Votos

Asunto
Amparo directo en revisión 2832/2020
Tema
Determinar si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores actuó de manera irregular al intervenir la sociedad financiera popular denominada FICREA.
Fecha de resolución
03 de Febrero de 2021
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
La Sala consideró que para operar la indemnización derivada de responsabilidad patrimonial del Estado, debe quedar acreditada la existencia de un acto administrativo irregular imputable a las autoridades en el ejercicio de sus funciones y que con su realización u omisión se haya causado daño al particular sin tener la obligación de soportarlo, lo que en la especie no sucedió ya que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores llevó a cabo una serie de actos para evitar el daño que terceros podían sufrir, cumpliendo con sus obligaciones y actuando dentro de las atribuciones legales conferidas.
Sostuvo, que en la especie, el tipo de inactividad atribuido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se dio atento a la discrecionalidad en que la administración tiene que desarrollarse, que tiene que ver con una norma jurídica que le faculte para que, con cierta libertad y ante determinadas circunstancias de hecho, decida lo que es oportuno hacer o no hacer.
Aunado a que, del análisis de las constancias de autos, específicamente de las documentales exhibidas con la presentación de la demanda de responsabilidad patrimonial presentada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, específicamente de la resolución ahí reclamada, se aprecia que dicha Comisión actuó dentro del marco legal.
Por lo anterior, se concluyó que los daños patrimoniales alegados por la quejosa no provinieron de una actividad irregular del Estado, pues la Comisión actuó dentro de las funciones que tenía conferidas, es decir, actuó acorde a lo que le correspondía
Sentido del voto del Ministro
Disiente de la decisión mayoritaria, pues en mi opinión, en el caso a estudio, se advierte que la Comisión actuó de manera anómala e irregular al supervisar a la sociedad financiera popular denominada Ficrea, lo que generó, para la recurrente, el derecho a reclamar una indemnización derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado, tal y como fue considerado por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento.
De las constancias del expediente se desprende que ante lo detectado respecto de la operación y funcionamiento de Ficrea, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contó con la posibilidad legal de imponer las medidas y sanciones consistentes en el veto de operaciones, productos y/o servicios financieros; suspensión, remoción o inhabilitación de los consejeros, funcionarios y/o empleados; multa administrativa; intervención gerencial y revocación de la autorización para operar como sociedad financiera popular.
No se puede pasar desapercibido que, a pesar de la cantidad de irregularidades que detectó, no impuso sanción ni medida alguna a la entidad financiera, sino que se limitó a requerirle la remisión de documentación e información y a pedirle que se abstuviera de celebrar operaciones prohibidas.
De lo anterior se desprende que la Comisión fue omisa en determinar oportunamente sanciones que a la postre pudieron corregir la situación financiera de la sociedad popular y proteger la inversión de los ahorradores; al no hacerlo así, la autoridad supervisora actuó de manera irregular, pues, como quedó evidenciado, la ley constriñe a la Comisión a realizar determinadas acciones para la correcta vigilancia y supervisión de las sociedades financieras populares.
Las funciones de supervisión y vigilancia que la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores imponen al citado órgano desconcentrado implican, a su vez, las atribuciones de revisión del funcionamiento de las sociedades financieras, verificación de la legalidad de sus actos y operaciones, sanción de las infracciones en que incurran, y prevención y corrección de irregularidades en aras de fomentar y mantener la estabilidad, funcionamiento, equilibrio y desarrollo del sistema financiero mexicano y de proteger los intereses del público ahorrador.
Desde la revisión de dos mil once, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tuvo conocimiento de las irregularidades en las que incurría la sociedad financiera popular por lo que debió actuar conforme a la ley y aplicar las sanciones correspondientes, no sólo requerirla para que subsanara sus irregularidades.
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