Votos

Asunto
Amparo Directo en Revisión 607/2020
Tema
Interpretación directa de los artículos 2° y 27 de la Constitución Federal, en relación con el reconocimiento de las comunidades indígenas y de los derechos agrarios.
Fecha de resolución
07 de Octubre de 2020
Tipo de voto
Voto Concurrente
Sentido de la resolución
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión ordinaria celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, resolvió el amparo directo en revisión 607/2020 en el sentido de confirmar la sentencia recurrida —en la materia de la revisión— y negar al Comisariado de Bienes Comunales del poblado indígena de San Juan Tlacotenco, Municipio de Tepoztlán la protección constitucional solicitada.

Para poder entender los alcances del fallo en cuestión y el sentido de mi voto, considero conveniente tener presente lo siguiente:

• Mediante juicio agrario número 219/96, la comunidad indígena de San Juan Tlacotenco demandó de la comunidad de Tepoztlán la nulidad del título de restitución y dotación de tierras que le fue otorgado desde el año mil novecientos veintinueve. También solicitó el reconocimiento de la actora como comunidad agraria independiente de Tepoztlán, de conformidad con los artículos 98, fracción III, y 99 de la Ley Agraria.

• Ese juicio se resolvió el veintiuno de noviembre de dos mil dos, en el sentido de declarar improcedente la acción intentada por la parte actora, toda vez que se probó que la posesión de los terrenos reclamados formaban parte de la resolución presidencial de 14 de noviembre de 1929, en la que se restituyó al Municipio de Tepoztlán la superficie de 2,100-00-00 hectáreas.

• Posteriormente, mediante juicio agrario (322/2006) –del que deriva el presente juicio de amparo directo en revisión– la comunidad indígena de San Juan Tlacotenco solicitó, entre otras cuestiones, el reconocimiento de que esa comunidad cuenta con los derechos que señala el artículo 2º Constitucional y que es autónoma del poblado de Tepoztlán, a pesar de que mediante resolución presidencial expedida en el año de mil novecientos veintinueve se hubiese establecido que dicha comunidad formaba parte de Tepoztlán.
Asimismo, solicitó que se le reconociera como titular de parte de las tierras que le habían sido reconocidas originalmente a Tepoztlán y a otros poblados vecinos.

