Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 80/2019
Tema
Determinar la validez de los artículos 30, fracción V, y 198 del Código Penal del Estado de Chihuahua, publicados en el Periódico Oficial local, el quince de junio de dos mil diecinueve.
Fecha de resolución
27 de Abril de 2020
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno declaró la invalidez de los artículos 30, fracción V, y 198 del Código Penal del Estado de Chihuahua porque, en esencia, la competencia para legislar en materia de delitos electorales corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión.

Lo anterior se sustentó en la interpretación de los artículos 116, fracción IV, inciso o), y 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, con base en los cuales se aclaró una inconsistencia que versaba en que tanto y otra disposición –desde dos mil catorce– confieren atribuciones a las entidades federativas y a la Federación para legislar sobre delitos electorales.

La decisión se basó en lo que ya había resuelto el Pleno en la acción de inconstitucionalidad 63/2017 y sus acumuladas 65/2017, 66/2017, 67/2017, 68/2017, 70/2017, 71/2017, 72/2017, 74/2017 y 75/2017, en la que se determinó que existía esa antinomia jurídica y se determinó que a partir del examen de la evolución de las reformas constitucionales debía estimarse que en la actualidad la exclusividad para legislar en materia penal electoral correspondía al Congreso de la Unión.

Por otra parte, en la resolución mayoritaria (en las fojas 44 a 47) se destacó que el trece de abril del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformó, entre otros ordenamientos legales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en el que, entre otras modificaciones, se introdujo la adición de la fracción XV al artículo 3o., para prever la definición de “violencia política contra las mujeres en razón de género”.

También, se adicionó el artículo 20 Bis, en el que se tipificó el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, y se establecieron sus sanciones.

Así, se concluyó que con base en lo anterior es evidente que el Congreso de la Unión previó, en ejercicio de la competencia constitucional que le corresponde, las conductas que consideró que configuran dicho ilícito.
Sentido del voto del Ministro
Si bien comparto las consideraciones esenciales, las cuales voté a favor, me separo de los argumentos contenidos en las fojas 44 a 47, pues lo relevante en este asunto es que, conforme al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, habiendo despejado su inconsistencia con lo establecido en el artículo 116 constitucional, la legislatura local carece de competencia para emitir las normas impugnadas en las que reguló un delito electoral.

De acuerdo con el precedente citado en la propia resolución a raíz de la reforma constitucional de dos mil catorce, se determinó ceder al orden federal la definición de los tipos penales y sus sanciones en materia electoral. Cuestión que se corrobora con el artículo segundo transitorio, fracción III, del decreto de reforma constitucional de dos mil catorce, conforme al cual se otorgó un plazo fijo al Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia de delitos electorales que establezca los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias, así como las formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas.

En ese sentido desde el inicio de vigencia de la reforma al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de diez de febrero de dos mil catorce, la legislatura local ya no tiene competencia para regular sobre delitos electorales.

Por esa razón, es irrelevante que el Congreso de la Unión emita disposiciones que tipifiquen penalmente conductas de violencia política contra la mujer. Eso no modifica el aspecto constitucional referente a que la legislatura local emitió una reforma legislativa sin tener facultades para ello. Este argumento podría suponer que cuando el legislador federal no ha ejercido sus facultades exclusivas, los estados tienen competencia para regular esas materias, cuestión que no comparto.

Al respecto, en reiteradas ocasiones, me he pronunciado en el sentido de que la inconstitucionalidad de la ley local no puede derivar, cuando el vicio es por incompetencia para legislar en la materia, de su conformidad o no con el contenido de las leyes generales o federales.

Consecuentemente, me separo de las afirmaciones que tienden a corroborar o confirmar el vicio de inconstitucionalidad de la ley impugnada en la emisión de la ley federal que atiende la misma necesidad social que buscó satisfacer la legislación impugnada.
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