Votos

Asunto
Amparo Directo en Revisión 1225/2006
Tema
Incidente de nulidad de laudo arbitral sí constituye una sentencia definitiva por lo que procede el amparo directo.
Fecha de resolución
30 de Enero de 2007
Tipo de voto
Voto Particular
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, revocar la sentencia recurrida y devolver los autos al Tribunal Colegiado del conocimiento a fin de que fallara el recurso de revisión y la revisión adhesiva que las partes contendientes hicieron valer con motivo de la sentencia dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, al conocer de los amparos indirectos interpuestos por ellas.

Lo anterior ya que se concluyó que le asistía la razón a la recurrente, en el aspecto relativo a que el Tribunal Colegiado no debió dejar insubsistente la sentencia y todo lo actuado ante el Juez de Distrito, ya que su determinación de considerar que contra la resolución dictada en un incidente de nulidad de laudo arbitral procede el amparo directo, resultó equivocada, por las razones que enseguida se exponen.

Lo anterior ya que el laudo arbitral no constituye propiamente una sentencia, sino que es simplemente una resolución que pone fin a un procedimiento arbitral, llevado a cabo con motivo de un compromiso inter-partes, quienes previamente acordaron o convinieron en someterse a ese procedimiento y a dicha decisión que.

Por otra parte, se señaló que si bien, por regla general, los incidentes se tramitan en forma de juicio, ésta sola circunstancia no determina la procedencia del amparo directo, debido a que antes de que el laudo arbitral sea homologado, mediante un procedimiento incidental fue demandada su nulidad debido a que la parte promovente de dicho incidente consideró que durante la substanciación del procedimiento arbitral se cometieron determinadas irregularidades que trascendieron a la decisión arbitral.

A lo anterior se suma que el procedimiento de nulidad del laudo arbitral no se instaura en el ejercicio de una acción personal, ni real ni del estado civil; por tanto, la sentencia con la que culmina dicho incidente no puede reputarse igual a las que ponen fin a juicios del orden civil, de manera que ésta no podrá reputarse como sentencia definitiva por la que se pone fin a juicio para los efectos de la procedencia del amparo directo.

No obstante lo anterior, el laudo arbitral sí es la culminación de un procedimiento seguido en forma de juicio, lo cual permite establecer que la resolución dictada en el incidente de nulidad del laudo arbitral debe considerarse como un acto ejecutado fuera de juicio y, por ende, la resolución recaída al incidente, por equiparación, constituye la última resolución dictada en el procedimiento que inició con una etapa arbitral y culminó con una fase jurisdiccional en la que se busca, bien la homologación o bien la nulidad del laudo.

Consecuentemente, en ese caso, debe estimarse que se actualiza, de manera analógica, el supuesto de procedencia del amparo indirecto, previsto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pudiéndose reclamar no sólo la resolución recaída al incidente, sino también las demás violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento incidental, como de hecho aconteció en la especie.
Sentido del voto del Ministro
No se comparten las consideraciones ni el sentido de la sentencia mayoritaria, en atención a que se estima que la resolución que pone fin a un incidente de nulidad de laudo arbitral sí constituye una sentencia definitiva para efectos del amparo, lo que hace procedente que la misma se combata vía amparo directo y no, como lo sostuvo la mayoría, por la vía indirecta.

Se precia que el incidente de nulidad de laudo arbitral no forma parte del procedimiento de arbitraje, sino que constituye un procedimiento totalmente distinto a él, aun cuando se encuentren relacionados por la materia de la litis; en ese sentido, el laudo arbitral, aun cuando haya sido éste homologado, jamás podrá ser considerado como sentencia definitiva para efectos del amparo, ya que suponer lo contrario sería considerarlo como un acto de autoridad. En cambio, la resolución judicial que recaiga a un incidente de nulidad o al de reconocimiento y la ejecución de un laudo sí es susceptible de considerarse como tal.

