Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 97/2019
Tema
Analizar la regularidad constitucional de los artículos 138 BIS, 224, inciso A), fracción X y 236, párrafo segundo, del Código Penal del Distrito Federal, reformados mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de agosto de 2019
Fecha de resolución
08 de Junio de 2020
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno desestimó la acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 224, inciso A), fracción X, en su porción normativa “La misma pena se impondrá al empleado de la institución bancaria o financiera que colabore para la realización del robo”, del Código Penal para el Distrito Federal, reformado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el primero de agosto de dos mil diecinueve.

Reconoció la validez de los artículos 138 BIS y 236, párrafo segundo, de esa misma legislación, en su porción normativa “Las penas se aumentarán al doble cuando el delito se realice por servidor público miembro o exmiembro de alguna corporación de seguridad ciudadana de cualquier nivel de gobierno. Se impondrán además al servidor o ex-servidor público, o al miembro o ex miembro de corporación de seguridad ciudadana o privada, la destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará de cinco a diez años para desempeñar cargos o comisión públicos”, y declaró la invalidez del artículo 236, párrafo segundo, de dicho ordenamiento, en su porción “también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada”.

Ahora, en lo que respecta a este voto, en la sentencia se reconoció la validez de una primera porción normativa del segundo párrafo del artículo 236 combatido, por no contravenir el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.

En ese primer pronunciamiento, se reconoció la validez de tres agravantes independientes para los que cometan el delito de extorsión, todas ellas contenidas en el párrafo que se analiza, a saber, a) cuando el delito se cometa contra una persona mayor de sesenta años, la pena se incrementará un tercio, b) si el delito se comete por servidor público miembro o exmiembro de alguna corporación de seguridad ciudadana de cualquier nivel de gobierno, la pena se aumentará al doble, y c) si el delito se comete por servidor público, exservidor público, miembro o exmiembro de una corporación de seguridad ciudadana o por un miembro o exmiembro de una corporación de seguridad privada, además se les sancionará con la destitución de su empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos y también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada.

En suplencia de la queja, el Pleno determinó que la sanción establecida en la última parte del tercer enunciado del segundo párrafo del artículo 236 referido transgrede el principio de proporcionalidad de la pena, prevista en el artículo 22 constitucional.
Sentido del voto del Ministro
Si bien comparto la conclusión a la que arribó el Tribunal Pleno, lo cierto es que, desde mi perspectiva, las consideraciones que la sustentan se basan en que las porciones normativas impugnadas regulan una medida relacionada con el procedimiento penal que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

De manera reiterada, he considerado que no es suficiente que el Código Nacional de Procedimientos Penales regule determinada institución, para considerar automáticamente que los estados carecen de facultades para legislar sobre ellas. Esto es así, pues el propio Código Nacional contiene disposiciones que reconocen ámbitos de competencia a las legislaturas locales. En todo caso, tendría que precisarse si las normas impugnadas estaban en esos ámbitos.

Aunque coincido en que la legislatura local excedió sus facultades al incluir los supuestos del artículo 22 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, he manifestado que la prohibición de que los Estados puedan legislar en algunos aspectos relacionados con el procedimiento penal no es absoluta.

Por tal razón, tanto desde el punto de vista competencial sustentado en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional, como desde la perspectiva de la interpretación del artículo 19 de la Constitución, estimo que el criterio sostenido por el Tribunal Pleno debió admitir que pueden existir excepciones en las cuales las legislaturas locales tienen facultades para determinar los delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, sin que ello desconozca que existe un catálogo previsto en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que impide que las legislaturas locales emitan una norma en sentido diferente.
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