Votos

Asunto
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 89/2016
Tema
Determinar si es inconstitucional el artículo 35 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios, al establecer diversos supuestos de excepción en los cuales resultaría inaplicable la limitante constitucional que determina una prohibición absoluta dirigida a los Estados y Municipios, para adquirir deuda pública para financiar gasto corriente.
Fecha de resolución
04 de Marzo de 2019
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
En la acción de inconstitucionalidad de mérito, promovida por la Procuradora General de la República, se cuestionó la validez constitucional del artículo 35, en sus porciones normativas “en general” y “con excepción de lo previsto en los artículos 4, párrafo tercero; 23 y 34 de esta Ley”, así como el artículo 23, penúltimo párrafo, ambos de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios.

Lo anterior, debido a que se adujo que tales preceptos vulneran lo dispuesto por el numeral 117, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de dos mil quince, en donde se estableció de manera absoluta la prohibición para que las entidades federativas y sus municipios adquirieran financiamientos a través de deuda pública y se destinaran los recursos obtenidos para cubrir gasto corriente.

En la resolución mayoritaria se determinó que el precepto constitucional de referencia debía interpretarse atendiendo al párrafo en el cual se ubicaba la prohibición de contratar empréstitos para solventar gasto corriente, y arribó a la conclusión de que la prohibición de contratar empréstitos para cubrir gasto corriente sólo es aplicable a las deudas de largo plazo, mientras que cualquier deuda de corto plazo, puede pactarse con la finalidad de aplicarse en ese tipo de gasto.
Sentido del voto del Ministro
Disiento de lo fallado por la mayoría, ya que el artículo 35 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios, a pesar de prever la prohibición de realizar cualquier operación de crédito público que tenga por objeto financiar gasto corriente, no lo hace en términos absolutos, sino más bien lo contempla como una regla general que admite excepciones.

Tales excepciones permiten que el Estado y sus Municipios sí puedan adquirir deuda pública para financiar gasto corriente, en los supuestos a los que se refieren los preceptos 4, 23 y 34 de la mencionada legislación.

Consecuentemente, estimo, que el artículo 35 referido, en sus porciones normativas que dicen “en general” y “con excepción de lo previsto en los artículos 4, párrafo tercero; 23 y 34 de esta Ley”, resulta violatorio de la prohibición absoluta contenida en el artículo 117, fracción VIII, segundo párrafo de la Constitución Federal.

Lo anterior, porque permite que el Estado de Chihuahua y sus municipios realicen cualquier operación de crédito público para financiar gasto corriente, lo que no va solo en contra de la expresa prohibición absoluta, sino también del propósito fundamental que históricamente se ha establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución General, consistente en que los Estados y sus Municipios solo podrán comprometer el crédito público en los casos en los que los recursos obtenidos se destinen a obras que generen directa o indirectamente un incremento en la riqueza de la entidad, lo que a su vez, da lugar a que a obras que por sí mismas generarían su capacidad de pago.
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