• En la sentencia respectiva, el Tribunal Unitario Agrario del conocimiento estableció que la parte actora no había acreditado sus acciones, pues (en lo que interesa para este voto) consideró que:
 Respecto de la prestación consistente en declarar la nulidad del título por el que se reconocieron los terrenos en litigio al núcleo agrario de Tepoztlán, había operado la cosa juzgada; y por las demás tierras que reclamó la actora (colindantes a Tepoztlán), el Tribunal Agrario señaló que la comunidad indígena promovente no había demostrado tenerlas en posesión.
 En lo atinente al reconocimiento de derechos consagrados en el artículo 2 de la Constitución Federal, el Tribunal Agrario responsable determinó:
"(…) carece de sustento legal que la parte actora argumente en su escrito de demanda, que el juicio agrario 219/96 de este Tribunal, en el cual se resolvió la acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales, sobre la base de la legislación vigente en aquél tiempo, que se resolvió negando a su pueblo el derecho de libre asociación, así como el derecho de autodeterminación, y que fueron condenados a un estado de esclavitud, al forzar su voluntad y obligarlos a ser parte agraria de una entidad a la que no desean pertenecer; pero que a raíz de la reforma al artículo 2° Constitucional, cambió la situación legal sobre cuya base se les negó el derecho a la autodeterminación, pues dicen que con su territorio según forman una unidad económica, social, cultural, que además reconocen autoridades propias que hasta el momento ninguna autoridad ha reconocido como su representación comunal, sus mayordomos y sus jerarquías".
 Asimismo, señaló que se había comprobado que el pueblo de San Juan Tlacotenco era parte integrante del colectivo agrario Tepoztlán, municipio de su mismo nombre, en el Estado de Morelos, por lo cual tiene derecho a participar con voz y voto en los acuerdos de asamblea de comuneros, en términos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 27 constitucional, 9, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley Agraria, y los correlativos del Estatuto Comunal.
 Sin que hubiera quedado acreditado que el Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán haya transgredido u omitido respetar los derechos del pueblo de San Juan Tlacotenco, o que hubiere ejercido alguna acción que implique su desconocimiento; o bien, que hubieren realizado actos o contratos en su nombre.
 También se indicó que con la resolución presidencial de catorce de noviembre de mil novecientos veintinueve (en la que se reconoció a la comunidad de Tepoztlán), implícitamente se reconoció que los vecinos de las poblaciones que la misma comprende eran descendientes de las personas que habitaban y poseían desde tiempos inmemoriales los terrenos reconocidos y restituidos mediante esa resolución, es decir, desde antes de iniciarse la colonización a raíz de lo cual también quedó reconocido dicho colectivo agrario como una Comunidad de derecho; y, conforme a la legislación vigente en esa época, las resoluciones presidenciales no podrían modificarse o revocarse en forma alguna.
 De ahí que resultara improcedente hacer nuevamente tal reconocimiento, el cual se da por mandato Constitucional, sin que sea necesario que el Tribunal Unitario así lo declare.
 Al no ser derechos absolutos los contemplados en el artículo 2º de la Constitución, pues están limitados con el principio de unidad nacional contenido en la propia norma Fundamental, también es improcedente declarar que ese poblado puede constituirse como un núcleo autónomo en ejercicio del derecho de asociación previsto en el artículo 9 constitucional.
 Tampoco procede el reconocimiento de la posesión que tienen a través de los comuneros reconocidos por su asamblea, ya que previo a ello deben elevar su petición al máximo órgano del ente agrario del cual forma parte (Tepoztlán) al ser una atribución exclusiva en términos del artículo 23 de la Ley Agraria.
 Es improcedente declarar que ese poblado es una Comunidad de hecho y de derecho, pues forma parte del ente agrario de Tepoztlán, el cual desde el catorce de noviembre de mil novecientos veintinueve es una comunidad de derecho, pues en esa fecha se emitió la resolución presidencial en que se le reconoció con tal carácter.
 También es improcedente el reconocimiento y titulación de bienes comunales en autonomía constitucional, porque debe atenderse a lo determinado en la resolución presidencial antes mencionada, que establece que la explotación debe ser mancomún, ya que sus derechos permanecen indivisos, pues no se ha hecho el fraccionamiento de los mismos, lo cual también es una facultad exclusiva de la asamblea en términos del numeral antes citado.
 Es improcedente declarar la nulidad del reconocimiento contenido en la resolución presidencial de fecha catorce de noviembre de mil novecientos veintinueve, y que la parte actora denomina "nulidad del derecho de reconocimiento y titulación de bienes comunales de catorce de noviembre de mil novecientos veintinueve"; así como el respeto y acatamiento de derechos que demandan de su Órgano de Representación; que se abstengan de llevar a cabo cualquier acción que implique el desconocimiento de dicho poblado; y declarar la nulidad de actos o contratos que el Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán hubiere celebrado a nombre del poblado de San Juan Tlacotenco, porque de ningún modo se comprobó la existencia de actos de esa naturaleza.

• En contra de esa sentencia, la comunidad de San Juan Tlacotenco promovió juicio de amparo directo, en el que cuestionó la interpretación realizada por el Tribunal Agrario respecto de diversos preceptos constitucionales, dentro de los que destacan los artículos 2º y 27, fracción VII, de la Carta Magna, de los cuales, según la comunidad quejosa, debe darse prevalencia al primero de ellos, en tanto que este es el que protege y regula de manera especial todos los derechos de las comunidades indígenas, mientras que el precepto nombrado en segundo lugar solamente regula los derechos sobre las tierras, en especial de los ejidos y comunidades agrarias (no necesariamente indígenas). En específico, lo que la comunidad indígena planteó en este aspecto fue que de conformidad con el artículo 2º Constitucional, las comunidades indígenas son autónomas, y que no existe dispositivo constitucional alguno que permita que una comunidad indígena se encuentre subordinada a otra; por lo que el Tribunal Agrario actuó indebidamente al sostener que la comunidad quejosa formaba parte de la de Tepoztlán y, por tanto, debía someter ante esta última su pretensión de separarse.

