Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 80/2018
Tema
Se analizó la constitucionalidad de los artículos 23, fracciones I, II y III, 30 y 33 de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, expedida mediante Decreto # 407, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintidós de agosto de dos mil dieciocho.
Fecha de resolución
13 de Febrero de 2020
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno reconoció la validez de los artículos 23, fracciones I, II y III, y 33, en su porción normativa ‘las grabaciones en las que no aparezca alguna persona física identificada o identificable, tendrán el carácter de información reservada’, de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, expedida mediante Decreto # 407, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintidós de agosto de dos mil dieciocho; sin embargo, la desestimó respecto del artículo 30 de la propia Ley.

En relación con este último precepto, en el proyecto original se propuso al Pleno de este Tribunal que la norma establecía una prohibición a las autoridades y a los particulares de proporcionar los videos con o sin sonido obtenidos de las cámaras de vigilancia, con la salvedad de lo que prevea la propia ley, por lo que se determinaba su inconstitucionalidad.

No obstante, sometida a votación la propuesta, siete de los señores Ministros determinaron que el numeral impugnado resultaba inconstitucional; de ahí que, al no alcanzar la mayoría calificada de ocho votos para realizar una declaratoria general de invalidez del precepto impugnado, se determinó desestimar el planteamiento.
Sentido del voto del Ministro
En relación con esta propuesta, emití voto en contra, y si bien la acción de inconstitucionalidad se desestimó al no alcanzarse la votación calificada, me parece importante señalar mi postura, conforme a la que, en mi opinión, debía declararse la validez de la norma impugnada.

En primer lugar, destaco que el precepto impugnado prohíbe proporcionar a las autoridades y a los particulares las imágenes con o sin sonido obtenidas por actividades de videovigilancia, salvo en los casos establecidos en la propia ley; de esta manera, una interpretación aislada de la norma llevaría a considerar que establece una reserva absoluta de información, contraria al principio de máxima publicidad que rige en la materia; sin embargo, en mi opinión, debió decretarse su validez, derivado de un estudio sistemático e integral y no aislado de la disposición impugnada.

Lo anterior lo sustento en que la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, en el capítulo VI denominado “Administración y destino de la información”, en el artículo 22 , prevé que la información obtenida por los sistemas de vodeovigilancia debe registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, ambas del estado de Zacatecas.

En ese sentido, en virtud de la remisión que realiza el precepto señalado, a las leyes en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales vigentes en el Estado, en las que se establecen disposiciones de clasificación de la información bajo la aplicación de la prueba de daño , la interpretación sistemática que he referido conlleva considerar que la norma impugnada no establece una reserva absoluta de información.

De esta manera, en mi opinión, resultaban infundados los conceptos de invalidez planteados por la accionante porque parten de la interpretación aislada, por parte de la mayoría del Pleno, de la norma impugnada. Con ello, la mayoría pasó por alto la interpretación sistemática que ha venido construyendo, específicamente, para casos como el que es materia de este Voto Concurrente.

Con este criterio del Pleno, se salva la inconstitucionalidad alegada, cuando del articulado de la ley de la materia en su conjunto se puede deducir la existencia de un asidero jurídico suficiente para sostener lo contrario.

Ello, mediante la vinculación de distintos preceptos que forman parte del sistema o subsistema normativo del que forma parte la norma tachada de inconstitucional que, al interpretarse de manera conjunta, y con el sentido interpretativo que se asigna como producto de ese ejercicio, lleva a la convicción de que acorde con el principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución, el juez constitucional debe elegir la que preserve la constitucionalidad de la norma impugnada pues, además de la conveniente deferencia al legislador democrático que ello representa, con esta forma de actuar se garantiza la supremacía constitucional y, simultáneamente, se permite una adecuada y constante aplicación del orden jurídico .

Estas razones constituyen las reservas y aclaraciones que justifican el presente voto concurrente.
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