Por otra parte, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había sostenido la procedencia del juicio de amparo indirecto contra dicho acto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Tercera Sala, de rubro: “LAUDO ARBITRAL, ACUERDOS DE HOMOLOGACIÓN Y EJECUCIÓN DEL. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, Y NO EL DIRECTO A QUE ALUDE EL 158 DEL MISMO ORDENAMIENTO”, lo cierto es que o se comparte dicho criterio, en tanto que se refiere a la procedencia del amparo indirecto en contra de un laudo arbitral homologado y no en contra de la resolución que declara la nulidad del procedimiento arbitral.

Las opiniones en el sentido de que es el amparo indirecto el que resulta procedente, parten de la premisa de que el arbitraje no es otra cosa que una delegación de la jurisdicción estatal en particulares; sin embargo, dichos razonamientos podrían llevar a la conclusión de que el procedimiento arbitral es propiamente un juicio llevado a cabo por un ente que actúa por delegación del Estado, que en sí tiene el carácter de autoridad, aunque para la ejecución de sus laudos se requiera de la intervención de un órgano jurisdiccional estatal.

Lo anterior resulta incorrecto, debido a que no existe constitucionalmente posibilidad alguna de que se delegue la facultad jurisdiccional en árbitros particulares; de esa manera, un laudo arbitral no puede, per se, ser objeto de ejecución forzosa. Lo que en realidad produce ejecución es la resolución judicial que le reconoce validez y establece su obligatorio cumplimiento.

Ahora bien, resulta jurídicamente irrelevante en el caso que se le llame a un procedimiento incidente o no, pues ello nada tiene que ver con su real naturaleza; máxime que no está resolviendo una cuestión accesoria al procedimiento principal, pues de lo que se trata es de declarar la nulidad del procedimiento, lo cual constituye una acción diversa del procedimiento arbitral y, por tanto, no puede considerarse como una incidencia del procedimiento arbitral, sino como una cuestión diversa de aquélla.

En este sentido, se considera que el llamado incidente de nulidad de laudo puede equipararse al procedimiento de nulidad de juicio concluido, que no obstante referirse a un procedimiento, es independiente de aquel cuya nulidad se reclama, pues la litis de éste no es la del primer juicio, sino determinar si procede o no la nulidad; consecuentemente, aun cuando los artículos 1460 y 1462 del Código de Comercio previenen que los procedimientos de nulidad y de reconocimiento de laudos arbitrales se sustanciarán en la vía incidental, debe entenderse que se trata de verdaderos juicios, por lo que las decisiones que en definitiva resuelven sobre la eficacia y reconocimiento de esos laudos, o las que ponen fin a dichos procedimientos, son reclamables mediante el juicio de amparo directo.

Tampoco se comparten las consideraciones del fallo, respecto a que el laudo arbitral no constituye una sentencia definitiva para los efectos del amparo, al ser la culminación de un procedimiento seguido en forma de juicio lo cual permite establecer que la resolución dictada en el incidente de nulidad del laudo arbitral debe considerarse como un acto ejecutado fuera de juicio, ya que estos últimos actos se refieren a un procedimiento jurisdiccional y, en el caso, el procedimiento arbitral no puede considerarse como tal.

Por otra parte, se considera que no existe fundamento legal que sustente la decisión de la Suprema Corte para dejar insubsistente la resolución dictada por el Tribunal Colegiado en el amparo directo, en tanto que éste es un aspecto de estricta legalidad que escapa de la competencia de este Alto Tribunal, en virtud de que la competencia de la Corte en esta instancia se circunscribía a las cuestiones estrictamente constitucionales.

A diferencia de lo que acontece en el supuesto contemplado en el artículo 94 de la Ley de Amparo, en el que se faculta a la Suprema Corte y a los Tribunales Colegiados de Circuito para dejar insubsistente la sentencia de un Juzgado de Distrito, cuando adviertan que el amparo respectivo debió tramitarse y sustanciarse como amparo directo y no como amparo indirecto, en el caso no existe un precepto equivalente que faculte a este Alto Tribunal para dejar insubsistente la resolución dictada por un Tribunal Colegiado al conocer de un amparo directo y, como consecuencia de ello, ordenarle que se avoque a su conocimiento como indirecto.
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