Votos

Asunto
Amparo directo en revisión 5324/2016
Tema
La constitucionalidad de los artículos 2º, 15, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 73 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como los diversos numerales 1º, 2º, 8º, 13, 15 y 34, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al estimar que vulneraban el derecho humano a la seguridad jurídica, al permitir sancionar una conducta a través de diversos procedimientos, lo que conduce a ambigüedades en su aplicación, e incluso, permite, a juicio del quejoso, la arbitrariedad de las autoridades que las aplican.
Fecha de resolución
15 de Noviembre de 2017
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
La Segunda Sala de la SCJN estimó que los argumentos, respecto a la contraposición de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, resultaban inoperantes, en tanto que, en la resolución administrativa originalmente impugnada, se aplicaron únicamente los artículos de la legislación citada en primer orden, considerando procedente imputar al quejoso una medida resarcitoria.

Partiendo de dicha premisa, el estudio únicamente se centró en el análisis de los artículos 2º, 15, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 73 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la luz del principio de seguridad jurídica, de cuyo análisis se confirmó, en última instancia, su constitucionalidad, al concluir que prevén con claridad quiénes son los sujetos de responsabilidad resarcitoria, cuándo se puede iniciar el procedimiento, los requisitos para incoarlo, el objeto de la responsabilidad resarcitoria, el ente público legalmente facultado para sancionar y qué tipo de sanción procede, limitando, en consecuencia, la actuación de la autoridad administrativa y evitando, en correspondencia, la posible arbitrariedad en su proceder.

Aunado a lo anterior, se abordó el planteamiento relativo a que las normas impugnadas violan el principio non bis in ídem, al permitir, en términos del quejoso, se castigue la misma conducta con dos o más sanciones. La construcción de las consideraciones de la decisión de la Sala, de desarrolló a partir del análisis del precepto 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, principio que rige ya sea en materia penal y en la administrativa, y que implica la prohibición de que una misma conducta se castigue doblemente con una misma sanción, o bien, que esa conducta se someta a dos procedimientos diferentes y en cada uno se imponga una idéntica sanción; además, proscribe iniciar un nuevo juicio o procedimiento administrativo tendiente a la emisión de una resolución sobre situaciones que ya fueron objeto de un procedimiento de la misma naturaleza, salvo que, el nuevo procedimiento inicie en cumplimiento de una sentencia dictada en el ámbito jurisdiccional o un recurso administrativo.

Bajo ese contexto, se concluyó que, de la correlación de los numerales 51 y 54, ambos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se advertía que las responsabilidades sancionatorias responden a la necesidad de resarcir el monto de los daños estimables en dinero causados a la hacienda federal, o al patrimonio de los entes públicos y que éstas, se fincarán con independencia de las que proceda con base en otras leyes, y de las sanciones penales que imponga la autoridad judicial.

Por lo que los preceptos impugnados, estimó la Segunda Sala, no violan el referido principio constitucional, ya que el simple hecho de que permitan que se apliquen otras con base en diversas leyes, además de la resarcitoria y de las de carácter penal, no es suficiente para considerar transgredida la garantía de seguridad jurídica, debido a que en el caso concreto, no existió evidencia que la parte quejosa se le incoara un procedimiento de la misma naturaleza por la misma conducta sancionada inicialmente, sino que sólo se le sancionó por responsabilidad de índole resarcitoria.

Conforme a esos razonamientos, se concluyó que debía confirmarse la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado, dejando sin materia la revisión adhesiva interpuesta por el Director General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación.

Es decir, en las disposiciones normativas impugnadas el legislador estableció de manera directa la tarifa de interconexión correspondiente al servicio de terminación en redes fijas y móviles tratándose del agente económico preponderante, cuando esta atribución corresponde al órgano regulador, pues el Constituyente Permanente lo facultó para emitir la regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, bajo la idea de que se trata del órgano especializado, cuya experiencia propia le permite expedir la normativa específica para cada caso concreto.
Sentido del voto del Ministro
Comparte sustancialmente la decisión de los Ministros de la Segunda Sala; sin embargo, disiente de las consideraciones que rigen la ejecutoria de amparo, puesto que, considera que el planteamiento real sí consistía en la posible violación al principio de seguridad jurídica derivada de la contraposición tanto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil nueve, así como de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada el veintiocho de mayo de dos mil nueve, aspecto respecto de la cual, esta Segunda Sala estaba constreñida a su estudio, en tanto que, al resolver el recurso de reclamación 1525/2016, en sesión de ocho de marzo de dos mil diecisiete, se determinó por unanimidad revocar el acuerdo desechatorio del amparo directo en revisión en que se actúa y admitirlo a trámite, bajo las consideraciones expresas de que implicaba un pronunciamiento de constitucionalidad que hacía procedente por sí mismo el recurso, a saber, el que he referido.

En ese sentido, lo que correspondía resolver a esta Segunda Sala era determinar si los artículos 2, 15, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 73 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como los diversos 1, 2, 8, 13, 15 y 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vulneraban los artículos 14 y 16 constitucionales por contemplar la misma conducta irregular pero con distintos procedimientos que resultan confusos, y por tanto, estipulan diversas sanciones, provocando ambigüedades en su aplicación y una indebida discrecionalidad de las autoridades que las utilizan; lo que a su juicio es infundado, pues son dos ordenamientos que sancionan la misma conducta con diferentes consecuencias y prescripciones diversas y, por tanto, no existe inseguridad jurídica para el gobernado.

Lo anterior, toda vez que las garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son respetadas por el legislador, cuando al expedir normas que prevén infracciones administrativas o conductas antijurídicas, especifica sus elementos de manera clara, precisa y exacta a fin de otorgar certidumbre a los gobernados y evitar que las autoridades administrativas actúen arbitrariamente ante la indeterminación de los conceptos.

Por otra parte, difirió de la forma en que el proyecto abordó el estudio del principio de non bis in ídem, puesto que se concluyó, a mi juicio, de manera errónea, que el artículo 23 constitucional prohíbe la doble imposición respecto de una misma conducta, por el simple hecho de que se emita una resolución definitiva en un procedimiento administrativo o judicial.

Su postura responde a la consideración central de que, el referido precepto constitucional no puede interpretarse en ese sentido, puesto que la verdadera finalidad que subyace no es impedir la imposición de sanciones respecto de una misma conducta, sino proscribir sanciones derivados de procedimientos de misma naturaleza y finalidad sancionatoria, por lo que es factible analizar una misma conducta a través de procedimientos de naturaleza distinta, atendiendo a la finalidad de cada uno de éstos, así como las sanciones que en su caso pueden imponerse.

En efecto, no debe soslayarse que una conducta puede ser sujeta de procedimientos administrativos o judiciales, pero esa simple circunstancia no implica, inexorablemente, que no es posible establecer sanciones diversas; puesto que lo que condiciona la prohibición a que hace referencia el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que no es dable imponer medidas sancionatorias de la misma naturaleza o que persigan la misma finalidad.

La determinación de la naturaleza que reviste a cada procedimiento, es el punto de partida sobre el cual debe versar el estudio sobre la imposición de sanciones de la misma índole. En ese aspecto, como lo sostuve en la sesión de Segunda Sala correspondiente, considero necesario, a fin de dar respuesta al planteamiento real y concreto de la parte recurrente, en el recurso de revisión de mérito, analizar la naturaleza de los procedimientos contemplados en las leyes en cuestión.
Se abrirá en otra página