Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 99/2017
Tema
Se impugna el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur, publicada mediante Decreto en el Periódico Oficial de la entidad el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, que establece la obligación de los sujetos obligados de tramitar, expedir o modificar su normatividad interna, en caso de ser necesario y para el cumplimiento del objeto de dicha Ley, a más tardar dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de la propia Ley.
Fecha de resolución
24 de Febrero de 2020
Tipo de voto
Voto Particular
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno determinó sobreseer en la acción de inconstitucionalidad promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por haber cesado los efectos del artículo Tercero Transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur, publicada mediante Decreto en el Periódico Oficial de la entidad el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, de conformidad con los artículos 19, fracción V, 59 y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto la mayoría del Tribunal consideró que el artículo tercero transitorio impugnado, refiere a una función de política legislativa destinada a la modulación del régimen transitorio al nuevo esquema de protección de datos personales, y no a una función sustantiva, por lo que al verificarse que concluyó el plazo de gracia por el cual se postergó el cumplimiento a las obligaciones de ley en términos del artículo impugnado, los sujetos obligados ya estaban constreñidos en su actuar cotidiano en atender a todos los principios, deberes y obligaciones que se derivaran de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de Baja California Sur.

En ese sentido, el Tribunal Pleno determinó que los extremos del artículo tercero transitorio impugnado, se cumplieron en su contenido material, porque su naturaleza consistió únicamente en postergar el cumplimiento de las obligaciones a los sujetos obligados.
Sentido del voto del Ministro
Difiero de la determinación alcanzada por la mayoría de los Ministros pues, en mi opinión, la acción de inconstitucionalidad sí resultaba procedente.

Lo anterior lo sustento en que el artículo impugnado no solo cumple una función de mera técnica legislativa, sino que cumple una función sustancial en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur, textualmente establece:

TERCERO. Los sujetos obligados correspondientes deberán tramitar, expedir o modificar su normatividad interna, en caso de ser necesario y para el cumplimiento del objeto de esta Ley, a más tardar dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

Considero que de la redacción del artículo transcrito no se puede considerar que solo cumple una función de mera técnica legislativa, ya que los sujetos obligados –entiéndase en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, conforme al artículo 1, quinto párrafo, de la Ley General - tienen la obligación de tramitar, expedir o modificar su normatividad interna, en caso de ser necesario, dentro de un plazo determinado -dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de la ley local-.

En tal virtud, considero que estamos ante una norma que cumple una función sustancial, es decir, que establece una facultad susceptible de producir efectos en el futuro y no meramente de técnica legislativa, consistente en determinar el ámbito de validez temporal de la norma publicada.

Lo anterior, porque dicha norma se dirige a dotar de una competencia legislativa a los sujetos obligados para emitir normas generales internas, solo en el caso de ser necesario y para el cumplimiento del objeto de dicha ley local en materia de protección de datos personales.

En ese sentido, no comparto lo sostenido por la mayoría, el sentido de que los principios que deben observar los sujetos obligados están constreñidos al título Segundo de la ley impugnada, de ahí que tendrían que adecuar su normativa interna a fin de dar coherencia a la consecución de los fines y principios ahí establecidos, sin que ello implique la necesidad de dotar de una facultad materialmente legislativa, sino solo una política transicional del régimen de ley para cumplir en determinado plazo, por lo que ante su omisión dicha obligación se establece en la ley.

Aunado a lo anterior, tampoco comparto lo expresado en el párrafo cincuenta y nueve de la sentencia, en el que indica que si bien en la Acción de Inconstitucionalidad 158/2017 , fallada bajo mi Ponencia, se analizó una norma cuya redacción se asemeja a la del asunto de que se trata, en la que la razón toral para estudiar el fondo del asunto fue porque todavía no vencía el plazo señalado por el artículo transitorio impugnado.

No lo comparto porque del asunto señalado se advierte que la razón toral para proceder al estudio de fondo de dicho artículo transitorio no sólo se sustentó en que no había transcurrido el plazo establecido en éste, sino también en que no se acreditó que se hubiera satisfecho el contenido material, esto es, que los sujetos obligados correspondientes hubieran tramitado, expedido, o modificado su normatividad interna.

Con base en lo anterior, si bien en el caso el plazo que el artículo transitorio impugnado dispuso para la tramitación, expedición o modificación de la normatividad interna fue de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de la ley local, por lo que si conforme al artículo Primero Transitorio entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, a partir del dieciocho de julio de dos mil diecisiete, el plazo feneció el dieciocho de enero de dos mil diecinueve y, por ello, ya se cumplió con la finalidad del plazo previsto en el artículo impugnado; en mi opinión, no se ha acreditado su objetivo sustancial, esto es, que los sujetos obligados correspondientes tramitaran, expidieran o modificaran su normatividad interna.

Consecuentemente, no convengo con el criterio que sostiene la mayoría en el Pleno de este Tribunal, dado que en atención a los razonamientos antes expuestos, estimo que, al no cumplir con su función sustantiva, no debía decretarse el sobreseimiento en la acción de inconstitucionalidad, sino analizar la regularidad constitucional del precepto transitorio impugnado.
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