Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 95/2020
Tema
Se desestimó la causa de improcedencia planteada por el Congreso de la Unión así como por el Presidente de la República, en el sentido de que la acción resultaba extemporánea, respecto del artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve.
Fecha de resolución
22 de Septiembre de 2020
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
En la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad, el Pleno de este Tribunal Constitucional, en lo que a este voto interesa, por una parte, en el considerando VIII, identificado con el tema IV: Libertad de reunión, declaró la invalidez de diversas normas de Leyes de Ingresos de Municipios del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que prevén el cobro de un derecho por expedición de autorizaciones para fiestas sociales y familiares en casa propia o salones.

Lo anterior, en primer lugar, en razón de la generalidad de las normas impugnadas, por condicionar el ejercicio del derecho de reunión de los habitantes de los municipios, al pago para la obtención del permiso respectivo, lo que se consideró como una restricción que carece de fundamento constitucional.

Además, se consideraron contrarias al principio de proporcionalidad tributaria, dado que no se advertía que el servicio gravado, guardara relación con el costo que para el Estado representaba su emisión; máxime que las cuotas eran diversas dependiendo del lugar en donde se realizaran, del número de personas o del tipo de evento, no obstante que, para todos los casos, el derecho se cobraba por la expedición del referido permiso.

La invalidez se decretó, en términos generales, por unanimidad de once votos de los Ministros que integramos el Pleno, salvo por la declaratoria de invalidez del artículo 32, fracción I, inciso a), de la ley respectiva del Municipio de Ures, respecto del cual se suscitó una mayoría de nueve votos, el Ministro Presidente y el suscrito, emitimos voto en contra y es en relación con este punto que formulo el Voto.
Sentido del voto del Ministro
Me pronuncié en contra de la invalidez decretada del artículo 32, fracción I, inciso a), de la Ley número 156, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Ures, al considerar que no regula el supuesto de expedición de un permiso para realizar reuniones familiares o eventos sin fines de lucro, sino un permiso y el costo que se generará por las labores de vigilancia que en las fiestas familiares y eventos sociales desarrolla el personal auxiliar de la policía preventiva.

Lo anterior, porque dicho precepto textualmente establece:

Artículo 32.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos que desarrolle el personal auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos:

Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente

I.-Por cada policía auxiliar, diariamente:
a) En fiestas familiares y eventos sociales 4.30

En ese sentido, en mi opinión, es claro que el precepto analizado, a diferencia del resto de las normas impugnadas, no regula la expedición de permisos para la realización de reuniones, sino derechos por la vigilancia en dichas reuniones.

Por otra parte, en el considerando IX, identificado con el tema V: Discriminación, el proyecto original propuso al Pleno calificar fundado el concepto de invalidez planteado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que impugnó el artículo 17, en las porciones normativas ‘damas $16.62’ y ‘caballeros $27.70’ de la Ley número 93, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, por contemplar cuotas económicas diferentes entre mujeres y hombres.

Lo anterior, con base en que presuponía un mayor estado de vulnerabilidad de las mujeres frente a los hombres, perpetuando estereotipos de género en cuanto a las funciones que deberían desempeñar, pues colocaba a las mujeres al ámbito privado o familiar, sin ingresos económicos, mientras que a los hombres los insertaba en un ámbito público, productivo-económico, con capacidad económica suficiente para solventar sus gastos.

Asimismo, propuso calificar fundado el argumento en el que se planteó la invalidez del artículo 10, incisos b) y d), de la Ley número 142, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, por prever un trato diferenciado en función del lugar de residencia, en lo que se refiere a la determinación del derecho a pagar por el acceso a parques públicos del municipio.

Lo anterior, al estimar que las cuotas diferenciadas establecidas en la primera norma mencionada, reflejaban un concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino y, por su parte, la distinción de contribuyentes que prevé el artículo 10, incisos b) y d), de la Ley número 142, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, en función de su lugar de residencia, no era razonable ni tenía justificación alguna, en tanto que para llevar a cabo el servicio que generaba el pago del derecho, resultaba irrelevante si los usuarios de los parques eran foráneos o locales.

Sin embargo, dado que en relación con la propuesta del subtema de tarifas diferenciadas para ingresar a un parque municipal, relativo al estudio de fondo, se expresó a favor una mayoría de siete votos, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento de invalidez de los preceptos referidos. En este apartado emití voto en contra.

La razón de mi disenso en relación con la propuesta de invalidez del precepto que establece tarifas diferenciadas para ingresar a un parque municipal, radica en que, en mi opinión, esa diferencia se justifica por dos razones:

1. Constituye en una acción afirmativa que reconoce la realidad de la situación económica de las mujeres frente a los hombres; y,

2. Hoy en día el concepto de acciones afirmativas ha sido muy debatido y tiene muchas aristas; sin embargo, he sido consistente en sostener que estas acciones son válidas, puesto que es evidente que, en nuestro país, existen diferencias notables de ingresos todavía entre hombres y mujeres, de tal manera que, a mi parecer, debe considerarse constitucional la diferencia establecida en la ley.

Por su parte, también me pronuncié a favor de la validez del trato diferenciado entre personas foráneas y locales, para el ingreso de los parques públicos, prevista en el artículo 10, incisos b) y d), de la Ley número 142, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús.

Al respecto, considero que la distinción de contribuyentes que prevé la norma, no atiende a una consideración contraria a la dignidad humana, sino que ha sido una práctica casi universal, generalizada, que las personas foráneas, sean nacionales o extranjeras, paguen cuotas diferenciadas de quienes viven en la localidad; ello pues el establecimiento y mantenimiento de los parques públicos, en la mayoría de los casos, se paga con recursos del Municipio de que se trate, de tal manera que, en mi opinión, la norma resultaba constitucional.
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