• El Tribunal Colegiado del conocimiento dictó sentencia en la que negó el amparo solicitado y dicho fallo es el que se sometió a revisión en el presente amparo directo en revisión.

Precisado lo anterior, debe decirse que en la sentencia aprobada por la Sala se consideró que el Tribunal Colegiado del conocimiento había omitido realizar la interpretación constitucional solicitada en la demanda de amparo (respecto de los artículos 2° y 27 de la Constitución Federal), y a partir de ello, se procedió a dilucidar la forma en que esos preceptos protegían los derechos de los pueblos indígenas.

En este sentido, la Litis sometida a nuestra consideración consistió en determinar si la protección de los derechos de los poblados indígenas –reconocidos en el artículo 2º Constitucional– y el reconocimiento sobre la posesión y titularidad de las tierras que desde tiempos inmemorables posee el poblado indígena quejoso, se rigen por las disposiciones agrarias –reglamentarias del artículo 27, fracción VII, de la Carta Magna– o no, y si la errónea interpretación de dichos artículos derivó en el desconocimiento de su derecho a la autoadscripción, autonomía y prohibición de asimilación forzada al Poblado de Tepoztlán, Morelos, sin respeto a su propiedad agraria.

Dicho planteamiento se encontraba relacionado con el argumento de que, si bien existía un juicio agrario previo —iniciado por el propio poblado quejoso—, en el que se les había declarado improcedente la acción de acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales, lo cierto es ello había sido conforme a la Ley Agraria anterior, la que no se encontraba condicionada (como ahora) por el artículo 2° constitucional, tras las reformas que éste sufrió en dos mil uno. Es decir, adujeron que sin desconocer la existencia de la cosa juzgada, ella no podía operar porque ahora existía un nuevo contexto normativo, relacionado con los pueblos indígenas conforme a la reforma del artículo 2° constitucional.

En ese sentido, la sentencia aprobada por esta Segunda Sala declaró infundados los conceptos de violación al estimar que las consecuencias jurídicas que la parte quejosa aducía respecto del artículo 2° constitucional no eran ciertas.

Para ello, se trajo a cuenta la regulación constitucional y legal del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en materia agraria, señalando primero el contenido del artículo 4° constitucional en mil novecientos noventa y dos, así como el artículo 164 de la Ley Agraria de ese mismo año. Posteriormente, se trajo a colación lo dispuesto por el artículo 8 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el texto del reformado artículo 2° constitucional en el año de dos mil uno para señalar los derechos que les fueron reconocidos a los pueblos indígenas.

A continuación, se consideró que constitucional y convencionalmente se encuentra reconocido el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, que deberán ejercer en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional; sin embargo, se dijo que ese derecho no es absoluto, pues se encuentra acotado por el marco constitucional de autonomía que asegura la unidad nacional, con la garantía de que las comunidades podrán acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas constitucional y legalmente, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad.

En ese sentido, se determinó que el derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas no puede tener el efecto que pretende la comunidad quejosa en el sentido de desconocer la cosa juzgada —para que ahora sus pretensiones se resolvieran conforme a lo dispuesto en el artículo 2º de la Constitución Federal—, dado que la institución de la cosa juzgada y su efectividad no se encontraban sujetas a la existencia de reformas a la legislación a partir de la cual se emitió la sentencia correspondiente.

Por otra parte, se dispuso que dado que el reconocimiento del territorio y el uso y disfrute de los recursos naturales se debe hacer en el marco constitucional que exige el respeto a derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, no existía posibilidad jurídica alguna para que el poblado indígena quejoso obtuviere el reconocimiento sobre la titularidad de la extensión de tierra que acudió a defender, pues previamente se resolvió un diverso juicio agrario en el que se falló que al poblado de Tepoztlán, Morelos se le restituyeron esas tierras mediante resolución presidencial de catorce de noviembre de mil novecientos veintinueve, por lo que en términos del artículo 2, fracción VI, apartado A, de la Constitución Federal, se le debía respetar esa propiedad.

