Votos

Asunto
Amparo Directo 51/2018
Tema
Se analizó la constitucionalidad del artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, relativo a que los bancos ponderen la información cuantitativa y cualitativa de los solicitantes para estimar la viabilidad de pago de los créditos solicitados.
Fecha de resolución
12 de Junio de 2019
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
En la sentencia dictada en el amparo directo, esta Segunda Sala determinó conceder el amparo a la quejosa. Al respecto, esta Segunda Sala se centró en determinar tres cuestionamientos jurídicos, para lo cual, arribó a las siguientes conclusiones:

a) Vinculado con la finalidad que persigue el primer párrafo del artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito determinó que no establecía el procedimiento decisorio para el otorgamiento créditos, sino su finalidad se encontraba encaminada únicamente a imponer a las instituciones de crédito la obligación de estimar la viabilidad de pago de los créditos que les fueran solicitados, estableciendo además de qué elementos podían valerse estas instituciones para llevar a cabo tal estimación. Ello debido a que todo el proceso de originación y autorización de créditos se localizaba regulado en diversos artículos, tanto de la Ley de Instituciones de Crédito, así como en la Circular Única de Bancos; al igual que se impusieron en los manuales de políticas y procedimientos de crédito internos de los bancos e, incluso, los usos y prácticas bancarias.
b) Por otra parte, se estableció que los aspectos cualitativos y cuantitativos que debían ser analizados para estimar la viabilidad de pago de un crédito, representaban información que debía ser evaluada de manera integral y conjunta y la “calificación” alcanzada del estudio de estos dos factores es la que arrojaba únicamente la variable relativa a la viabilidad del pago; aspecto que, se reiteró representaba solamente una de las muchas variables que tenían que ser consideradas en los métodos paramétricos utilizados por los bancos para determinar la viabilidad o no del otorgamiento de los créditos.

Lo anterior tomando en cuenta que de validar la interpretación que del marco normativo efectúo la sala responsable, se vedaría la posibilidad de que accedieran a los créditos bancarios las personas que componían un importante segmento social que se ubicaba impedido para acreditar un balance positivo de aspectos meramente cuantitativos, como lo era, la demostración de cierto nivel de ingresos –como el que integraba la economía informal–.

c) En relación con el tercer cuestionamiento se concluyó que, la finalidad de la estimación de viabilidad de pago de los créditos era que las instituciones financieras pudieran establecer la solvencia crediticia y capacidad de pago de los créditos en el tiempo establecido; y si bien esto podía ayudar a prevenir riesgos, adicionalmente existían mecanismos y obligaciones específicas de los bancos en materia de previsión y control de riesgos, salvaguardando con esto la estabilidad financiera del país.

Finalmente, se determinó que dado que la interpretación realizada por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al artículo 65 de la ley en comento era contraria al criterio sostenido por esta Segunda Sala, el material probatorio aportado por la quejosa, que previamente ya había sido aceptado, debía ser analizado por la autoridad responsable.
Sentido del voto del Ministro
No comparto el criterio sostenido por la mayoría, en atención a las siguientes razones:

En primer lugar, no comparto la solución vinculada con el inciso a), ello al estimar que en el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito sí se establece el procedimiento decisorio para el otorgamiento de créditos, ello ya que contempla que para el otorgamiento del crédito las instituciones deberán estimar la viabilidad de pago de los mismos por parte de los acreditados, valiéndose de un análisis de la información cuantitativa y cualitativa que permita establecer su solvencia crediticia y capacidad de pago en el plazo previsto del crédito, de ahí que es claro que el legislador sí fijó en la ley los requisitos que se debían de observar al momento de otorgar los créditos solicitados, consistentes en el estudio tanto de la información cuantitativa como cualitativa.

Ahora bien, respecto a la conclusión identificada en el inciso b), tampoco comparto dicho apartado, ya que al haber conservado tal consideración se dejó de observar y respetar la finalidad del precepto impugnado, dado que si bien menciona que tanto los aspectos cuantitativos como los cualitativos deben ser evaluados en forma conjunta, también lo es que no se logra vislumbrar cuáles son los parámetros que deben establecer las instituciones financieras (como la quejosa) en sus métodos paramétricos para que sean válidos, al momento en que la Comisión los evalúe.

Por otra parte, respecto de la conclusión alcanzada identificada con el inciso c), disiento de la consideración respectiva, toda vez que si bien la Circular Única de Bancos establece la posibilidad que se creen los métodos paramétricos con los que se guiarán las instituciones de crédito para determinar el otorgamiento de los créditos, además de considerar que aquéllos deberán utilizarse en caso de que el crédito configure operaciones de riesgo, es decir, contempla la opción de otorgar créditos a personas físicas o morales con un alto porcentaje de incumplimiento de pago, no obstante también se deben observar ciertos factores y variables que tienen que acatarse de manera especial como, por ejemplo, que los bancos comprueben que tienen reservas de riesgo y capitalización suficiente para hacer frente a un incumplimiento de pago, sin embargo, lo cierto es que un supuesto es que se actualice una infracción al momento de no cumplir con el procedimiento para dilucidar la validez del otorgamiento de un crédito (de conformidad con la ponderación y análisis de la información cuantitativa y cualitativa a la luz de los métodos paramétricos autorizados por la Comisión) y otra distinta es cómo se manejan los bancos para preservar el capital neto al valorar un posible riesgo frente al incumplimiento de pago.

Por último, respetuosamente, hago notar que, al tenor de los efectos propuestos al conceder el amparo, aunque en el caso se ordene el estudio del método paramétrico y Manual para determinar el otorgamiento de los créditos, no parece que se estén dando mayores elementos para que la Sala lo califique, ya sea positiva o negativamente, además de partir de la premisa de que el método en algún momento fue aprobado por la Comisión, lo cual nunca ocurrió, por lo que podría ir contra el texto legal; sin dar las bases para poder lograr un efectivo cumplimiento al amparo, como se pretende, incluso para supuestos análogos.
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