Votos

Asunto
Acción de inconstitucionalidad 8/2015
Tema
Constitucionalidad de los artículos 8, fracción XIV, 11, fracciones XIX y XX, 23, fracciones VI y VII, 24, 28, 33, último párrafo, 42, último párrafo, 50, tercer párrafo, 56, 85, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 y 124, todos del Código de Justicia Especializada para Adolescentes del Estado de Michoacán, expedidos mediante Decreto 472 publicado el 26 de diciembre de 2014 en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa.
Fecha de resolución
12 de Marzo de 2019
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
En el apartado relativo a causas de improcedencia y sobreseimiento, el Tribunal Pleno determinó que no se actualiza el sobreseimiento solicitado previsto en el artículo 19, fracción V, en relación con el diverso 65, ambos de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 105 constitucional, en relación con el numeral 4 de esa ley, este Tribunal puede dar efectos retroactivos a las sentencias de invalidez que dicte en relación con la impugnación de normas legales de naturaleza penal; en consecuencia, se dieron efectos retroactivos a las declaraciones de invalidez decretadas.

En cuanto al estudio de fondo, la resolución del Tribunal Pleno por una parte, reconoció la validez de algunas de las disposiciones impugnadas, y por otra, declaró la invalidez de otras.
Sentido del voto del Ministro
En cuanto a las causas de improcedencia, me aparto de las consideraciones sostenidas, así como de los efectos retroactivos que se otorgan a las declaraciones de invalidez.

La acción debió sobreseerse, en virtud de que el Código de Justicia Especializada para Adolescentes del Estado de Michoacán dejó de tener vigencia desde que entró en vigor la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el dieciocho de junio de dos mil dieciséis, pues de los artículos transitorios se advierte que se abrogaron tanto la ley federal en esa materia, como todas las leyes locales.

Reitero que no comparto el criterio mayoritario, expresado en la tesis aislada P. IV/2014 (10a.), de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA”.

Me separo de los efectos retroactivos que se da a las declaratorias de invalidez. No obstante, para dar seguridad a la aplicación de los criterios mayoritarios vote con reservas y no en contra de la propuesta.

En cuanto al estudio de fondo, formulé reservas respecto a la aplicación del test de proprocionalidad para revisar la constitucionalidad de normas generales que inciden en un derecho humano. Advierto que se empleó el test sobre normas generales respecto de las cuales ya se había determinado que no incidían en el derecho humano alegado por la accionante, de modo que ya no era necesario verificar que la medida legislativa cumpliera con las características que exige ese test.

Asimismo, considero que no es exacto el criterio citado relativo a lo resuelto en la Acción de Inconstitucionalidad 60/2016, en el sentido de que en el análisis de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes no era aplicable el diverso criterio emanado de la Acción de Inconstitucionalidad 25/2013 y su acumulada 31/2013, conforme al cual existe un nuevo parámetro de protección constitucional de la libertad personal en el estudio del resguardo domiciliario de la citada ley nacional, el cual se basa en la interpretación sistemática de los artículos 19 y 20, apartado B, fracción IX, y apartado C, fracción VI, de la Constitución Federal, que autorizan expresamente la restricción de la libertad personal cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.

Sostengo que el criterio relativo a la necesidad de que cualquier afectación, restricción, privación o intromisión legítima a la libertad personal deba encontrarse prevista taxativa y directamente en la Constitución General, adoptado en la Acción de Inconstitucionalidad 25/2013, por lo que debe subsistir, independientemente de que se haya emitido en el análisis de una ley procesal penal regida por el sistema mixto.

En la resolución se citan precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales se obliga a los Estados a fijar un estándar más alto para la calificación de acciones que atenten contra la integridad de los menores de edad en los sistemas de justicia juvenil, y especialmente requiere la prohibición y prevención de todas las formas de violencia en esa materia.

Desde la resolución del Varios 912/2010, esta Suprema Corte reconoció el carácter vinculante para los Tribunales mexicanos de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual abarca a todas las sentencias de la Corte referida, aunque el Estado Mexicano no sea parte.

Estimo que la decisión de este asunto debió contener una referencia expresa a la fuerza vinculante de las decisiones de ese Tribunal internacional.
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