Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 81/2018
Tema
Se analizó la constitucionalidad del Decreto Número 778, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, así como de la Ley Número 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho.
Fecha de resolución
20 de Abril de 2020
Tipo de voto
Voto Concurrente
Sentido de la resolución
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el Decreto Número 778, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

La invalidez decretada se sustentó en que la consulta indígena realizada de manera previa a la reforma impugnada, no cumplió con las fases establecidas en la propia resolución, de tal manera que se actualizó una violación directa a los artículos 2° de la Constitución Federal y 6 del Convenio 169 de la OIT.
Sentido del voto del Ministro
Si bien estoy de acuerdo con la invalidez decretada por el Tribunal Pleno y reconociendo la amplia labor de investigación realizada por el Ponente y su equipo, para allegarse la información sobre distintas opiniones nacionales e internacionales, así como de legislaciones, en particular latinoamericanas, para construir la propuesta de establecer “fases” para la consulta indígena; y compartiendo que las “fases” del procedimiento de consulta que se precisan en la sentencia son plausibles pues desarrollan los criterios que este Pleno ha sostenido, me separo del alcance que se les otorga.

Las fases que el proyecto contiene se denominan: preconsultiva, informativa, de deliberación interna, de diálogo y, por último, de decisión y se les dota del siguiente contenido normativo, que se reproduce de manera textual:

“Fase preconsultiva que permita la identificación de la medida legislativa que debe ser objeto de la consulta, la identificación de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados, así como la determinación de la forma de llevar a cabo el proceso, la forma de intervención y la formalización de acuerdos lo cual se deberá definir de común acuerdo entre autoridades gubernamentales y representantes de las comunidades indígenas.”

“Fase informativa de entrega de información y difusión del proceso de consulta, con la finalidad de contar con información completa, previa y significativa sobre las medidas legislativas. Ello puede incluir, por ejemplo, la entrega por parte de las autoridades de un análisis y evaluación apropiada de las repercusiones de las medidas legislativas.”

“Fase de deliberación interna. En esta etapa –que resulta fundamental- los pueblos y comunidades indígenas, a través del diálogo y acuerdos, evalúan internamente la medida que les afectaría internamente.”

“Fase de diálogo entre los representantes del Estado y representantes de los pueblos indígenas con la finalidad de generar acuerdos.”

“Fase de decisión, comunicación de resultados y entrega de dictamen.”

La razón de mi disenso radica en que, en mi opinión, ese contenido no debe establecerse de manera que, al desarrollarse normativamente, resulte sobre-inclusivo, rígido o sin excepciones, según sea el caso, en razón de que ello puede tornar difícil o, incluso, imposible su aplicación.

A manera de ejemplo, en mi opinión, en la fase llamada preconsultiva, no tiene por qué ser indefectible la obligación de definir conjuntamente (o consultar) con las comunidades indígenas lo relativo a “identificación de la medida legislativa que debe ser objeto de la consulta, la identificación de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados, así como la determinación de la forma de llevar a cabo el proceso, la forma de intervención y la formalización de acuerdos”.

Todos estos aspectos deben ser obligatoriamente presentados por la autoridad a los pueblos y comunidades, al igual que a las comunidades afromexicnas involucradas en el asunto a consultar. Ello, por tanto, en mi opinión, podría, según las circunstancias y características de la consulta, ser parte de la “fase informativa”.

Considero que para la construcción de la consulta indígena el contenido de sus fases, en cada caso, debe ser lo suficientemente flexible, para que permita adaptarlo a las realidades, costumbres, culturas, tradiciones y, en general a las características de las diversas comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos que existen en nuestro país.

Cada pueblo o comunidad tiene una cultura propia que debe ser considerada en cada caso, a efecto de realizar una consulta que cumpla con los las exigencias que han sido establecidas en la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos (incluyendo los instrumentos internacionales y las decisiones jurisdiccionales interamericanas obligatorias para México), así como por este Tribunal Constitucional.

En ese sentido, la flexibilidad del contenido de las fases que integran el procedimiento de consulta debe permitir la participación y el diálogo intercultural entre los participantes, de tal manera que implique un ejercicio responsablemente compartido.

Por ello, si bien coincido en que es plausible que el procedimiento de consulta pueda regularse por las fases que se incorporan en esta sentencia aprobada por el Tribunal Pleno, pienso que deben ser más flexibles para poder ajustarse a los casos concretos y a las especificidades que puedan presentar y así cumplir plenamente con su cometido.

Esta es la reserva que justifica el presente voto concurrente.
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