Votos

Asunto
Acción de Inconstitucionalidad 99/2019
Tema
Analizar la regularidad constitucional del artículo 17, segundo párrafo, de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado el ocho de agosto de dos mil diecinueve en el periódico oficial de esa entidad.
Fecha de resolución
22 de Septiembre de 2020
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno declaró la invalidez del artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Número 104 de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, reformado mediante el Decreto número 276, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el ocho de agosto de dos mil diecinueve.

Ello ya que, en suplencia de la deficiencia de la queja, concluyó que son inconstitucionales las porciones normativas “o de género” y “o delitos que se persigan de oficio” del párrafo segundo del artículo 17 de la ley impugnada, ya que con su emisión el legislador local invadió las competencias del Congreso de la Unión, al regular una materia que corresponde a la legislación única que se haya emitido en términos del artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional, respecto al proceso penal.

Asimismo, se consideró que mientras el primer párrafo del artículo 17 impugnado prevé que cuando exista un conflicto de violencia familiar las partes podrán resolverlo mediante el procedimiento de conciliación, el segundo párrafo restringe esa posibilidad.

En consecuencia, se consideró que esa norma genera inseguridad jurídica, la cual no puede derrotarse con ayuda de la intención legislativa local, pues dicha disposición no es clara en determinar si procede o no la conciliación en los casos de violencia familiar.
Sentido del voto del Ministro
Si bien comparto la decisión mayoritaria, formularé observaciones respecto del primer vicio de inconstitucionalidad advertido en la sentencia.

Durante la disertación de este asunto, surgió la discusión sobre si la violencia de género solo corresponde a la materia penal. La decisión mayoritaria adoptó esa afirmación, a partir de la interpretación de la legislación del estado de Veracruz.

Al respecto, considero que la violencia de género no puede entenderse limitada al ámbito penal. Como muestra del alcance referente a ello, debe atenderse a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) contra México.

Asimismo, al resolver el amparo en revisión 554/2013, la Primera Sala determinó que los estándares en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son claros en establecer que las autoridades estatales no solo deben condenar toda forma de discriminación basada en el género, sino también están obligadas a tomar medidas concretas para lograrlo, aunado a su obligación de actuar con perspectiva de género para combatir argumentos estereotipados e indiferentes, para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad.

También consideró que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1 de febrero de 2007, es un instrumento indicativo para las entidades federativas para ir eliminando la violencia y la discriminación que viven las mujeres en nuestro país y que dicha ley es enfática en el sentido de que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres (artículo 21).

Por lo tanto, las medidas que se pueden adoptar para ello no se limitan al ámbito penal, aunque si bien la respuesta penal es la que prevén las leyes para los casos extremos de violencia de género, como es el feminicidio, lo cierto es que el hecho de que en las leyes existan disposiciones penales que tipifiquen conductas de violencia de género no significa que las mismas agoten todas las disposiciones en esa materia.

Por ello, la violencia en el ámbito familiar es una modalidad de la violencia contra la mujer, pero no puede contraponerse con la violencia de género, como si se tratara de modalidades regidas una por el Derecho civil o familiar, y otra por las normas penales. Se trata de modalidades de esa violencia que deben ser erradicadas con medidas que pueden ubicarse en distintas disciplinas y codificaciones y, lo relevante, es la idoneidad y eficacia de esas medidas, sea en sí mismas o en su aplicación conjunta.

Considero relevante esta aclaración, pues las consideraciones del proyecto podrían llevar a inferir que la violencia de género es una institución propia del Derecho penal y que sólo en el ámbito penal se puede combatir ese fenómeno, o bien a considerar válido que el legislador local limite la respuesta a la violencia de género sólo a medidas de tipo penal.

Ello implicaría desconocer que todas las autoridades tienen la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar a las mujeres el derecho que tienen a una vida libre de violencia.
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