Votos

Asunto
Amparo directo en revisión 5455/2017
Tema
Determinar si era procedente el recurso de revisión al existir interpretación directa del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por arte del Tribunal Colegiado.
Fecha de resolución
24 de Enero de 2018
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
La Segunda Sala de la SCJN concluyó que resultaba incorrecto lo aducido por la recurrente en su recurso, en tanto que, en la especie, no existía una interpretación directa del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo que el tribunal colegiado del conocimiento sólo lo citó a modo de referencia, con el propósito de fijar un punto de partida para el desarrollo de las diversas consideraciones encaminadas a justificar la legalidad de la sentencia reclamada y de las consideraciones que sostuvo la sala fiscal responsable relativas a considerar que, en el caso, en momento alguno se acreditó la existencia de una actividad irregular del Estado.
Sentido del voto del Ministro
Disiente de la decisión mayoritaria, pues estima que el órgano jurisdiccional que emitió la sentencia recurrida, sí realizó una interpretación del artículo 109 (anteriormente 113) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de establecer el alcance del concepto de “actividad administrativa irregular”.

Lo anterior, ya que de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dentro del amparo directo 287/2017, se advierte que, sí se desentrañó el sentido y alcance del artículo 109 (anteriormente 113) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de determinar que la responsabilidad patrimonial del Estado sólo procede respecto de la irregularidad de los actos materialmente administrativos y no de aquéllos declarados ilegales en instancia jurisdiccional.

Al efecto, se advierte que el órgano de amparo determinó que existe una diferencia entre la actuación administrativa ilegal y la actuación administrativa anormal o irregular, en tanto que la primera ocurre dentro del marco normativo que rige a la autoridad, aunque de manera defectuosa; en tanto que la segunda acontece en un contexto totalmente ajeno a las reglas que rigen su actuación. Por lo tanto, ante tal diferenciación, la actuación administrativa ilegal no puede dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado, sino únicamente su actuación irregular, haciéndose necesario demostrar que determinado acto autoritario se emitió sin que existieran atribuciones para tal efecto, o bien, en completo y absoluto desapego de las reglas aplicables.

Bajo ese contexto, afirmó que la ilegalidad de un acto, aun declarada jurisdiccionalmente, no da lugar, por sí solo, al fincamiento de responsabilidad patrimonial ni al otorgamiento de la indemnización correspondiente, siendo necesaria su demostración de que es irregular; auado a lo anterior, a fin de declarar que existe un actuar irregular de índole administrativo, es necesario que, además de acreditar que la autoridad inobservó algún requisito previsto en la ley al ejercer sus facultades, es necesario que se acrediten otros elementos, como es la existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una o varias personas, el nexo causal entre el daño y la actividad de la administración pública.

Así, derivado de una labor interpretativa, el tribunal colegiado del conocimiento, concluyó que, aun cuando toda actividad irregular del Estado es ilegal, con independencia de que exista o no declaración judicial o administrativa en ese sentido, no todo acto declarado inválido o ilegal se considera actividad irregular, por lo que, para determinar cuándo se está en presencia de actividad irregular debe atenderse a cada caso concreto.

En ese sentido, considera que, en atención a lo explicitado en párrafos precedentes y contrario a lo sostenido por la mayoría de los Señores Ministros, sí existió un aspecto de constitucionalidad resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en tanto que, si bien no empleó un método único y específico interpretativo (gramatical, sistemático, histórico, teleológico, etc.), cierto es también que, resulta inconcuso, desentrañó el sentido y alcance del artículo 109 (anteriormente 113) de la Constitución Federal, para concluir que su procedencia no se actualiza contra la actividad administrativa declarada nula, sino que es necesario se cumpla con la acreditación de que dicha actividad fue irregular en los términos propios de la ejecutoria de amparo.

Por lo anterior, es que estima que sí se satisfacía el primero de los requisitos de procedencia del amparo directo en revisión, sin que con dicha posición, prejuzgue sobre el fondo del asunto, en tanto que tal pronunciamiento requiere un ejercicio analítico de las consideraciones de la sentencia recurrida en contraposición de los agravios aducido en el ocurso del recurso interpuesto.
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