Votos

Asunto
Amparo Directo en Revisión 5841/2015
Tema
Constitucionalidad del artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el derecho humano de audiencia y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al no permitir alegar y probar lo que en derecho corresponde dentro del juicio de garantías, conforme a las formalidades esenciales del procedimiento.
Fecha de resolución
20 de Junio de 2018
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
La Segunda Sala, por mayoría de votos, determinó que si bien subsisten planteamientos de constitucionalidad, existe un impedimento técnico para abordarlo de fondo en esta instancia.
En la demanda de amparo se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 71 y 75 de la Ley del Seguro Social, y en la sentencia recurrida se declaró inoperante tal argumento, por considerar que dichos numerales se aplicaron en la resolución determinante del crédito fiscal, por lo que el quejoso debió promover amparo directo contra la primera sentencia dictada en el juicio de nulidad por estimar que había precluido su derecho conforme a lo previsto en el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, aspecto que también se impugna en esta instancia.
Sin embargo, aun cuando los temas de constitucionalidad pudieran ser relevantes para el orden jurídico nacional, en el caso se actualiza un impedimento técnico, pues los agravios relativos son inoperantes, ya que están enderezados a demostrar la indebida aplicación del referido numeral 170 de la Ley de Amparo, lo cual constituye además un aspecto de legalidad que no puede ser analizado en esta instancia, al igual que las razones por las que el Tribunal Colegiado del conocimiento determinó que había precluido su derecho para impugnar dichos preceptos legales.
Sentido del voto del Ministro
Estimo que el recurso debió resolverse en el sentido de negar el amparo a la parte quejosa.
Estimo que debió tomarse en cuenta toda la naturaleza que envuelve a la rama del seguro de riesgos de trabajo. Como ya se ha sostenido en distintos precedentes, corresponde exclusivamente al patrón aportar lo necesario para esta rama de seguro; esto nació de la obligación existente originalmente en la Constitución, de que ellos se tenían que hacer cargo de todos los riesgos de trabajo. Consecuentemente, todo el sistema está construido con base en esa peculiaridad; por eso, a los patrones se les ha dado el derecho de autoclasificarse.
El criterio de preponderancia de la actividad –en los términos planteados en la propuesta– desapareció del sistema legal para la clasificación de las empresas y para fijar el grado de riesgo, y se sustituyó por este nuevo sistema, en el que la clasificación de las empresas es en función de su objeto, en sí mismo, a fin de determinar si la actividad que realizan tiene un mayor grado de riesgo y, consecuentemente, de posibilidades de siniestralidad. Otra cosa es la prima, que es conforme a lo que tienen que aportar esas empresas, en atención a su grado de siniestralidad. Esto es un proceso que tiene un inicio, en donde los patrones se autoclasifican y, consecuentemente, si están iniciando sus actividades, pues no se puede identificar qué grado de siniestralidad tienen y, por eso, se establece que se les fija en la media de la prima que se establece para cada una de las clases de riesgo establecidas por el Instituto, para después ajustarlo conforme a la realidad.
A mi juicio, no había duda de que el objeto de la empresa quejosa conlleva un grado de riesgo que puede ser importante. De hecho, en el objeto social de la empresa se establece que, entre otros, es constituir, instalar, mantener, operar y explotar una red pública telefónica y de telecomunicaciones para prestar el servicio público de conducción de señales, etcétera. Por ello, concluyo que conforme a ese objeto social, el riesgo potencial que pueden tener sus trabajadores es el que señaló el Instituto Mexicano del Seguro Social.
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