Asimismo, se hizo referencia al contenido del artículo 27, fracción VII y del artículo 2° de la Constitución Federal para concluir que en el primero de ellos se encuentra el fundamento del derecho sobre la propiedad de la tierra de los pueblos y comunidades indígenas —que también es expreso en instituir que será la ley reglamentaria la encargada de establecer los lineamientos a través de los cuales se ejercerá, concretamente, el derecho de los comuneros sobre la tierra y el de cada ejidatario sobre su parcela, así como los términos en que se hará la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población— mientras que el segundo establece cómo se va a ejercer ese derecho sobre la propiedad —porque el ejercicio de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas prevé el derecho a conservar y mejorar su hábitat, preservar la integridad de las tierras y acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan—.

De esta manera, se concluyó que no era posible considerar, como lo pretendía la parte recurrente, que el artículo 27 constitucional le otorgaba el derecho a tener tierras y que de acuerdo con el 2º, la comunidad podía decidir, como parte de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, sobre el destino de la superficie que decía poseer desde tiempos inmemorables. Ello, porque además de que tales preceptos no tienen los efectos pretendidos, el derecho a la libre determinación de los pueblos no es absoluto, pues se encuentra acotado por los lineamientos que establece la Constitución y ella es expresa en prever que será la ley reglamentaria la encargada de establecer los lineamientos a través de los cuales se ejercerá el derecho de los comuneros sobre la tierra.

En este contexto, se analizaron los artículos 9, 10, 11, 12 a 20, 21, 22, 23, 33, 36, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106 y 107 de la Ley Agraria (reglamentaria del artículo 27, fracción VII, de la Constitución Federal) para resaltar que la asamblea como órgano supremo del ejido o comunidad es la autoridad que tiene la competencia exclusiva para resolver sobre la división del ejido o comunidad o su fusión con otros ejidos o comunidades, sin que en el presente caso se haya advertido que los quejosos hayan formulado alguna petición al respecto.

Una vez resuelto el problema de constitucionalidad omitido por el tribunal colegiado del conocimiento, esta Segunda Sala continuó con el estudio de los agravios de la revisión, mismos que calificó infundados e inoperantes.

Se calificaron infundados los agravios relacionados con el indebido estudio de constitucionalidad respecto de los artículos 98 y 99 de la Ley Agraria, ya que se demostró que el tribunal colegiado sí desarrolló el análisis correspondiente a partir de los argumentos de la parte quejosa.

Finalmente, se calificó como inoperante el agravio tercero, en el que se hacía referencia a que contrario a lo sostenido en la sentencia recurrida, en la demanda de amparo no se habían formulado planteamientos de legalidad y que la comunidad quejosa no pretendía su autonomía como nación independiente.
Sentido del voto del Ministro
Si bien comparto las consideraciones relacionadas con la existencia de la cosa juzgada respecto de los planteamientos relacionados con las tierras que reclamó la comunidad indígena, respetuosamente me aparto de los argumentos por los que se consideró que esa figura también había operado en lo atinente al reconocimiento de la comunidad como ente autónomo e independiente de la diversa comunidad de Tepoztllán, así como en relación con los planteamientos vinculados con la interpretación directa del artículo 2º Constitucional.

En efecto, como se aprecia del apartado anterior, los Ministros de esta Segunda Sala consideraron que, en el caso, se actualizó la figura de la cosa juzgada respecto de las pretensiones del Poblado indígena quejoso y recurrente, ya que en un juicio previo se había resuelto que no le asistía derecho para reclamar los terrenos que le pertenecían al núcleo agrario de Tepoztlán, Municipio de Tepoztlán, Estado de Morelos, pues mediante un Decreto presidencial de mil novecientos veintinueve se le restituyó a éste último las tierras que ahora se reclaman.

