Votos

Asunto
Acción de inconstitucionalidad 87/2020
Tema
Se analizó la constitucionalidad de distintos preceptos de leyes de ingresos municipales del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, que establecían el pago de derechos por alumbrado público
Fecha de resolución
19 de Noviembre de 2020
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
En la sentencia se declaró por unanimidad de votos del Tribunal Pleno la invalidez de las normas impugnadas debido a que la contribución establecida en ellas tiene la naturaleza de un “impuesto”, en tanto que, para cubrir el costo que representa para el municipio la prestación del servicio de alumbrado público, utiliza como base el consumo de energía que los usuarios registrados realizan y, por lo tanto, es del ámbito de competencia exclusiva del Congreso de la Unión en términos del artículo 73, fracción XXIX, numeral 5°, inciso a), de la Constitución General.

En el apartado de efectos se desestimó la solicitud de la accionante consistente en que se extendieran los efectos de invalidez a todas aquellas normas relacionadas con las declaradas inválidas.

Lo anterior en términos de lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 97/2020, resuelta en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en la cual, por unanimidad de once votos, se declaró la invalidez de diversos preceptos de distintas leyes de ingresos municipales del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte.
Sentido del voto del Ministro
En principio, reitero el criterio que he sostenido en el sentido de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos carece de legitimación activa para impugnar, mediante la acción de inconstitucionalidad, normas generales que estime contrarias a los principios de justicia tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, pues en casos como el que ahora nos ocupa, lo que la promovente esencialmente alega es que la legislatura local diseñó una contribución que bajo la denominación de un derecho por concepto de alumbrado público, realmente tiene las características materiales de un impuesto que grava el consumo de energía eléctrica, cuya competencia para legislar constitucionalmente corresponde al Congreso de la Unión.

El contenido de la impugnación excede, desde mi punto de vista, la competencia que el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal expresamente otorga a la demandante para combatir normas generales contrarias a los Derechos Humanos consagrados en la propia Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Considero que esa competencia constitucionalmente definida tiene que ser ejercida de manera general y no entrañar cuestiones técnicas de una materia como es la fiscal cuya impugnación esté encaminada al establecimiento del objeto, base gravable, tasa y/o tarifa de contribuciones y su relación con la distribución de la potestad tributaria normativa reservada a la Federación.

Por estas razones he sostenido que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos carece de legitimación activa para impugnar en la acción de inconstitucionalidad normas generales con base en violaciones que atañen a temas técnicos en materia fiscal.

En segundo lugar, me permito señalar que si bien voté a favor de los efectos propuestos, también lo es que, desde mi punto de vista, la invalidez debió de hacerse extensiva a otros preceptos no impugnados, por lo siguiente.

La determinación del Tribunal Pleno en torno a la solicitud de la accionante consistente en que se extendieran los efectos de invalidez a todas aquellas normas relacionadas con las declaradas inválidas, se desestimó con base en lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 97/2020 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En dicho precedente originalmente se propuso invalidar, en vía consecuencia, los artículos 57 a 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla , al señalarse que dichas normas regulaban la contribución de derechos por el servicio de alumbrado público declarada inconstitucional.

Sin embargo, la invalidez extensiva referida se votó en contra por mayoría de siete votos del cual fui participe al compartir las razones expuestas por la Señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien manifestó que de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla , dicho ordenamiento es de observancia obligatoria para todos los municipios que no cuentan con una ley de hacienda municipal, de modo que en caso de que se declarara la invalidez del referido precepto legal se afectarían leyes de ingresos de otros municipios que no fueron comprometidos.

Ahora bien, considero que no resulta plenamente aplicable el precedente mencionado, toda vez que en el presente asunto existe un precepto declarado inválido que dentro de su texto no remite a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla, sino a su propia ley de hacienda municipal.

El precepto en comento es el artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Soltepec del Estado de Puebla, para el Ejerció Fiscal de 2020, el cual establecía una remisión a la Ley de Hacienda para el Municipio de Soltepec para efectos del pago de los derechos por los servicios de alumbrado público.

Por su parte, los artículos 58 a 62 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Soltepec establecen los diferentes elementos de la contribución declara invalida por el Tribunal Pleno.

Específicamente, en el artículo 60, penúltimo párrafo, de la ley de hacienda municipal citada se replica el vicio de inconstitucionalidad advertido por el Tribunal Pleno consistente en que el denominado derecho por alumbrado público previsto en la norma impugnada constituye materialmente un impuesto al consumo eléctrico.

En consecuencia, a diferencia de lo determinado en el precedente de la acción de inconstitucionalidad 97/2020, en el presente caso hay un artículo impugnado que remitía a su propia ley de hacienda municipal, no así a la estatal que aplica para todos los municipios, excepto aquellos que cuentan con su ley respectiva.

Conforme a lo antes expuesto, respetuosamente estimo que la invalidez por vía de consecuencia debía operar respecto de los artículos 58 a 62 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Soltepec al conformar un sistema normativo junto con el artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Soltepec del Estado de Puebla, para el Ejerció Fiscal de 2020 declarado inválido.
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