Votos

Asunto
Amparo Directo en Revisión 3584/2017
Tema
Interpretación de los artículos 109 último párrafo constitucional y 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con la indemnización por error judicial.
Fecha de resolución
22 de Junio de 2020
Tipo de voto
Voto particular.
Sentido de la resolución
La mayoría de los Señores Ministros del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideraron que el objetivo principal de la reforma del artículo 109, último párrafo de la Constitución Federal, fue el establecimiento de una garantía que tuviera como finalidad proteger la integridad y salvaguarda patrimonial de los individuos respecto de la actividad administrativa irregular del Estado y el deber de éste de reparar las lesiones antijurídicas que con aquélla causara en el patrimonio de todo individuo que goce de dicha garantía. Sin embargo, esa garantía no incluye la función propiamente jurisdiccional.

Refirieron, que si bien en el dictamen de veintinueve de abril del dos mil, se señaló que era conveniente proponer que la responsabilidad patrimonial del Estado se aplicara exclusivamente a los actos de la administración pública, también lo es que no se negó la posibilidad de que los actos judiciales pudieran causar un daño, concretamente los sustentados en un error judicial. Esto, porque aunque el Poder Reformador de la Constitución propuso excluirlos, también lo es que al respecto indicó, que esa exclusión era “por ahora”, es decir de carácter temporal, pues según señaló, la prudencia aconsejaba esperar el desarrollo de la doctrina y de la experiencia jurídica, tanto nacional como extranjera, antes de ampliar el régimen de responsabilidad a los actos judiciales.

De ahí, que la mayoría consideró que, si bien lo dispuesto en el último párrafo del artículo 109 constitucional no puede servir de fundamento para demandar una responsabilidad proveniente de un error judicial; nada impide que se pueda demandar al Estado una indemnización, con motivo de un error judicial, citando como fundamento lo dispuesto en el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Consideraron que la procedencia de la indemnización por error judicial, parte de la premisa de que el diez de junio de dos mil once, mediante la reforma al artículo 1° de la Constitución Federal, el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se incorporó al catálogo constitucional de derechos, y por tanto es posible demandar tal una indemnización por el daño causado por el Estado al gobernado.

Estiman que si bien fue la voluntad del Constituyente Permanente que los actos judiciales emitidos en sus funciones por los órganos de impartición de justicia fueran excluidos de la responsabilidad patrimonial del Estado, ello fue sólo de manera temporal y, por tanto, no puede estimarse que exista una restricción constitucional al respecto.
Sentido del voto del Ministro
No comparto el estudio que se hace en relación con la procedencia de la indemnización por error judicial prevista en el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues estimo que sí existe una restricción constitucional al respecto.

Lo anterior, toda vez que, si bien es cierto del dictamen de veintinueve de abril del dos mil, se advierte que el Constituyente Permanente consideró pertinente excluir “de manera temporal” a la función jurisdiccional de la responsabilidad patrimonial del Estado, no menos cierto que el texto constitucional que fue redactado (y que no se ha modificado desde esa fecha), es claro al limitar la responsabilidad del Estado a la actividad administrativa del mismo.

Es decir, en principio el texto constitucional no deja dudas al señalar que “La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa…”, lo cual excluye totalmente a la función jurisdiccional del Estado.

Ahora bien, en la exposición de motivos del veintinueve de abril del dos mil, se especificó “…No se niega que se puedan causar daños por actos legislativos, o incluso judiciales, ésta es la razón de que en algunas legislaciones extranjeras se contemple la responsabilidad del Estado por "error judicial"; sin embargo la naturaleza y caracteres de los actos legislativos y judiciales, nos lleva a proponer excluirlos, cuando menos por ahora, de la responsabilidad patrimonial…”; es decir, puede considerarse que el Constituyente Permanente no cerró la posibilidad de que en un futuro pudiera reconocerse el error judicial en el texto constitucional.

Sin embargo, lo anterior no es suficiente para estimar, implícitamente, que a raíz de la reforma de derechos humanos de junio de dos mil once, se levantó tal restricción expresada por el Poder Reformador de la Constitución, en virtud de que, en primer lugar, se estaría sustituyendo a éste en cuanto a la discusión y análisis de sus propias iniciativas y, en segundo lugar, so pretexto de una interpretación extensiva, se estaría pasando por alto que el texto constitucional es categórico al excluir los actos judiciales, y en ese sentido debe prevalecer una interpretación estricta de la misma.

Máxime que, es un hecho notorio, que han sido presentadas en el Congreso de la Unión, iniciativas de reforma al artículo 17 y 109 de la Constitución Federal, para reconocer el derecho a la indemnización por error judicial, sin que éstas hayan prosperado; de lo que es viable concluir que no ha sido la intención del Constituyente el levantar esa restricción constitucional.
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