Lo anterior se sostuvo con independencia de lo alegado por el poblado indígena quejoso consistente en que si bien existía dicho juicio agrario previo, lo cierto era que su resolución había sido emitida previo a la reforma del artículo 2° constitucional (en el año dos mil uno), que fue cuando por primera vez se reconocieron a nivel constitucional los derechos de libre autodeterminación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.

Sobre este aspecto, me separo de lo argumentado por la señora y señores Ministros integrantes de esta Segunda Sala, pues si bien coincido en que operó la cosa juzgada respecto del reclamo relacionado con los terrenos de Tepoztlán en materia agraria, respetuosamente, no comparto que esa figura haya operado también en relación con el resto de prestaciones que demandó la comunidad quejosa.

Ello, ya que el primer juicio agrario (del que se hizo depender la cosa juzgada) se promovió en el año 1996, esto es, cuando todavía no se reformaba el artículo 2º Constitucional.

En esa época, el citado precepto establecía únicamente:

“Art. 2o.- Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional, alcanzarán, por ese sólo hecho, su libertad y la protección de las leyes”.

Y la única referencia que se hacía en la Constitución Federal a las comunidades indígenas se encontraba en el artículo 4º, párrafo primero, que disponía:

“Art. 4o.- La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974)
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974)
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
(ADICIONADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983)
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 1983)
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
(ADICIONADO, D.O.F. 18 DE MARZO DE 1980)
Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La Ley determinará los apoyos a la protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas”.

No fue sino hasta el catorce de agosto de dos mil uno que se reformó el artículo 2º Constitucional para reconocer los derechos de las comunidades indígenas en la forma en que los conocemos actualmente, estableciéndose:

“(REFORMADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001)
Art. 2o.- La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley”.

Luego, si el primer juicio agrario (219/96) se promovió en el año 1996, cuando todavía no se reformaba el artículo 2º Constitucional y todavía no se reconocía el cúmulo de derechos cuyo reconocimiento se demandó hasta el segundo juicio agrario (del que deriva directamente la presente controversia), concluyo respetuosamente que no resulta válido establecer que en lo atinente al reconocimiento de esos derechos también operó la cosa juzgada, ni siquiera la cosa juzgada refleja, pues resultaría injustificado considerar que en aquella época se demandó el reconocimiento de derechos constitucionales que no existieron sino hasta cinco años después, o que ello constituyó parte de la Litis resuelta en aquel juicio.

Por otra parte, cabe señalar que la acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales en materia agraria y la de reconocimiento de carácter de comunidad indígena y otros derechos derivados del artículo 2º Constitucional, en mi opinión, son autónomas e independientes entre sí.

Esto lo aclaro en atención a que la sentencia materia de este voto, implícitamente, pareciera considerar que las pretensiones del poblado indígena referentes al reconocimiento de sus derechos como comunidad indígena, se encuentran subordinadas a su reclamo de tierras, y que al haber operado la cosa juzgada respecto del reclamo de tierras, en consecuencia, debe considerarse actualizada la cosa juzgada refleja en lo tocante al otro reclamo.

Ese criterio me genera las siguientes interrogantes:

•¿Acaso no pueden existir comunidades indígenas independientes de otras, con lenguaje, costumbres y creencias propias, si no tienen tierras o si en un juicio no demostraron tener la posesión de las tierras que reclaman?

•¿Si un poblado indígena, por alguna cuestión no logra obtener el reconocimiento de tierras, ya no puede tampoco obtener el reconocimiento de su calidad de comunidad indígena en términos del artículo 2º Constitucional?

Interrogantes, que en mi opinión, debieron ser respondidas en las consideraciones de la presente resolución.

Por tanto, dado que la sentencia no clarifica por qué los reclamos relacionados o derivados del artículo 2º Constitucional deben subordinarse al reclamo de tierras, considero que ambos debieron analizarse de manera independiente, pues, en el caso concreto, ambos reclamos son autónomos.

Por las razones anteriores, respetuosamente me aparto de las consideraciones relacionadas con que operó la cosa juzgada respecto de las prestaciones derivadas del reconocimiento de los derechos reconocidos en el artículo 2º Constitucional.
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