Votos

Asunto
Amparo Directo 36/2019
Tema
Determinar si la valoración de la junta responsable fue correcta, para concluir la inexistencia del despido injustificado reclamado.
Fecha de resolución
27 de Mayo de 2019
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
Los Ministros integrantes de la Segunda Sala, por mayoría de cuatro votos –la Ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra–, decidieron negar el amparo a la parte quejosa y, en consecuencia, declarar sin materia el amparo adhesivo.

Como primer premisa para resolver esta asunto, destaca que el laudo impugnado en el juicio de amparo fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 607/2015, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, así como a los lineamientos fijados por esta Segunda Sala en el recurso de inconformidad 1425/2017.

Entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional a la empresa demandada –Deckel Maho Gildemeister México, actualmente DMG Mori Seiki México, sociedad anónima de capital variable-, cobra relevancia el deber de la autoridad responsable de emitir un nuevo laudo en el que analizara nuevamente el material probatorio ofrecido por las partes, a efecto de determinar si las actividades desempeñadas por el accionante para la sociedad demandada derivaban o no de la relación jurídica sostenida entre dicha negociación y las empresas tercero interesadas.

En relación con este último efecto, la Segunda Sala, al resolver el recurso de inconformidad 1425/2017, llamó la atención a la junta responsable a fin de que analizara de manera congruente las pruebas ofrecidas en el juicio laboral, al considerar que no podía suscitarse respecto una misma relación jurídica dos presunciones de relación laboral con dos diferentes empresas.

Sobre tales lineamientos, la Junta Especial Número Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México emitió el laudo de trece de septiembre de dos mil dieciocho que ahora se reclama, en el que determinó absolver a la empresa demandada de todas las prestaciones reclamadas, al considerar, por un lado, acreditada la defensa de la empresa demandada y, por otro, que el trabajador no demostró la relación de trabajo.

La parte quejosa controvirtió la decisión de la autoridad responsable. Alegó, por una parte, la falta de cumplimiento de la ejecutoria emitida en el juicio de amparo 607/2015, así como de los lineamientos fijados en el recurso de inconformidad 1425/2017 y, por otra, reclamó el análisis incorrecto de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral, al considerar que con ellas no se acreditaba la defensa opuesta por la demandada, esto es, que las labores que desempeñó derivaran de la relación jurídica existente entre ella y las empresas tercero interesadas.

Asimismo, demandó la falta de valoración de los diferentes correos electrónicos materia de la prueba pericial en informática forense, así como del documento consistente en la copia del anexo de la orden de compra de veintinueve de octubre de dos mil ocho; pruebas con las que afirmó haber acreditado la relación de trabajo.

Al resolver el juicio de amparo, la Segunda Sala determinó declarar inoperantes los conceptos de violación del quejoso dirigidos a combatir la falta de cumplimiento de lo resuelto en el recurso de inconformidad 1425/2017, por tratarse de un aspecto que derivó del cumplimiento de una ejecutoria de amparo, en la que se establecieron los lineamientos a seguir.

Por otro lado, se calificaron de infundados los argumentos relativos al análisis de los elementos probatorios, en cuanto a la presunción de subordinación entre el demandante y las empresas tercero interesadas, al haber quedado acreditado con el informe presentado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, del que se desprendía que dichas empresas dieron de alta a la parte actora, así como de los documentos ofrecidos por la sociedad demandada consistentes en los recibos de pago, cédulas de determinación de pago de cuotas obrero patronales ante el instituto mencionado.

Finalmente, se declaró inoperante el argumento relativo a la falta de valoración de los correos electrónicos ofrecidos por el trabajador, así como de la orden de compra de veintinueve de octubre de dos mil ocho, con los cuales el actor pretendía demostrar la existencia de la relación laboral con la demandada Deckel Maho Gildemeister México, actualmente denominada DMG Mori México, sociedad anónima de capital variable.

Lo anterior, al considerar que la pretensión de la parte quejosa era combatir un aspecto que fue materia de análisis de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad 1425/2017, en el que se determinó que respecto de una misma relación jurídica no era posible que existieran dos presunciones de relación laboral.
Sentido del voto del Ministro
Ahora bien, aunque comparto el sentido de la decisión me aparto de algunas de sus consideraciones por las razones siguientes.

Para resolver este asunto, considero que era necesario distinguir entre dos cuestiones. Por una parte, la defensa de la empresa demandada quien si bien negó la relación de trabajo, lo cierto es que afirmó haber recibido servicios por parte del actor como consecuencia de la relación comercial que existía entre ella y las sociedades tercero interesadas y, por otra, que derivado de que la demandada acreditó dicha defensa, entonces correspondía al accionante demostrar la existencia de la relación de trabajo.

En relación con este último hecho, es en el que difiero de la calificativa de los conceptos de violación del quejoso, pues estimo que no procedía declararlos inoperantes, ya que en mi opinión, dicho aspecto quedó comprendido dentro de la libertad de jurisdicción con la que contaba la autoridad responsable al valorar las pruebas. De esa manera, considero que debieron analizarse los medios probatorios aportados por el trabajador, a efecto de determinar si con ellos se acreditaba o no la existencia de la relación de trabajo

En ese sentido, del análisis de los correos electrónicos ofrecidos en el juicio laboral, debió concluirse que si bien pudiera considerarse que, contrariamente a lo señalado por la responsable, ellos sí estaban dirigidos al demandante, en tanto que el perito tercero en discordia concluyó que las direcciones electrónicas destinatarias estaban configuradas en el equipo de cómputo propiedad de aquél, lo cierto es que de su contenido no se advertían elementos suficientes que llevaran a concluir la existencia de la relación de trabajo.

Ello, en tanto que dichas pruebas únicamente demostraban que la empresa demandada mantenía comunicación con el actor en relación con la venta de maquinaria, mas no evidenciaban la existencia de una jornada laboral, o bien de un salario, ni tampoco que el demandante recibiera indicaciones u órdenes que reflejaran un elemento de subordinación.

En todo caso, con estas pruebas se confirmaba que las actividades desempañadas por el actor derivaban de la relación comercial existente entre la empresa demandada y las tercero interesadas. Incluso, destaca que el correo electrónico del actor contenía la denominación de esta última; asimismo, en cuanto al supuesto organigrama en el cual figuraba el nombre del demandante, debió señalarse que éste se encontraba redactado en inglés, circunstancia que impedía su valoración por ser necesario que se acompañara de la traducción correspondiente.

Por otro lado, aunque el anexo de la orden de venta de veintinueve de octubre de dos mil ocho, contenía el nombre del demandante como vendedor de maquinaria, lo cierto es que, tal como lo afirmó la responsable, ello únicamente constituía un indicio de la participación del actor en la venta de maquinaria propiedad de la demandada; sin embargo, adminiculado con el resto del caudal probatorio, tales como las facturas emitidas por las empresas tercero interesadas a la demandada por el concepto de asesoría comercial, así como promoción de plantas solares, llevaba a presumir que su participación se encontraba dentro del marco de la relación comercial existente entre las empresas.

En ese contexto, en mi opinión, debió declararse infundado en lugar de inoperante el concepto de violación del quejoso, pues del análisis de las pruebas ofrecidas por éste en el juicio laboral, no se advertían los elementos para tener por demostrada la relación de trabajo; de ahí que debiera negarse la protección constitucional solicitada.
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