Votos

Asunto
Amparo Directo en Revisión 6917/2016
Tema
Constitucionalidad del artículo 29-A, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación
Fecha de resolución
10 de Enero de 2018
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
En la sentencia de la mayoría se resolvió declarar infundado el agravio relativo a la inconstitucionalidad del artículo 29-A, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, en tanto que éste no genera inseguridad jurídica, pues si bien es cierto que dicha norma no establece expresamente limitante para la facultad de la autoridad para emitir requisitos en materia de comprobantes fiscales, lo cierto es que tal potestad reglamentaria encuentra sus límites en los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica. De ahí, que resulte razonable que el propio código habilite al Servicio de Administración Tributaria para detallar e implementar, mediante reglas de carácter general, los requisitos que deben contener los comprobantes fiscales digitales; conclusión que comparto, en virtud de que atiende a la naturaleza técnico operativa de ese tipo de cláusulas definida a través de criterios sustentados por este Tribunal.
Sentido del voto del Ministro
Me aparto de la diversa conclusión sustentada en la ejecutoria en el sentido de que la regla I.2.7.1.25 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, es inconstitucional por generar incertidumbre jurídica, en virtud de que en la resolución se establece que no existen elementos que permitan conocer aunque sea de manera genérica, las bases mínimas a partir de las cuales la autoridad hacendaria definirá cuál información es requerida en el complemento, los datos que deben reflejarse y que incluso omite proporcionar algún parámetro que permita garantizar a los contribuyentes la existencia de un marco normativo que sirva para que la autoridad administrativa defina el contenido mínimo de tal documento.

No comparto estas consideraciones y fundamentos, en virtud de que como la manifesté desde que se discutió por primera vez esta problemática , la regla impugnada no quebranta el principio de seguridad jurídica, atendiendo a las razones que enseguida desarrollo.

ARGUMENTO DEL VOTO. El análisis de la regla miscelánea debe partir de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, los cuales establecen los requisitos que deben contener los comprobantes fiscales, por los actos o actividades que realicen los contribuyentes, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, para que surtan efectos, dentro de los cuales es que ese comprobante sea digital.

La introducción del sistema digital para los comprobantes fiscales, obedeció a la finalidad de facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales . Así, quien haya solicitado la actividad o haya intervenido en una actividad por la que se genera un tributo, tiene la obligación de solicitar el comprobante respectivo.

Recuérdese que con la expedición de comprobantes digitales se permite tanto a las autoridades como a los sujetos pasivos corroborar la veracidad de las operaciones de una manera más rápida y efectiva, en beneficio de la actividad recaudatoria del Estado y el hecho de que se haya implementado este sistema se encuentra relacionado con la actualización y desarrollo de nuevas tecnologías.

En este contexto, la regla miscelánea que se reclama en el caso concreto, prevé que para los efectos de mencionados artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, en las operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles que se celebren ante notarios públicos, los adquirentes de dichos bienes podrán comprobar para efectos de deducción y acreditamiento, el costo de adquisición por medio del comprobante fiscal digital que dichos notarios expidan por los ingresos que perciban, siempre y cuando incorporen a dichos comprobantes, el complemento que al efecto publique el SAT en su página de internet .

Como se advierte, a través de dicha regla general no se introduce un sistema novedoso para verificar los actos o actividades gravadas, sino que se inscribe en el mecanismo expresamente previsto en la ley y cuya finalidad se traduce en permitir a las personas físicas que adquieran un bien inmueble, comprobar el costo de adquisición de la operación comercial para efectos de su deducción y acreditamiento. Para ello, se impone al Notario Público ante quien se realiza la operación, que expida el comprobante fiscal digital, observando los lineamientos del complemento que al efecto publique el Servicio de Administración Tributaria en la página web de dicho órgano desconcentrado.

En esta línea, no se advierte, en mi opinión, que la regla general provoque incertidumbre jurídica a los gobernados, en tanto que si bien no contiene un link para enlazar la disposición al sitio electrónico donde se encuentra la información; tal circunstancia no se traduce en un dato incierto pues basta con acudir a la página oficial del organismo para acceder a los requisitos contenidos en ese complemento, los cuales consisten por cierto, en datos pertinentes vinculados con las características del inmueble que se adquiera.

De ahí que la simple remisión que hace la porción normativa impugnada a la página del SAT es un elemento indicador suficiente para que el fedatario público esté en condiciones de cumplir con la obligación subsidiaria establecida en la disposición impugnada.

Por otro lado, para el contribuyente lejos de constituir una carga, confiere una facilidad administrativa, en virtud de que ante el propio notario ante quien se realiza la operación, podrá adquirir el comprobante fiscal digital, motivado, como ya lo señalé, por fines de control y en aras de salvaguardar los principios de veracidad y demostrabilidad que rigen las deducciones y/o, en su caso, el acreditamiento de la contribución, tomando como base el costo de adquisición del inmueble.

Finalmente, tampoco estimo que exista quebranto al principio de publicidad de la normas, en virtud de que basta con que se haya cumplido con la publicación de la regla miscelánea, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves dieciséis de octubre de dos mil catorce, a fin de que surtiera los efectos legales correspondientes.

Por las razones expuestas, me aparto del sentido de la ejecutoria, en tanto que con base en lo que he expresado, considero que debió confirmarse la sentencia recurrida y negar el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa.
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