se facultó a las entidades federativas para que contaran con un Registro Administrativo de Detenciones, previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Posteriormente, se modificó la fracción XXIII del artículo 73 constitucional y se facultó al Congreso de la Unión para expedir la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la que a su vez facultó a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para integrar el Registro Nacional de Detenciones e instalar el Sistema de Consulta; sin embargo, mientras iniciaba operaciones el Registro Nacional de Detenciones, seguiría funcionando el Registro Administrativo a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La mayoría de los integrantes del Tribunal Pleno decidieron que si bien fueron reformadas la Constitución Federal y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se emitió la Ley Nacional del Registro de Detenciones, el artículo 133 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada no fue modificado, en el cual se permitió a los estados establecer a su homólogo local y se hace un reenvío a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por lo tanto, el legislador local sí tenía facultades para establecer el Registro Administrativo de Detenciones. Sin que sea obstáculo para ello que las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública hayan eliminado el Registro Administrativo, pues de acuerdo con el régimen transitorio, dicho registro seguiría funcionando mientras no se integrara el Registro Nacional.

Asimismo, el legislador local sí era competente para establecer el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas y para contar con un Registro Administrativo de Detenciones, por lo que se reconoció la validez del artículo 28, fracción IV, impugnado.

También se consideró que el sistema relativo al Registro Nacional de Detenciones sigue en implementación, pues a la fecha en que se resolvió el presente asunto, aún no se había integrado el Registro Nacional o instalado el Sistema de Consulta.

Lo anterior ya que no es dable exigirle al legislador local la implementación inmediata de esos sistemas, derivado de la premura y la complejidad del entramado en la materia.

Por lo tanto, se reconoció la validez del artículo 105, fracción I, de la ley local impugnada, pues no transgrede la legalidad ni la seguridad jurídica de las personas.
Sentido del voto del Ministro
Respetuosamente, no comparto la decisión de la mayoría, pues considero que el legislador local no es competente para regular el registro de detenciones, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo Primero transitorio del decreto de reforma de la fracción XXIII del artículo 73 constitucional, se ordenó al Congreso de la Unión emitir la ley nacional del registro de detenciones, dentro de los noventa días naturales siguientes al inicio de su vigencia, la cual fue publicada el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve y entró en vigor al día siguiente.

Como refirió la mayoría del Pleno, en el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Nacional del Registro de Detenciones, se estableció un plazo de ciento ochenta días naturales para integrar el Registro Nacional de Detenciones y mientras tanto seguiría operando el Registro Administrativo a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cual remiten las disposiciones impugnadas.

Al resolverse este asunto, se tuvo en cuenta que el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve se publicaron los Lineamientos para el Funcionamiento, Operación y Conservación del Registro Nacional de Detenciones, en cuyo artículo Segundo transitorio se adoptó una implementación gradual de los mismos, la cual finaliza el primero de abril de dos mil veintiuno.

Ahora, en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas para el Estado de Tabasco se aprecian los artículos impugnados, lo cuales se publicaron el doce de junio de dos mil diecinueve, esto es, con posterioridad al inicio de vigencia de la reforma al artículo 73 mencionado.

En consecuencia, las disposiciones impugnadas se expidieron cuando ya estaba vigente la reforma en la que se facultó al Congreso de la Unión para emitir la ley nacional del registro de detenciones, lo que también fue posterior a la publicación de dicha ley, por lo que, desde mi perspectiva, se invadió la facultad exclusiva otorgada al Congreso de la Unión, pues las entidades ya no estaban facultadas para regular esa materia.

Lo anterior con base en los precedentes del Tribunal Pleno, en los que se ha sostenido que cuando la Constitución Federal otorga competencia al Congreso de la Unión para emitir leyes nacionales únicas en determinada materia, las entidades federativas carecen de facultades para legislar al respecto, a partir del inicio de la vigencia de la reforma constitucional.

Considero que en este asunto no había justificación para apartarse de la aplicación de dicho criterio, pues el Estado de Tabasco no podía ejercer una atribución de la que carecía, ni bajo el argumento de que aún estaba operando el Registro Nacional de Detenciones.

En mi opinión, el análisis de regularidad constitucional depende del contenido de la Constitución y de su interpretación, sin condicionarse a la actuación de los poderes legislativo ni ejecutivo.

Máxime que, como ocurre en este caso, la reforma a la ley local se expidió con posterioridad a la modificación del artículo 73, fracción XXIII, constitucional, lo que es suficiente para declarar su invalidez. Incluso, fue posterior a la emisión de la ley nacional en esa materia, aunado a que dicha reforma remite a un sistema de registro que fue sustituido por la ley nacional referida.

Si bien la decisión mayoritaria se apoyó en instrumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cierto es que no pueden servir de fundamento para alterar las competencias de los distintos niveles de gobierno establecidas en nuestra Constitución, por lo que debieron invalidarse los artículos impugnados.
Se abrirá en otra página